Bombeos de Canarias: el riesgo de depender de una sola empresa
Los bombeos de Canarias son una pieza decisiva para abandonar la dependencia del petróleo. Sin almacenamiento de gran escala, las islas seguirán desperdiciando energía renovable, manteniendo grupos térmicos encendidos y pagando una factura ambiental y económica que ya no podemos permitirnos.
La reciente reforma legislativa reconoce esa realidad. Pero también abre una cuestión incómoda: ¿es prudente dejar la titularidad de todos los bombeos canarios en manos de una sola empresa, aunque sea Red Eléctrica de España?
La respuesta no debería ser ideológica. Debe ser técnica, económica y estratégica.
Porque Canarias necesita bombeos. Los necesita con urgencia. Pero también necesita evitar que una infraestructura imprescindible para su descarbonización dependa del ritmo financiero, la capacidad ejecutiva y las prioridades corporativas de un único operador.
Los bombeos de Canarias ya no son una opción
El Real Decreto-ley 18/2026, publicado el 30 de junio y en vigor desde el 1 de julio, modifica la Ley 17/2013 para establecer que la titularidad de las instalaciones de bombeo en Canarias debe corresponder al operador del sistema. Hoy, esa función recae en Red Eléctrica de España. En Baleares, Ceuta, Melilla y otros supuestos, la titularidad puede adjudicarse mediante concurrencia competitiva. Canarias recibe, por tanto, un tratamiento singular. (BOE)
Conviene hacer una precisión importante. La disposición adicional vigesimocuarta del mismo decreto-ley se refiere a baterías para reserva rodante en sistemas aislados. La reserva de titularidad de los bombeos se introduce, en realidad, mediante el artículo 1 de la norma, al modificar el artículo 5 de la Ley 17/2013. (BOE)
La finalidad declarada es correcta. El bombeo en un sistema aislado no puede considerarse una central convencional dedicada a comprar barato y vender caro. Su función principal es aportar seguridad, regulación, reservas, capacidad de respuesta ante incidencias e integración de renovables no gestionables.
En este sentido, que REE tenga el control operativo resulta lógico. Nadie debería decidir unilateralmente cuándo se bombea, cuándo se turbina o qué reserva se mantiene disponible. Esas decisiones afectan a la frecuencia, la tensión, la estabilidad y la seguridad de todo el sistema insular.
El problema aparece cuando se confunden dos cuestiones distintas: el control técnico del bombeo y la concentración absoluta de su propiedad, financiación y ejecución.
El bombeo de Güímar cambia la escala del debate
La futura central hidroeléctrica reversible de Güímar ilustra perfectamente la magnitud del asunto. El proyecto planteado para Tenerife contempla 200 MW de potencia y 3.200 MWh de capacidad de almacenamiento, con una inversión anunciada superior a los 1.000 millones de euros. Su función sería reforzar el sistema Tenerife-La Gomera, facilitar una mayor penetración renovable y reducir la generación térmica convencional. (Ministerio de Transición Ecológica)
No estamos hablando de una actuación secundaria. Es una infraestructura equivalente a cerca de dos tercios de la inversión media anual que Redeia prevé destinar al conjunto de Red Eléctrica entre 2026 y 2029.
El plan estratégico de la compañía contempla una inversión total de 6.500 millones de euros durante ese periodo. De ellos, 6.000 millones se dirigen al negocio de transporte y operación nacional, con una media anual de 1.500 millones. (redeia.com)
La comparación no significa que Güímar deba financiarse íntegramente en un solo ejercicio. Sería absurdo plantearlo así. Pero sí permite entender la dimensión relativa del proyecto.
Un bombeo de más de 1.000 millones absorberá recursos financieros, capacidad de ingeniería, licitación, dirección de obra, tramitación ambiental y atención corporativa durante muchos años. Y eso ocurre al mismo tiempo que REE debe ejecutar nuevas líneas, subestaciones, interconexiones, refuerzos para renovables, renovaciones de activos envejecidos y actuaciones de seguridad en todo el territorio nacional.
