Comunidades energéticas en Canarias: mucho nombre y poca comunidad
A 3 de agosto de 2026, las comunidades energéticas en Canarias viven una contradicción evidente. Se habla mucho de participación ciudadana, soberanía energética y democratización del sistema. Sin embargo, cuando se revisan los proyectos y las instalaciones realmente operativas, el avance resulta bastante más modesto que el discurso.
No se trata de desacreditar una herramienta valiosa. Las comunidades energéticas pueden acercar las renovables a la ciudadanía, reducir facturas y repartir beneficios dentro del territorio. Precisamente por eso debemos proteger su significado.
No todo autoconsumo colectivo es una comunidad energética, aunque resulte más atractivo presentarlo así.
Comunidades energéticas en Canarias: dos proyectos no cuentan toda la historia
El Ministerio para la Transición Ecológica informó en mayo de 2026 de que el programa estatal CE Implementa había apoyado 262 comunidades energéticas.
Cataluña acumulaba 72 proyectos, Castilla y León 40 y Andalucía 34. Canarias aparecía con solo dos iniciativas beneficiarias después de seis convocatorias.
La comparación resulta incómoda, pero exige una precisión. Ese dato no significa que en Canarias existan únicamente dos comunidades energéticas. Significa que solo dos proyectos canarios fueron beneficiarios del programa CE Implementa.
El Gobierno autonómico concedió en 2025 2,3 millones de euros a 31 propuestas. Además, la convocatoria FEDER de 2026 reservó un millón de euros para comunidades energéticas.
Por tanto, el problema no es la ausencia absoluta de iniciativas. Es la distancia entre proyectos anunciados, expedientes subvencionados, entidades constituidas e instalaciones que comparten energía de manera estable.
Ya analizamos esta diferencia al estudiar las ayudas renovables en Canarias. Una resolución administrativa no produce electricidad. Tampoco garantiza participación ciudadana, buena gobernanza o continuidad económica.
Qué convierte un proyecto en comunidad energética
La normativa europea y española no define una comunidad energética como un simple conjunto de paneles solares compartidos.
La Directiva europea de energías renovables la concibe como una entidad jurídica autónoma, basada en la participación abierta y voluntaria. Su control efectivo debe permanecer en manos de ciudadanos, pequeñas empresas o administraciones locales.
Su finalidad principal tampoco puede ser maximizar beneficios financieros. Debe aportar ventajas ambientales, económicas o sociales a sus miembros y al territorio donde desarrolla su actividad. Estos principios fueron incorporados al ordenamiento español mediante el Real Decreto-ley 23/2020.
El IDAE explica en las bases de CE Implementa que debe existir una persona jurídica controlada por sus miembros. La participación ha de ser abierta y voluntaria. Además, las instalaciones deben estar vinculadas a esa organización colectiva.
No es un detalle menor. En las seis convocatorias estatales, todos los beneficiarios fueron cooperativas o asociaciones. No hubo sociedades anónimas ni limitadas entre las 262 entidades apoyadas.
El autoconsumo colectivo es otra figura.
El Real Decreto 244/2019 permite que varios consumidores se asocien a una instalación próxima y repartan su producción mediante coeficientes acordados. Puede incorporar baterías, compensar excedentes y generar ahorros importantes.
Es una solución magnífica. Pero no necesita, por sí sola, una organización abierta al barrio ni una gobernanza energética democrática.
Como explicamos al revisar la regulación eléctrica canaria, autoconsumo colectivo y comunidad energética pueden relacionarse. Sin embargo, no son conceptos equivalentes.
La Oliva: autoconsumos compartidos presentados como comunidades energéticas
El Ayuntamiento de La Oliva anunció el 27 de julio las denominadas “dos primeras comunidades energéticas de Fuerteventura”.
Las actuaciones se encuentran en Estrella del Atlántico, en El Cotillo, y Serenada, en Corralejo.
Según la información difundida, ambas instalaciones combinan placas fotovoltaicas y baterías. El proyecto de El Cotillo abastece a 17 vecinos. El de Corralejo alcanza a 85 propiedades, las zonas comunes y una farmacia próxima.
El ahorro conjunto estimado asciende a unos 35.000 euros anuales.
Son actuaciones positivas. Aprovechar cubiertas, compartir generación y añadir almacenamiento es mucho mejor que comprar toda la electricidad a un sistema todavía dominado por combustibles fósiles.
Además, la reciente ampliación hasta cinco kilómetros de la distancia permitida para determinadas configuraciones de autoconsumo colectivo facilita este tipo de proyectos. La medida está recogida en el Real Decreto-ley 7/2026.
Ahora bien, la propia información difundida sobre La Oliva describe las actuaciones como autoconsumo colectivo con almacenamiento.
Comunidad de propietarios
Habla de comunidades de propietarios, consumidores asociados y reparto de electricidad. También señala que Estrella del Atlántico servirá como experiencia demostrativa para otras comunidades de propietarios interesadas en ese modelo.
