Planta de emergencia: falsa seguridad fósil para Tenerife
La planta de emergencia proyectada en Los Realejos se presenta como una respuesta rápida frente a apagones, ceros eléctricos y riesgos de cobertura en Tenerife. Sobre el papel, la palabra “emergencia” suena tranquilizadora. En la práctica, conviene mirar con más calma qué se está poniendo sobre la mesa: ocho motores de gas, 14,8 MW de potencia, depósitos de propano, trasiego de cisternas y una nueva dependencia fósil en pleno debate sobre la transición energética.
El proyecto sometido a información pública se denomina “Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW-Planta Tigaiga (Los Realejos)”. El anuncio oficial recoge un presupuesto de ejecución material de 23.385.942,20 euros, ocho motores-generadores de ciclo Otto y dos depósitos cilíndricos de propano de 200 m³ cada uno, además de una esfera de propano de 1.000 m³ situada en Granadilla.
La pregunta de fondo no es menor. ¿Sirve realmente esta instalación para resolver las vulnerabilidades estructurales del sistema eléctrico de Tenerife? Nuestra opinión técnica es clara: no de manera suficiente, no de manera limpia y no de manera coherente con la transición energética que Canarias necesita.
Planta de emergencia: lo urgente no siempre es lo correcto
Una planta de este tipo puede aportar potencia en una situación concreta. Eso no debe negarse. Si un sistema eléctrico tiene problemas de cobertura, cualquier megavatio gestionable puede parecer útil. Pero confundir una ayuda puntual con una solución estructural es un error serio.
Tenerife no tiene solo un problema de potencia disponible en momentos críticos. Tiene también retos de red, estabilidad, reservas, control de tensión, almacenamiento, integración renovable y capacidad de recuperación tras incidentes severos. Una planta de 14,8 MW conectada en el entorno de Los Realejos puede aliviar una parte muy localizada del problema, pero no convierte por sí sola al sistema insular en más robusto frente a un cero general.
El propio proyecto afirma que la planta está pensada para operar automáticamente ante fallos del suministro de la red principal y para funcionar en situaciones de emergencia. También señala que el combustible será propano. Esa formulación es reveladora. No estamos ante una infraestructura de transformación del sistema. Estamos ante una respuesta fósil, reactiva y dependiente de combustible transportado.
Una red vulnerable no se cura colocando más motores en puntos aislados. Se refuerza con planificación, mallado, almacenamiento, control dinámico, generación renovable gestionada, equipos grid-forming, bombeo, baterías estratégicas y procedimientos sólidos de reposición del servicio.
El espejismo de combatir los ceros con motores fósiles
Un cero eléctrico no es simplemente “falta de megavatios”. Puede venir de una perturbación de red, una pérdida brusca de generación, un problema de frecuencia, una caída de tensión, una desconexión en cascada o una insuficiente capacidad de respuesta del sistema.
En ese contexto, instalar motores de emergencia no garantiza evitar el colapso. Para prevenir apagones graves hace falta actuar antes de que el sistema pierda estabilidad. Una planta que entra en funcionamiento por fallo del suministro puede ayudar después, pero no necesariamente evita el origen del problema.
Además, 14,8 MW son una potencia modesta para una isla como Tenerife. Puede ser relevante en un área concreta o en un episodio limitado. Pero no representa una respuesta de sistema ante vulnerabilidades profundas. Es una muleta, no una columna vertebral.
El riesgo es político y técnico. Se transmite a la ciudadanía la sensación de que se está resolviendo el problema de fondo. Y mientras tanto se retrasa lo importante: almacenamiento, renovables firmes, refuerzo de red, automatismos, capacidad de arranque autónomo y gestión avanzada de la demanda.
Propano, cisternas y riesgo para el entorno
El proyecto no habla de una pequeña instalación inocua. Habla de una planta industrial con almacenamiento de propano, cargadero de cisternas, motogeneradores, vaporizadores, sistemas de regulación y conexión eléctrica.
La documentación técnica describe el suministro de propano mediante cisternas, un descargadero propio y dos depósitos de 200 m³ en la planta. También recoge que el almacenamiento se alimentará desde Granadilla.
Esto añade un riesgo que no debe minimizarse. No solo existe el riesgo propio de una instalación con combustible gaseoso licuado. También aparece el riesgo asociado al transporte periódico por carretera, con cubas circulando entre Granadilla y Los Realejos. Ese trasiego afecta a vías, zonas industriales, áreas próximas a viviendas y población circulante.
La propia documentación contra incendios clasifica el área de cargadero con riesgo intrínseco alto, nivel 8, con una densidad de carga de fuego ponderada y corregida de 32.116,4 MJ/m². No es una opinión alarmista. Es un dato del proyecto.
Que una instalación cumpla reglamentos de seguridad no significa que desaparezca el riesgo. Significa que se gestiona dentro de unos límites normativos. Pero la decisión pública debe ir más allá del cumplimiento mínimo. Debe preguntarse si tiene sentido introducir ese riesgo cuando existen alternativas más limpias, más modernas y mejor alineadas con la transición energética.
Menos emisiones que fuel no significa energía limpia
El proyecto afirma que la combustión del propano reduciría un 35% las emisiones actuales frente a grupos que emplean fuel y gasoil, y que los equipos serían un 22% más eficientes. También indica que podrían consumir biopropano o hasta un 75% de hidrógeno.
Ese argumento merece una lectura crítica. Reducir emisiones respecto al fuel no convierte al propano en una solución limpia. Lo hace menos malo, no bueno. Sigue siendo un combustible fósil. Emitiendo gases de efecto invernadero. Sigue dependiendo de suministro exterior. Y sigue consolidando infraestructuras que nos atan a una lógica energética del pasado.
