Empresa pública energética: la promesa canaria que sigue esperando

Una empresa pública energética no se anuncia todos los días. Menos aún en Canarias, donde cada megavatio renovable que no se instala acaba dejando más espacio al combustible fósil, a la dependencia exterior y a una factura ambiental que ya no admite maquillaje. Por eso, cuando en 2024 se planteó la creación de una Empresa Pública Canaria de la Energía, la idea tenía sentido estratégico. No porque lo público sea bueno por definición, sino porque la transición energética necesita instrumentos capaces de ejecutar, coordinar y corregir fallos que el mercado no está resolviendo con la velocidad necesaria.

Dos años después, la situación es menos cómoda. La modificación de la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética fue aprobada. Ahora se tramita incluso una nueva reforma. Sin embargo, la empresa pública anunciada sigue sin aparecer como una herramienta real, con estatutos, funciones, calendario, presupuesto y modelo de gobernanza. Y cuando una promesa estratégica se queda flotando durante demasiado tiempo, empieza a parecer más un recurso discursivo que una decisión de gobierno.

Empresa pública energética: del anuncio al silencio administrativo

El problema no está en que el Gobierno quiera analizar bien la viabilidad de una empresa pública energética. Eso es razonable. Crear una sociedad pública exige rigor jurídico, solvencia económica, control presupuestario y una definición muy precisa de sus funciones. Nadie debería defender un nuevo ente público como si bastara con ponerle un nombre atractivo y una misión verde para justificar su existencia.

La cuestión es otra. Si en 2024 se presentó como una herramienta necesaria para acelerar la transición energética, resulta legítimo preguntar qué ha pasado desde entonces. Qué estudios se han hecho. Qué alternativas se han evaluado. Los modelo que se está barajando. Qué encaje tendría con el Instituto Tecnológico de Canarias, con los cabildos, con los ayuntamientos, con las comunidades energéticas y con los agentes del sistema eléctrico.

La respuesta oficial conocida apunta a una idea correcta: antes de crear una empresa pública hay que saber qué problema resuelve, qué valor añade y cómo se garantiza su sostenibilidad. Pero esa prudencia no debería convertirse en una coartada para la parálisis. En política energética, pensar bien es imprescindible. Pensar eternamente, no.

Canarias no necesita otra sigla: necesita capacidad de ejecución

Canarias no necesita una empresa pública para engordar organigramas. Tampoco necesita una comercializadora simbólica que acabe atrapada entre trámites, limitaciones presupuestarias y falta de músculo técnico. Si se crea, debe servir para algo muy concreto: acelerar proyectos renovables públicos, reducir dependencia fósil y facilitar que las administraciones canarias dejen de ser simples consumidoras de electricidad para convertirse también en actoras de la transición.

Hay mucho trabajo por hacer. Edificios públicos con cubiertas sin aprovechar. Instalaciones municipales con consumos relevantes. Depuradoras, desaladoras, centros educativos, hospitales, estaciones de bombeo y equipamientos deportivos que podrían integrar autoconsumo, almacenamiento y gestión inteligente de la demanda. En un archipiélago aislado, con sistemas eléctricos frágiles y caros, cada instalación bien diseñada cuenta.

Una sociedad pública bien planteada podría agrupar proyectos, contratar asistencia técnica, ordenar inversiones, participar en instalaciones estratégicas y ayudar a los municipios pequeños que no tienen estructura técnica suficiente. Esa sería una utilidad real. No competir por competir, sino actuar donde el sistema falla.

Qué debería hacer una empresa pública energética

Una empresa pública energética canaria tendría sentido si asumiera funciones que hoy están dispersas o directamente desatendidas. La primera sería impulsar autoconsumo renovable en patrimonio público, con criterios homogéneos y planificación insular. No basta con colocar placas donde sea fácil. Hay que priorizar consumos, analizar curvas de carga, estudiar almacenamiento, revisar límites de conexión y evitar inversiones vistosas pero pobres en rendimiento.

La segunda función debería ser acompañar a cabildos y ayuntamientos. Muchos municipios quieren avanzar, pero no siempre disponen de ingeniería, músculo administrativo o capacidad de contratación. Una entidad pública autonómica podría actuar como medio técnico especializado, siempre con transparencia y sin invadir competencias locales.

