Proyectos energéticos canarios: ¿quién los revisa antes del BOC?
Los proyectos energéticos canarios que se someten a información pública deberían llegar a ese momento con un grado razonable de coherencia y madurez. No significa que todo tenga que estar definitivamente resuelto. Tampoco que la Administración deba rehacer el trabajo del proyectista. Pero después de revisar con detalle tres expedientes recientes y muy diferentes, empieza a surgir una pregunta incómoda: ¿quién comprueba la calidad mínima de esa documentación antes de ponerla delante de los ciudadanos?
La pregunta importa. Y mucho.
Durante los últimos meses hemos analizado una planta fotovoltaica, una central de emergencia alimentada con propano y un sistema de almacenamiento mediante baterías. Son tecnologías diferentes, promovidas por empresas diferentes y situadas en lugares distintos.
Sin embargo, aparecen problemas que comienzan a parecerse demasiado.
Tres proyectos energéticos canarios, una misma preocupación
El primer caso fue la planta fotovoltaica Llanos de los Bebederos I.
Nuestra auditoría técnica terminó identificando 11 no conformidades y 16 requerimientos de aclaración. Veinte de los 27 asuntos quedaron abiertos tras la primera revisión.
Había discrepancias en potencias de transformadores, longitudes de líneas, características de cables, pérdidas y otros parámetros del diseño. También aparecieron cuestiones que necesitaban mayor justificación en protecciones, calidad de onda y control de planta.
Uno de los casos era especialmente ilustrativo. La configuración prevista de los módulos llevaba la tensión calculada del string prácticamente hasta el límite máximo admisible del sistema.
No estamos diciendo que la instalación fuese inviable. Estamos diciendo algo diferente: un proyecto sometido a información pública debería permitir comprobar estas cuestiones sin tener que reconstruir parte de la ingeniería.
Segundo caso
El segundo caso fue mucho más complejo.
En la auditoría de la planta de emergencia de Los Realejos analizamos un expediente de 1.268 páginas. La revisión generó más de doscientas observaciones, posteriormente agrupadas en unos sesenta hallazgos técnicos y documentales.
Allí aparecieron preguntas sobre la respuesta eléctrica de la instalación, el combustible, las emisiones, el ruido, la geotecnia, el drenaje y la seguridad industrial.
Especial atención merece el almacenamiento previsto de unas 171 toneladas de propano cerca de población. Esa circunstancia no demuestra por sí misma que exista un riesgo inaceptable. Sí exige que ese riesgo esté calculado, modelizado y explicado con enorme claridad.
Tercer caso
Y ahora tenemos un tercer caso.
El 26 de agosto de 2026, el Boletín Oficial de Canarias sometió a información pública el proyecto BESS Tacoronte I, con 10,4 MW de potencia instalada y 42,864 MWh de almacenamiento. El anuncio oficial atribuye además al sistema una autonomía de seis horas.
Aquí aparece un ejemplo magnífico de por qué resulta necesario revisar los documentos.
Si dividimos 42,864 MWh entre 10,4 MW obtenemos unas 4,12 horas a potencia nominal, no seis. Podría existir una explicación técnica. Quizá las seis horas se refieran a otra potencia de descarga.
Pero precisamente esa explicación debería estar clara.
No corresponde al ciudadano adivinarla.
Información pública no significa proyecto aprobado
Aquí conviene introducir una cautela jurídica importante.
Que un proyecto aparezca en el BOC no significa que haya sido autorizado definitivamente. Mucho menos que la Administración certifique como correctos todos sus cálculos.
El trámite de información pública existe precisamente para que personas, administraciones y colectivos puedan examinar el expediente y formular observaciones.
La propia Ley 39/2015 establece ese mecanismo y reconoce, además, el derecho de quienes presentan alegaciones a recibir una respuesta razonada.
En Canarias, el Decreto 141/2009 regula específicamente estos procedimientos. Su artículo 7 exige que la solicitud vaya acompañada de un documento técnico de diseño con la información necesaria para su evaluación. El artículo 10 regula posteriormente la información pública durante treinta días.
Por tanto, información pública y autorización son cosas diferentes.
Pero de ahí no se desprende que cualquier documentación deba considerarse suficientemente madura para ser publicada.
La responsabilidad del proyectista es evidente
Un proyecto de ingeniería tiene autor.
El técnico que lo firma debe garantizar su coherencia. Las modificaciones deben trasladarse al conjunto de documentos afectados. Las memorias tienen que coincidir con los planos. Las potencias deben concordar con los equipos seleccionados.