La referencia al biopropano o al hidrógeno suena atractiva, pero en el proyecto aparece como posibilidad tecnológica, no como garantía real de suministro renovable. No basta con decir que un motor “podría” quemar otro combustible. Hay que demostrar que ese combustible existirá, será renovable, estará disponible, tendrá coste razonable y contará con una logística segura.
Mientras tanto, lo que se autoriza es una planta de propano. Y eso conviene decirlo sin adornos.
El IPCC ha señalado que las actividades humanas, principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, han causado de forma inequívoca el calentamiento global. (IPCC) En Canarias, seguir invirtiendo dinero público o regulatorio en más combustión fósil no es una anécdota. Es una decisión con consecuencias.
Una solución cara, exterior y caduca
El presupuesto de ejecución material supera los 23 millones de euros. Para una instalación que se presenta como temporal, la cifra exige una reflexión serena. ¿Cuánto almacenamiento útil podría haberse impulsado? ¿Qué refuerzos de red podrían haberse priorizado? ¿Qué automatismos, baterías o sistemas de control avanzado podrían haberse acelerado?
Canarias lleva demasiado tiempo atrapada en una respuesta conocida: cuando hay tensión en el sistema, se instalan más grupos térmicos. Cambia el combustible, cambia la ubicación, cambia el envoltorio administrativo, pero el patrón se repite.
Ese patrón tiene tres problemas. Es caro, porque los sistemas no peninsulares ya soportan sobrecostes elevados. Es dependiente, porque el combustible llega de fuera. Y es ambientalmente regresivo, porque mantiene el eje del suministro en la combustión.
Red Eléctrica recuerda que Canarias está formada por sistemas eléctricos pequeños y aislados, con operación propia por islas o sistemas insulares. (Red Eléctrica) Esa condición exige más inteligencia técnica, no más inercia fósil. Precisamente por ser sistemas vulnerables, las islas deberían ser laboratorio de soluciones modernas, no refugio de tecnologías de emergencia contaminantes.
Lo que deberían pedir las alegaciones
Las alegaciones públicas no deberían limitarse a una oposición genérica. Deben exigir respuestas concretas. La administración tiene que justificar por qué esta planta es la mejor opción frente a alternativas renovables y de almacenamiento.
También debería aclararse cuál es su vida útil real, qué condiciones de desmantelamiento tendrá, cuántas cubas circularán, por qué rutas, con qué frecuencia y bajo qué planes de emergencia. No basta con describir depósitos, válvulas y sistemas contra incendios. La población cercana tiene derecho a conocer el riesgo completo.
Resulta imprescindible exigir una evaluación rigurosa de la afección ambiental, acústica, atmosférica y logística. La documentación cita normativa ambiental, calidad del aire, ruido y emisiones industriales. Pero citar normas no equivale a demostrar que el proyecto sea ambientalmente aceptable ni socialmente prudente.
Una alegación seria debería plantear, al menos, estas cuestiones:
- Justificación técnica detallada de por qué 14,8 MW reducen de forma significativa el riesgo de cero eléctrico en Tenerife.
- Evaluación de alternativas con baterías, almacenamiento renovable, gestión de demanda y refuerzos de red.
- Plan de transporte de propano, rutas de cubas, frecuencia prevista y escenarios de accidente.
- Evaluación independiente del riesgo para población cercana y población circulante.
- Condiciones de funcionamiento, horas máximas anuales y límites estrictos de emisiones.
- Compromiso verificable de desmantelamiento si desaparece la emergencia que se invoca.
- Análisis de compatibilidad con la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética.
No es seguridad: es aplazar la transición
La seguridad del suministro importa. Mucho. En una isla, un apagón no es una molestia menor. Afecta a hospitales, desalación, comunicaciones, movilidad, comercios, hogares y servicios esenciales. Por eso mismo, la respuesta debe estar a la altura.
Una planta de emergencia basada en propano puede ofrecer una sensación inmediata de control. Pero esa sensación tiene un coste. Mete más combustible fósil en el sistema, añade riesgos industriales y logísticos, ocupa suelo, genera emisiones y refuerza la idea de que Canarias puede seguir comprando tiempo con más combustión.
Ese tiempo ya se ha agotado. La transición energética no puede seguir esperando a que cada emergencia justifique otro parche fósil. Canarias necesita capacidad firme, sí. Necesita respaldo, por supuesto. Pero ese respaldo debe construirse con almacenamiento, renovables gestionadas, redes más inteligentes y planificación valiente.
El debate no es entre apagones o renovables. Esa es una trampa demasiado simple. El debate real es entre seguir pagando vulnerabilidades con combustibles importados o construir un sistema eléctrico más limpio, más autónomo y más resistente.
Conclusión: alegar también es defender el futuro
Presentar alegaciones contra esta planta no significa despreocuparse de la seguridad eléctrica. Significa tomársela en serio. Significa decir que Tenerife merece algo mejor que una respuesta cara, contaminante y técnicamente limitada.
La planta de emergencia de Los Realejos puede parecer una solución rápida. Pero una isla no se protege de verdad acumulando motores fósiles. Se protege reduciendo dependencias, reforzando la red, almacenando energía renovable y preparando el sistema para operar con inteligencia en situaciones críticas.
Canarias necesita menos parches y más transición real. Porque la electricidad parece invisible hasta que falla. Y precisamente por eso no podemos permitir que la urgencia nos devuelva al pasado.