La tercera sería participar en proyectos renovables y de almacenamiento con interés público claro. No para sustituir al sector privado, sino para asegurar que una parte del valor generado por el sol, el viento y el territorio se quede en Canarias. La transición energética no puede reducirse a cambiar fuel por megavatios privados. También debe democratizar beneficios, reforzar resiliencia y proteger a los consumidores vulnerables.

Qué no debería ser

Conviene decirlo con claridad. Una empresa pública energética mal diseñada puede ser un problema. Si nace sin objeto preciso, sin profesionales adecuados, sin control independiente y sin evaluación de resultados, acabará siendo otra promesa inflada. Y Canarias no está para eso.

Tampoco debería convertirse en una excusa para aplazar decisiones urgentes. La creación de una sociedad pública no sustituye la planificación de red, el almacenamiento, la gestión de demanda, la simplificación administrativa bien hecha ni la protección ambiental seria. La transición energética exige muchas piezas a la vez. Una empresa pública puede ser una pieza útil, pero no el tablero entero.

Más delicado aún sería utilizarla como escaparate político. Lo público merece respeto. Precisamente por eso debe gestionarse con indicadores, auditoría, rendición de cuentas y objetivos medibles: megavatios instalados, energía renovable producida, ahorro en edificios públicos, reducción de emisiones, apoyo a municipios, proyectos de pobreza energética y participación ciudadana efectiva.

La paradoja canaria: mucha urgencia y poca herramienta

Canarias vive una paradoja difícil de explicar. Se habla de emergencia energética, de acelerar renovables, de reducir emisiones y de cumplir objetivos climáticos. Pero cuando aparece una herramienta que podría ayudar a ordenar parte de ese camino, la respuesta se enfría en informes, análisis y prudencias administrativas.

La prudencia es necesaria. La lentitud estructural, no. Mientras se decide si la empresa pública energética es viable, los sistemas eléctricos insulares siguen dependiendo de generación fósil. Las renovables avanzan, sí, pero no al ritmo que exige la emergencia climática ni al que necesita un territorio vulnerable como el nuestro.

Aquí hay una cuestión de fondo. La transición energética no se gana solo con leyes. Se gana con capacidades. Con equipos técnicos. Con proyectos maduros. Financiación. Con gobernanza. Con planificación eléctrica. Aceptación social. Con inteligencia territorial. Una ley sin instrumentos acaba siendo una declaración de intenciones. Y Canarias ya ha tenido demasiadas declaraciones de intenciones.

Utilidad real, sí; excusas, no

El Gobierno acierta cuando dice que cualquier empresa pública debe demostrar utilidad real. Esa frase debería tomarse en serio. Pero tomársela en serio implica publicar un análisis claro, fijar un calendario de decisión y explicar a la ciudadanía si se va a crear, si se descarta o si se sustituye por otro instrumento mejor.

Lo que no parece aceptable es mantener la idea en una zona gris. Ni nace, ni muere, ni se transforma. En política energética, la ambigüedad tiene coste. Lo pagan las administraciones que no avanzan, las familias que soportan precios altos, las islas que siguen quemando combustibles fósiles y el clima que no espera a que terminemos los informes.

Canarias necesita una transición energética ordenada, rigurosa y socialmente justa. Si una empresa pública energética ayuda a conseguirlo, hay que ponerla en marcha con seriedad. Si no ayuda, hay que decirlo y proponer una alternativa mejor. Lo que no sirve es anunciar herramientas ambiciosas y dejarlas dormir en el cajón de las buenas intenciones.

Conclusión: menos promesas y más arquitectura pública

La energía no es un asunto menor. En Canarias es seguridad, economía, territorio, clima y soberanía. Por eso, cuando se habla de una empresa pública energética, no estamos ante una ocurrencia administrativa. Estamos ante una posible herramienta para recuperar capacidad pública en un sector decisivo.

La pregunta ya no es si suena bien. La pregunta es si el Gobierno de Canarias está dispuesto a construir una arquitectura pública eficaz para acelerar la descarbonización. Con rigor, sí. Con transparencia, también. Pero con voluntad política real.

Porque la transición energética no se hará sola. Y cada año perdido en Canarias tiene olor a combustible quemado.