Como técnicos eléctricos con una trayectoria dilatada y centrada en los sistemas aislados de Canarias, hemos analizado con gran interés el rechazo del Real Decreto-ley 7/2025, conocido como «decreto antiapagones».
Es una situación de una enorme complejidad técnica y política, cuyas ondas expansivas, aunque generadas en la Península, llegan sin duda a nuestras costas. Las implicaciones para archipiélagos como el nuestro, con sistemas eléctricos aislados y frágiles, son particulares y merecen un análisis sosegado.
El ‘No’ al Decreto Antiapagones: Una Sacudida en la Península con Eco en Canarias
Como profesionales dedicados a la ingeniería y operación de los sistemas eléctricos canarios, contemplamos con una mezcla de análisis técnico y preocupación el reciente rechazo en el Congreso de los Diputados al Real Decreto-ley «antiapagones». Aunque la normativa buscaba resolver problemas de la red peninsular, surgidos a raíz del gran apagón del 28 de abril, su bloqueo tiene un eco particular y magnificado en nuestros frágiles y aislados sistemas insulares.
Desde nuestra perspectiva, no se trata solo de un debate político; es una cuestión que toca el núcleo de nuestra seguridad de suministro, nuestro camino hacia la descarbonización y la competitividad de nuestra economía.
El Autoconsumo: Un Revés a la Soberanía Energética Ciudadana
Uno de los golpes más duros para Canarias es, sin duda, el freno a la expansión del autoconsumo colectivo. La propuesta de ampliar el radio de acción de 2 a 5 kilómetros y crear la figura del gestor de autoconsumo no es una mejora menor para nosotros; es una herramienta estratégica.
En un territorio fragmentado como el nuestro, con núcleos urbanos, polígonos industriales y zonas agrícolas a menudo contiguos pero administrativamente separados, esos 3 kilómetros adicionales de radio son la diferencia entre un proyecto viable y uno imposible. Esta medida era fundamental para que las comunidades energéticas y cooperativas solares, tan necesarias para democratizar la energía, pudieran florecer y compartir recursos de manera eficiente, algo que ya se contemplaba en el espíritu del Real Decreto 244/20191111, que sentó las bases para estas modalidades. Bloquearlo supone un revés directo a la ciudadanía y a la transición energética descentralizada que tanto necesitamos.
La Incertidumbre, un Freno para las Renovables y el Almacenamiento
El texto base señala un riesgo de hasta 200.000 millones de euros en inversiones a nivel nacional. En Canarias, esta incertidumbre regulatoria impacta en un punto crítico. Nuestra dependencia de los combustibles fósiles es una condena económica y ambiental. Cada proyecto eólico o fotovoltaico que se paraliza no solo frena la descarbonización, sino que nos mantiene atados a la importación de combustibles, con la volatilidad de precios que ello conlleva.
Más grave aún es el freno al impulso del almacenamiento energético. En sistemas aislados como los nuestros, la integración masiva de renovables no es viable sin sistemas de almacenamiento robustos que puedan gestionar la intermitencia y garantizar la estabilidad. La falta de un marco que fomente estas tecnologías nos deja en una situación de vulnerabilidad técnica, dificultando el cumplimiento de los estrictos criterios de seguridad que se nos exigen.
Estabilidad de Red y Seguridad de Suministro: Un Margen que no Tenemos
El decreto rechazado incluía medidas clave como informes trimestrales de la CNMC sobre el control de tensión y la planificación de mejoras en la red. Para el sistema peninsular, estas son mejoras de robustez. Para nosotros, son vitales. Un sistema eléctrico insular opera con «inercia» mucho menor; la pérdida de un solo grupo de generación importante puede provocar un colapso en cascada si no se dispone de reservas y mecanismos de control extremadamente rápidos.
La falta de un impulso decidido a la modernización de la red y de herramientas de supervisión nos obliga a seguir operando con márgenes de seguridad muy ajustados. Cualquier evento, como una avería en una central o una línea principal, tiene consecuencias mucho más directas y difíciles de gestionar que en un sistema mallado y de gran tamaño.
Costes Industriales y Precio de la Luz: El Doble Impacto de la Insularidad
El decreto contemplaba ayudas directas a la industria electrointensiva, como la exención del 80% en los peajes eléctricos. Si bien el tejido industrial canario no es comparable al de otras regiones peninsulares, nuestras empresas ya soportan sobrecostes logísticos y energéticos considerables. Perder estas ayudas supone un lastre más para su competitividad.
Asimismo, la advertencia de un posible aumento en el precio de la luz a nivel nacional debe ponernos en alerta máxima. Históricamente, los sobrecostes de la generación en los territorios no peninsulares se han visto amplificados. Un incremento en el precio base de la energía, sin las medidas de contención y fomento renovable que han quedado bloqueadas, podría tener un impacto sensible en la factura final de hogares y empresas canarias.
Conclusión: Una Vía Canaria para la Transición Energética
El contexto político que ha llevado al rechazo de esta norma evidencia la dificultad de alcanzar consensos nacionales que atiendan a realidades energéticas tan diversas como las que existen en España. Desde Canarias, no podemos permitirnos ser rehenes de esta parálisis.
Es imperativo que, desde el Gobierno de Canarias, en diálogo constante con el Ministerio para la Transición Ecológica, se impulsen soluciones adaptadas y urgentes para el archipiélago. Quizás sea el momento de plantear un «Decreto de Transición Energética para Canarias» que, reconociendo nuestras singularidades, acelere el autoconsumo, blinde las inversiones en renovables y almacenamiento, y nos dote de las herramientas necesarias para garantizar una red segura, limpia y a un precio justo. La seguridad y el futuro energético de las islas no pueden esperar.
