ZAR de Lanzarote: volver a empezar, pero hacerlo bien
La ZAR de Lanzarote va camino de empezar de nuevo. El Cabildo ha anunciado que el Gobierno de Canarias dejará sin efecto la documentación publicada, retirará los mapas de los visores y abrirá otro proceso. La decisión parece razonable, pero obliga a preguntar cómo se llegó hasta aquí y qué garantías tendrá la nueva planificación.
No estamos ante una discusión menor. Lanzarote necesita avanzar hacia las energías renovables y proteger un territorio frágil, valioso y limitado. Ambas obligaciones son compatibles, pero solo con datos sólidos, transparencia y rigor técnico.
Un protocolo presentado como ejemplo de planificación
El 22 de julio de 2025, el Gobierno de Canarias y el Cabildo firmaron el primer protocolo insular para desarrollar estas zonas. La resolución fue publicada después en el Boletín Oficial de Canarias.
El anuncio institucional habló de rigor, consenso, seguridad jurídica y protección ambiental. La propuesta incluía una bolsa de 3.163,89 hectáreas, equivalente al 3,75 % de la isla. Según el Gobierno, la ocupación real necesaria para alcanzar los objetivos energéticos sería cercana al 0,23 %.
Sin embargo, la documentación contenía mapas que después fueron cuestionados. La propia Viceconsejería reconoció la existencia de cuatro planos incorrectos. Gobierno y Cabildo habían firmado una documentación cartográfica sin detectar esos errores.
En marzo de 2026, ambas administraciones anunciaron una revisión para corregir los fallos y reforzar las garantías ambientales. En abril se reunió la comisión de seguimiento. Para mayo, el Gobierno todavía hablaba de perfeccionar el acuerdo. Ahora se anuncia algo más drástico: abandonar lo anterior y comenzar de nuevo.
La ZAR de Lanzarote no puede borrarse sin más
Conviene precisar el alcance jurídico de la expresión «borrón y cuenta nueva». Lo publicado en un boletín oficial no desaparece del archivo histórico. Para dejarlo sin efecto será necesario aprobar otro acto administrativo y publicarlo con garantías.
El protocolo establece que su modificación o resolución debe acordarse de mutuo acuerdo. También exige formalizar la decisión mediante una adenda. Por tanto, no bastará con retirar una capa del visor cartográfico o anunciar una decisión política.
Además, el documento de 2025 no aprobó definitivamente las zonas. Era un marco de colaboración y una propuesta preliminar. La delimitación final quedaba condicionada al procedimiento administrativo posterior y a la normativa aplicable.
Este matiz es importante. No se está anulando un decreto que autorizase automáticamente proyectos renovables. Se pretende desmontar una propuesta oficial con relevancia territorial, política y económica.
Hasta que el Gobierno publique el nuevo acuerdo, la situación jurídica no habrá cambiado por completo. El anuncio marca una dirección, pero el acto administrativo determinará sus efectos.
Un error que afecta a la confianza pública
Los errores pueden ocurrir. Lo grave es que afecten a una documentación tan sensible y que nadie los detecte antes de su firma y publicación.
Estas zonas pretenden reducir incertidumbres. Deben indicar dónde resulta más razonable implantar renovables y dónde no. Si los mapas nacen cuestionados, la herramienta pierde aquello que debía aportar: confianza, previsibilidad y seguridad jurídica.
También queda dañada la credibilidad institucional. En julio de 2025 se presentó el acuerdo como fruto de una planificación rigurosa. Meses después hubo que reconocer errores, abrir una revisión y anunciar el reinicio completo.
La nueva ZAR de Lanzarote tendrá que explicar qué falló. No para prolongar una batalla política, sino para impedir que vuelva a ocurrir. La ciudadanía merece conocer qué mapas se firmaron y qué controles fallaron.
Empezar de nuevo puede ser una oportunidad
La retirada de la propuesta anterior no debe interpretarse como una victoria contra las renovables. Lanzarote sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. Retrasar indefinidamente la transición también produce impactos ambientales, económicos y sociales.
