Crónica de un Final Anunciado: La Caída del Proyecto de Gas en el Muelle de Las Palmas
La noticia que muchos esperaban, y por la que tantos han luchado, es por fin una realidad. La Consejería de Transición Ecológica ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa para el proyecto de Totisa en el muelle de Las Palmas. Este no es un simple «no» administrativo; es la constatación de que la salud pública y la coherencia climática deben prevalecer sobre intereses que nos anclan al pasado.
El rechazo al proyecto de gas en Las Palmas pone fin a más de seis años de un pulso desigual, donde la lógica ciudadana se ha enfrentado a un gigante que, desde el principio, nació con pies de barro.
Un Proyecto Incompatible con el Futuro (y el Presente)
Recordemos el punto de partida. En 2019, la Autoridad Portuaria de Las Palmas dio luz verde a la tramitación de una concesión para una planta regasificadora acompañada de una central de generación eléctrica de 70 MW. Se vendió como una infraestructura «innovadora» para el bunkering (suministro a buques) de Gas Natural Licuado (GNL).
Lo que no se destacó con tanto énfasis es que se pretendía instalar una nueva central de combustible fósil en el corazón de una zona urbana densamente poblada, como si la calidad del aire de la ciudad no estuviera ya lo suficientemente comprometida.
En plena emergencia climática, con Canarias obligada por ley a descarbonizarse, la idea de instalar nueva potencia fósil es, sencillamente, un contrasentido. El gas no es una energía de transición; es el penúltimo eslabón de la cadena fósil que debemos romper. Apostar por él es hipotecar nuestro futuro renovable y alargar una dependencia que nos cuesta cara, tanto en lo económico como en lo ambiental.
El Giro de la Administración: Un Despertar Forzado
Lo más sangrante de este proceso ha sido el errático baile de las administraciones. Aquello que en 2019 recibió el apoyo portuario, comenzó a tambalearse no por una epifanía ecológica interna, sino por la contundencia de dos factores: la ciencia y la gente.
El primer gran golpe de realidad llegó en 2021. La Dirección General de Salud Pública emitió un informe demoledor que señalaba deficiencias técnicas en el estudio de impacto y, más importante, advertía de los riesgos evidentes para la salud de los núcleos cercanos. Este informe no era una opinión; era una advertencia sanitaria de primer orden.
Aun así, la maquinaria siguió. Fue necesaria la presión social para que, en octubre de 2022, la Comisión Autonómica de Impacto Ambiental diera el siguiente paso lógico: obligar al proyecto a someterse a una evaluación ambiental ordinaria completa, admitiendo que existían «posibles efectos adversos significativos».
Es legítimo preguntarse: ¿Por qué un proyecto de 70 MW junto a barrios como La Isleta no fue a evaluación ordinaria desde el minuto uno? ¿Por qué tuvo que ser Salud Pública quien levantara la alfombra?
Este cambio de parecer, que culminó con el rechazo también del Ayuntamiento y el Cabildo, no fue una muestra de liderazgo, sino una rectificación obligada ante la evidencia científica y el clamor popular.
La Victoria de David contra Goliat: La Ciudadanía Organizada
No nos equivoquemos: este proyecto no ha caído por su propio peso. Ha sido derribado.
La verdadera medalla de esta victoria pertenece a las plataformas vecinales y los colectivos ciudadanos que, con una perseverancia admirable, se negaron a aceptar que su salud fuera el precio a pagar por un supuesto progreso. Ellos fueron los que estudiaron los documentos, los que salieron a la calle y los que pusieron el foco mediático sobre un proyecto que avanzaba en silencio.
Su lucha tenaz consiguió sumar apoyos institucionales y alcanzó una visibilidad internacional con la llegada del barco de Greenpeace, un símbolo poderoso que situó el muelle de Las Palmas en el mapa de las grandes batallas ecologistas.
El Desenlace: La Razón Técnica Confirma la Razón Social
La DIA negativa emitida por la Consejería de Transición Ecológica en octubre de 2025 es la culminación de este esfuerzo. Las conclusiones son inequívocas y confirman lo que se denunciaba desde 2019: el proyecto supone un «riesgo inaceptable para la salud pública» y agravaría la contaminación en una zona urbana «ya saturada».
El informe final reconoce que el margen para cumplir los límites legales de contaminación era mínimo, validando así los temores sobre la dispersión de contaminantes hacia los barrios.
Hoy, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria respira, literalmente, un poco más tranquila. La renuncia definitiva de la empresa promotora cierra un capítulo oscuro. Pero esta victoria no debe llevarnos a la complacencia, sino a la reflexión: la transición energética de Canarias será renovable, justa y con la gente, o no será. La batalla del muelle ha demostrado que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar menos.