REE tiene fortaleza, pero no recursos infinitos
Red Eléctrica cuenta con una posición sólida y con una capacidad inversora relevante. Durante 2025, Redeia invirtió 1.626,2 millones de euros. Su deuda financiera neta cerró ese ejercicio en 5.474,2 millones. En el primer trimestre de 2026, la inversión ascendió a 350,2 millones y la deuda neta aumentó hasta 5.569,4 millones. (redeia.com)
La inversión vinculada a la gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales alcanzó 338,4 millones de euros en ese trimestre. De esa cifra, 20 millones se destinaron al almacenamiento en Canarias. (redeia.com)
Son cifras relevantes. Pero muestran también que la transición canaria compite dentro de un enorme programa inversor estatal.
REE no es un organismo presupuestario al que se le asignan automáticamente los fondos que precisa cada territorio. Es una empresa cotizada, con deuda, dividendos, exigencias regulatorias y objetivos de rentabilidad. Su negocio principal se basa en invertir en activos reconocidos regulatoriamente y recuperar esa inversión mediante retribuciones futuras.
Ese modelo puede ser razonable. Pero no puede convertirse en la única garantía del futuro energético de Canarias.
El precedente de Chira demuestra que la financiación importa
El Salto de Chira ofrece una lección útil. La Orden TED/1243/2022 estableció un régimen retributivo específico para la central reversible de Gran Canaria, titularidad del operador del sistema.
La retribución incluye inversión, amortización, retribución financiera, operación y mantenimiento, incentivo por almacenamiento y retribución durante la fase de construcción. El valor provisional de inversión reconocido inicialmente fue de 588,95 millones de euros. (BOE)
Además, la norma establece que su retribución se integra como extracoste de la producción eléctrica en territorios no peninsulares, con cargo al sistema de liquidaciones correspondiente. (BOE)
Esto demuestra que el problema no es solo quién figura como titular. La cuestión decisiva es quién adelanta los recursos, qué inversión se reconoce, qué riesgos se trasladan al sistema y en qué plazos se recupera el dinero.
Güímar necesitará un marco económico específico, transparente y sometido a control público. No basta con declarar que el bombeo será de REE. Hay que garantizar que disponga de financiación, calendario y prioridad real.
El riesgo de crear un cuello de botella
La reforma evita que los bombeos estratégicos queden subordinados a intereses especulativos. Esa es su principal virtud.
Sin embargo, concentra demasiadas responsabilidades en un único actor: propiedad, financiación, construcción, operación y recuperación económica.
El riesgo no es que REE no quiera desarrollar los bombeos. Una instalación reconocida regulatoriamente amplía su base de activos y genera retribución futura. El riesgo es que Canarias dependa de una única capacidad financiera y ejecutiva.
Puede producirse un cuello de botella por tres vías.
Primero, por prioridades. Un bombeo canario deberá competir con numerosos proyectos peninsulares, interconexiones internacionales, nuevas demandas industriales y refuerzos de red.
Segundo, por capacidad de ejecución. El dinero no basta. Hay que tramitar, diseñar, licitar, construir, conectar y operar. Si todos los bombeos dependen de una sola estructura, cualquier retraso se multiplica.
Tercero, por financiación. Canarias necesita desplegar bombeos, baterías, compensadores síncronos, redes internas reforzadas y nuevas renovables. Dejar cada gran inversión exclusivamente en el balance de una empresa supone asumir un riesgo innecesario.
REE debe operar, pero Canarias no puede quedar sola
La solución no pasa por quitar a REE el mando técnico. Al contrario. El operador del sistema debe conservar el control de la explotación, la programación, los servicios de ajuste y las condiciones de seguridad.
Pero la financiación debe contar con respaldo público específico. Los grandes bombeos canarios requieren instrumentos estables: aportaciones estatales, fondos europeos, participación institucional, calendarios vinculantes y mecanismos de seguimiento público.
La titularidad puede permanecer en el operador del sistema. Sin embargo, el esfuerzo económico no debería descansar únicamente sobre su balance, su deuda y sus prioridades empresariales.
Canarias no puede esperar diez o quince años a que cada proyecto encuentre encaje dentro de un programa inversor nacional que ya es extraordinariamente exigente.
El bombeo es demasiado importante para tratarlo como un activo más.
La transición energética canaria necesita un modelo donde REE opere con autoridad técnica, pero donde el Estado y Canarias asuman también una responsabilidad financiera y política directa. Porque no se trata solo de construir centrales reversibles. Se trata de decidir quién garantiza que lleguen a tiempo.
