Agrovoltaica en Canarias: energía sin perder el campo
La agrovoltaica en Canarias puede ayudar a producir electricidad renovable, reducir el consumo de agua y mejorar la viabilidad de algunas explotaciones. Sin embargo, también puede convertirse en una puerta trasera para ocupar suelo agrícola con instalaciones energéticas.
La diferencia entre ambos caminos dependerá de cómo se redacte el futuro reglamento autonómico.
El Gobierno de Canarias constituyó en marzo de 2026 la Mesa de la Agrovoltaica. En ella participan administraciones, organizaciones agrarias, entidades energéticas, centros de investigación y representantes municipales. Su principal cometido será colaborar en la elaboración del Reglamento de Regulación de las Explotaciones Agrovoltaicas.
La iniciativa merece una valoración positiva. Canarias necesita más energía renovable y también necesita proteger su escaso suelo agrícola. Pero para compatibilizar ambas necesidades no bastan las buenas intenciones.
Hace falta una norma precisa, exigente y difícil de eludir.
Qué es realmente la agrovoltaica
Una instalación agrovoltaica combina la producción agrícola con la generación solar fotovoltaica dentro de una misma superficie.
Los paneles pueden instalarse sobre estructuras elevadas, entre las líneas de cultivo o mediante sistemas móviles. Su disposición debe permitir que la explotación agraria continúe funcionando con normalidad.
Por tanto, no toda planta solar situada en una finca puede considerarse agrovoltaica.
La diferencia esencial es muy sencilla: la agricultura debe seguir siendo la actividad principal. La generación eléctrica debe complementar esa actividad, no sustituirla.
El propio Gobierno de Canarias ha señalado que el reglamento pretende garantizar la protección del suelo agrario. También sostiene que la actividad agrícola deberá conservar su carácter principal.
Ese principio debe ocupar el centro de la futura regulación.
Agrovoltaica en Canarias: una oportunidad razonable
El modelo puede ofrecer ventajas especialmente interesantes para territorios insulares.
Canarias dispone de mucho sol, poco suelo y una elevada dependencia energética exterior. Al mismo tiempo, su agricultura soporta costes crecientes de agua, electricidad, fertilizantes y transporte.
Una instalación agrovoltaica en Canarias bien diseñada puede suministrar energía para sistemas de riego, desalación, bombeo, refrigeración o acondicionamiento de productos agrícolas. También puede reducir la exposición de la explotación a la volatilidad de los precios eléctricos.
El sombreado parcial puede proteger determinados cultivos frente al exceso de radiación. Además, puede disminuir la evaporación y reducir las necesidades de agua. El IDAE reconoce que esta tecnología puede modular la radiación solar y rebajar los requerimientos hídricos, algo especialmente relevante en territorios con escasez de lluvias.
Pero estas ventajas no son automáticas.
Cada cultivo responde de manera distinta a la sombra, la humedad, la temperatura y la ventilación. Lo que puede beneficiar a una plantación puede resultar perjudicial para otra.
Por eso, la agrovoltaica debe desarrollarse desde el conocimiento agronómico y no únicamente desde el cálculo energético.
Dos experiencias que conviene observar
El Gobierno autonómico ha visitado recientemente dos proyectos en Gran Canaria que sirven como referencia para el futuro reglamento.
El primero es la planta El Vivero, situada en Agüimes. La instalación, construida sobre una estructura semejante a un invernadero, mantiene la actividad agrícola y viverística. Cuenta con una potencia de 490 kWp y una producción anual estimada de 780,33 MWh.
El segundo proyecto se desarrolla en la finca La Rosita, en Gáldar. La instalación tendrá 440 kW y estará formada por 1.743 módulos elevados sobre una plantación de plataneras. Su producción prevista alcanza los 745 MWh anuales.
La electricidad cubrirá aproximadamente el 30 % del consumo de una desaladora de aguas salobres. Esta instalación abastece tanto a la propia finca como a otras explotaciones cercanas.
Este segundo ejemplo resulta especialmente interesante. Combina agricultura, energía renovable y producción de agua para riego. Es una solución coherente con los problemas reales del campo canario.
Sin embargo, dos experiencias prometedoras no bastan para demostrar que cualquier proyecto agrovoltaico será positivo. La regulación debe prepararse también para los casos menos ejemplares.
El principal riesgo: la agricultura como coartada
El valor del suelo puede aumentar de forma considerable cuando se destina a la generación eléctrica.