En la documentación pública consultada no se identifica una entidad jurídica específica y autónoma constituida como comunidad energética.
Tampoco se han localizado sus estatutos, estructura de gobierno, derechos de voto, reglas de entrada y salida o mecanismos de participación abierta. No consta, al menos públicamente, cómo podrían incorporarse nuevos miembros ajenos a las comunidades de propietarios.
Por tanto, con la información disponible a 3 de agosto de 2026, la denominación técnicamente prudente es clara: dos instalaciones de autoconsumo colectivo con almacenamiento.
Pueden ser buenas, útiles y replicables. Pero llamarlas comunidades energéticas no convierte automáticamente a dos comunidades de propietarios en organizaciones energéticas abiertas y autónomas.
Esta valoración podría cambiar si el Ayuntamiento publica estatutos, convenios o reglas de gobernanza que acrediten el cumplimiento de los requisitos. Hasta entonces, la etiqueta parece ir por delante de la realidad documentada.
No es una discusión semántica
Las palabras importan porque detrás de ellas existen derechos y responsabilidades.
En un autoconsumo compartido, el objetivo suele ser repartir la producción entre consumidores previamente identificados. En una comunidad energética debe existir, además, una organización que decide, incorpora miembros y administra beneficios colectivos.
La diferencia afecta a la transparencia, al acceso de hogares vulnerables y al destino de los excedentes. También determina si la iniciativa puede crecer o prestar servicios de eficiencia, movilidad y gestión de demanda.
Confundir las figuras permite presentar como participación ciudadana lo que quizá sea únicamente una instalación privada compartida entre propietarios.
Canarias necesita comunidades, no solo instalaciones
Canarias reúne buenas condiciones para desarrollar comunidades energéticas. Tenemos sol, cubiertas hoteleras, polígonos, instalaciones públicas y barrios con consumos próximos. También sufrimos una elevada dependencia de combustibles importados.
Pero una comunidad energética no nace colocando placas.
Necesita acompañamiento jurídico, ingeniería, financiación y capacidad administrativa. También requiere confianza entre personas que deberán tomar decisiones juntas durante años.
Sería razonable crear un registro público canario que diferenciara varias fases: iniciativa anunciada, entidad constituida, financiación obtenida, instalación ejecutada y energía realmente compartida.
Así evitaríamos contar como éxito lo que todavía es una intención.
También hacen falta modelos de estatutos, contratos y gobernanza adaptados a comunidades vecinales, municipios y pequeñas empresas. Los ayuntamientos pequeños difícilmente pueden resolver solos un entramado jurídico, fiscal y eléctrico tan complejo.
La futura empresa pública energética canaria podría asumir una función útil en este terreno. Podría prestar apoyo técnico, agrupar contrataciones y ayudar a los municipios que carecen de personal especializado.
La red también forma parte de la comunidad
El impulso ciudadano no elimina las leyes físicas del sistema eléctrico.
Las instalaciones siguen dependiendo de redes de distribución capaces de admitir flujos bidireccionales, controlar tensiones y medir correctamente la energía.
Como explicamos en la red de distribución, el cuello de botella de Canarias, no se puede pedir a la población que comparta electricidad mientras la infraestructura avanza con retraso.
También es necesario medir correctamente la producción. Parte de la generación distribuida queda fuera de algunas estadísticas, como analizamos en Autoconsumo invisible.
Tampoco debemos caer en el espejismo del autoconsumo.
Las cubiertas solares son necesarias. Sin embargo, no sustituyen las redes, el almacenamiento sistémico, la generación renovable conectada al sistema ni los servicios que mantienen frecuencia y tensión.
Las verdaderas comunidades energéticas pueden adaptar consumos a las horas solares, gestionar baterías y reducir puntas. También pueden combatir la pobreza energética y generar una cultura colectiva del uso responsable de la electricidad.
Su valor no consiste en aislarse de la red. Consiste en relacionarse con ella de manera más activa, justa e inteligente.
Una oportunidad que no debemos desgastar
Canarias necesita más autoconsumo colectivo. También necesita más comunidades energéticas.
Ambas figuras son compatibles y útiles, pero no son equivalentes.
Los proyectos de La Oliva merecen reconocimiento por instalar renovables en espacios construidos y repartir sus beneficios. La crítica no se dirige contra las instalaciones.
Se dirige contra la costumbre de engrandecerlas mediante una denominación que la información pública todavía no demuestra.
Una transición energética seria comienza llamando a cada cosa por su nombre. Después habrá que medir energía, ahorro, participación, estabilidad económica y beneficio social.
Cuando una comunidad de propietarios comparte electricidad, debemos celebrarlo como autoconsumo colectivo. Cuando, además, crea una entidad abierta, autónoma y democrática, podremos hablar con propiedad de comunidad energética.
Canarias no necesita etiquetas más verdes. Necesita proyectos honestos, bien gobernados y capaces de durar.
¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
alvaro.medina@canarias-sostenible.es