También deben hacerlo las tensiones, las secciones, las capacidades y las hipótesis utilizadas en los cálculos.
Esto forma parte del oficio.
Los proyectos energéticos canarios evolucionan. Cambian equipos, trazados, fabricantes o soluciones constructivas. Es completamente normal.
El problema aparece cuando diferentes versiones quedan mezcladas dentro del mismo expediente y el lector tiene que descubrir cuál es la válida.
Un proyecto no puede convertirse en un puzle técnico.
Pero la Administración tampoco debería limitarse a publicar
Aquí aparece la parte más delicada de esta reflexión.
La Administración no tiene por qué repetir todos los cálculos del proyectista. Sería absurdo exigir una segunda ingeniería completa antes de iniciar cada expediente.
Pero entre rehacer un proyecto y limitarse a recibirlo existe un espacio enorme.
Puede comprobarse, por ejemplo, que las magnitudes fundamentales sean coherentes. Que estén los documentos esenciales. Que las versiones coincidan. Además que las cuestiones determinantes no hayan sido relegadas sistemáticamente a estudios futuros.
Puede verificarse también que aquello que se presenta como una solución esté suficientemente demostrado.
La propia sede electrónica del Gobierno de Canarias exige, para determinados procedimientos de autorización, proyecto técnico, documentación ambiental cuando corresponda y otros documentos justificativos.
Por eso debemos preguntarnos cuál es el control de calidad documental previo a la exposición pública.
No conocemos desde fuera los recursos humanos disponibles, las cargas de trabajo ni los procedimientos internos de la Dirección General de Energía. Sería irresponsable atribuir las deficiencias a falta de diligencia sin conocerlos.
Quizá exista un problema de medios.
Quizá los procedimientos hayan quedado desbordados por la cantidad de proyectos renovables y de almacenamiento.
O quizá convenga revisar los propios protocolos.
Son hipótesis que merecen investigarse.
Treinta días frente a cientos o miles de páginas
Existe además una evidente asimetría.
El promotor dispone de proyectistas, consultoras, especialistas ambientales y meses de preparación. La Administración tiene sus técnicos.
Al otro lado está el ciudadano.
Puede encontrarse de pronto ante cientos o incluso más de mil páginas y disponer únicamente del periodo de información pública para comprenderlas y formular alegaciones.
El proyecto BESS Tacoronte I publicado esta misma semana en el BOC concede treinta días para examinarlas y alegar. Es exactamente lo previsto por la regulación canaria.
La participación pública será poco efectiva si una parte importante de ese tiempo tiene que dedicarse a descubrir contradicciones internas que podrían haberse eliminado antes.
Y esto afecta a algo más profundo que cualquier cálculo eléctrico.
Afecta a la confianza en las instituciones.
La transición energética también necesita buena ingeniería
Desde Canarias Sostenible defendemos una transición rápida hacia las energías renovables, el almacenamiento y unos sistemas eléctricos insulares mucho menos dependientes de los combustibles fósiles.
Precisamente por eso debemos ser exigentes.
La urgencia climática no justifica proyectos peor documentados. Debería producir exactamente el efecto contrario.
Vamos a transformar profundamente nuestras redes, nuestros territorios y nuestras infraestructuras. Habrá fotovoltaica, eólica, baterías, nuevas subestaciones, líneas y sistemas avanzados de control.
Ya hemos explicado por qué, en sistemas aislados, incluso conocer si un BESS dispone realmente de capacidades grid-forming resulta fundamental.
Necesitamos muchos proyectos.
Pero necesitamos buenos proyectos.
Tres expedientes no permiten afirmar que exista un problema generalizado en Canarias. Sería intelectualmente incorrecto hacerlo.
Sí permiten detectar una señal.
Tres tecnologías diferentes han mostrado suficientes incoherencias, cuestiones abiertas o elementos necesitados de mayor justificación como para plantear una pregunta legítima.
¿Deberíamos establecer un verdadero control mínimo de calidad documental antes de que un proyecto energético sea sometido a información pública?
Creo que sí.
No para dificultar la transición energética, sino precisamente para protegerla. Porque una transición construida sobre proyectos sólidos será más rápida, tendrá menos conflictos y generará mayor confianza social.
Y esa confianza, una vez perdida, resulta mucho más difícil de recuperar que cualquier expediente administrativo.
¿Tú qué opinas? ¿Debería la Administración realizar una revisión técnica mínima antes de someter estos proyectos a información pública? Te leo en los comentarios.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
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