Esta diferencia económica puede impulsar proyectos donde la producción agraria quede reducida a una presencia testimonial. Bastaría mantener algunos cultivos dispersos para presentar una planta solar como instalación agrovoltaica.
Ese escenario debe evitarse.
Canarias no puede permitir que una etiqueta innovadora facilite la transformación encubierta de suelo productivo en suelo energético. Menos aún cuando el archipiélago importa la mayor parte de los alimentos que consume.
La soberanía energética es importante, pero no puede construirse debilitando la soberanía alimentaria.
La futura norma debe definir con claridad qué porcentaje de la superficie continuará dedicado al cultivo. También debe establecer unos niveles mínimos de producción agrícola.
No debería bastar con acreditar que existen plantas bajo los paneles. Habría que demostrar que la actividad agraria es real, económicamente viable y mantenida en el tiempo.
Qué debería exigir el reglamento
La actividad agrícola debe ser prioritaria
El proyecto debe partir de las necesidades de la explotación y no de la máxima cantidad de paneles que pueda instalarse.
La potencia fotovoltaica, la altura de las estructuras y la separación entre módulos deben adaptarse al cultivo. También deben permitir el paso de personas, maquinaria y sistemas de riego.
Seguimiento agronómico obligatorio
Cada proyecto debería contar con una parcela de referencia sin paneles. De esta forma se podría comparar la producción agrícola, el consumo de agua y el estado del suelo.
El programa estatal RENOINN ya exige sensores, parcelas testigo y memorias anuales durante cinco años en numerosos proyectos subvencionados. El objetivo es conocer con datos reales cómo afecta la instalación fotovoltaica a la explotación.
Canarias debería incorporar una exigencia semejante.
Reversibilidad y garantías económicas
Las instalaciones deben desmontarse al final de su vida útil.
El reglamento tendría que exigir una garantía económica suficiente para retirar paneles, estructuras, cableado y cimentaciones. También debería obligar a restaurar el suelo.
Sin esa garantía, el coste futuro podría recaer sobre el propietario de la finca o sobre la Administración.
Protección del agricultor
Cuando el promotor energético no sea el titular de la explotación, debe existir un contrato equilibrado y transparente.
El agricultor necesita garantías de acceso a la finca, continuidad de su actividad y participación justa en los beneficios. También debe quedar protegido frente a la resolución anticipada del contrato o frente a cambios en la propiedad del proyecto.
Las ayudas estatales ya exigen un acuerdo entre el promotor y el agricultor cuando no son la misma persona.
El reglamento canario debería ir más lejos y establecer un contenido mínimo obligatorio.
Integración eléctrica útil
No toda generación fotovoltaica aporta el mismo valor al sistema.
En Canarias, la nueva potencia renovable debe considerar la capacidad de la red, las restricciones técnicas y las horas en las que se produce la energía. Instalar más paneles sin almacenamiento o sin consumo próximo puede aumentar los vertidos renovables.
Por ello, deberían priorizarse los proyectos asociados al autoconsumo agrícola, al bombeo, a la desalación o a sistemas de almacenamiento.
La energía generada en el campo debe servir, en primer lugar, para fortalecer el propio campo.
Una regulación que no enfrente energía y agricultura
La transición energética necesita territorio. La agricultura también.
En unas islas limitadas y densamente ocupadas, ese conflicto no puede resolverse eligiendo siempre el uso más rentable a corto plazo. Debe resolverse mediante planificación, conocimiento técnico y protección del interés general.
La agrovoltaica ofrece una posibilidad valiosa: producir alimentos y electricidad renovable en una misma superficie. La Unión Europea la considera una fórmula capaz de reducir la competencia por el espacio cuando se mantienen ambos usos de manera efectiva.
Pero compartir físicamente una finca no garantiza que exista un equilibrio.
El futuro reglamento será útil si protege al agricultor, mantiene la productividad y exige resultados verificables. Fracasará si se limita a simplificar la implantación de plantas solares en suelo agrario.
Canarias no necesita elegir entre el campo y las energías renovables. Necesita proyectos capaces de cuidar ambos.
En Canarias Sostenible hemos defendido muchas veces que la transición energética no consiste únicamente en instalar megavatios. También implica decidir dónde se instalan, para qué sirven y qué beneficios dejan en el territorio.
La agrovoltaica puede formar parte de esa transición. Pero solo tendrá sentido si, cuando miremos bajo los paneles, seguimos encontrando agricultura de verdad.