El reinicio puede servir para construir una planificación mejor. Debe priorizar cubiertas, aparcamientos, espacios industriales, infraestructuras existentes y suelos degradados. Sin embargo, tampoco conviene afirmar que las cubiertas resolverán por sí solas toda la descarbonización.
La generación distribuida es imprescindible, pero no suficiente. El sistema Lanzarote-Fuerteventura necesita generación renovable conectada a red, almacenamiento, capacidad de evacuación, servicios de ajuste y una operación preparada para gestionar más recursos electrónicos.
Como ya analizamos en ZAR Lanzarote: el error de planificar solo con megavatios, no basta con señalar terrenos disponibles. Hay que demostrar la utilidad energética real de cada zona y su compatibilidad con el conjunto del sistema.
La ZAR de Lanzarote debe mirar también a Fuerteventura
Lanzarote y Fuerteventura forman un único sistema eléctrico. Comparten generación, demanda, reservas, restricciones y capacidad de transporte a través de las interconexiones submarinas.
Por eso, una ordenación insular aislada sería incompleta. La nueva potencia instalada en una isla influye en la otra. También condiciona los flujos, el respaldo necesario y los posibles vertidos renovables.
La nueva planificación debe partir de escenarios horarios. Ha de analizar demanda, recurso eólico y solar, almacenamiento, respuesta de la demanda, redes, estabilidad, reservas operativas y recuperación tras incidentes.
No basta con fijar cuántos megavatios necesita cada isla en 2030. Hay que decidir qué tecnologías aportan más valor, dónde deben situarse y qué infraestructuras permiten integrarlas con seguridad.
Titularidad pública, participación y retorno local
El Cabildo ha avanzado que la nueva propuesta priorizará terrenos públicos y proyectos vinculados al ciclo integral del agua. También ha defendido un papel destacado para la iniciativa pública insular.
La orientación puede ser positiva. El abastecimiento, la desalación y la depuración consumen mucha electricidad. Vincularlos con generación renovable y almacenamiento puede reducir costes y emisiones.
No obstante, la titularidad pública no convierte automáticamente un proyecto en adecuado. Cada instalación debe justificar su emplazamiento, conexión, rendimiento, impactos y aportación al sistema eléctrico.
La participación local no debe empezar cuando los mapas estén terminados. Ayuntamientos, colegios profesionales, organizaciones ambientales, sector primario, empresas, comunidades energéticas y ciudadanía deben intervenir antes de cerrar la propuesta.
Qué debe exigirse al nuevo proceso
La nueva ZAR de Lanzarote necesitará una memoria técnica completa, mapas verificables y criterios públicos. También deberá comparar alternativas y explicar por qué se selecciona cada área.
Será necesario conocer la potencia admisible, las tecnologías previstas, la proximidad a la red, las limitaciones ambientales, las servidumbres y la compatibilidad agrícola. También deberá estudiarse el efecto acumulativo de los proyectos.
El visor de IDECanarias todavía mostraba las áreas de Lanzarote y La Graciosa cuando se conoció el anuncio. Su retirada será una primera señal. La garantía real llegará con la publicación formal del acuerdo y del procedimiento sustitutorio.
Volver a empezar no puede significar volver a improvisar
Dejar sin efecto una planificación defectuosa es mejor que mantenerla por orgullo institucional. Rectificar puede ser un acto de responsabilidad, pero solo tendrá valor si conduce a un proceso más sólido.
Lanzarote no debe elegir entre proteger su paisaje y abandonar los combustibles fósiles. Debe hacer ambas cosas. Para conseguirlo necesita una transición exigente, bien diseñada y socialmente justa.
La ZAR de Lanzarote puede convertirse todavía en una buena herramienta. Para ello deberá nacer de una visión energética integral, no de una simple superposición de capas sobre un mapa.
Volver a empezar puede ser necesario. Volver a improvisar sería imperdonable.
