Bombeo hidroeléctrico y Real Decreto 738/2015: la pieza que sostiene la transición

Hay normas que se leen como simples textos administrativos. Y hay normas que, si se miran con calma, dejan ver una idea de fondo mucho más profunda. El bombeo hidroeléctrico en el Real Decreto 738/2015 pertenece claramente a este segundo grupo.

No estamos ante una tecnología más colocada en una lista. Tampoco ante una ocurrencia regulatoria. En los sistemas eléctricos aislados, especialmente en Canarias, las centrales hidroeléctricas reversibles aparecen como una pieza estructural para algo muy concreto: garantizar el suministro, reforzar la seguridad del sistema e integrar más energías renovables no gestionables.

Esa es la clave. Y conviene decirlo desde el principio, porque muchas veces el debate público se queda en la superficie. Se habla de renovables como si bastara con instalar megavatios. De almacenamiento como si fuera un accesorio. Se habla de baterías, bombeos o hidrógeno como si todas las soluciones sirvieran para lo mismo.

Pero un sistema eléctrico aislado no admite lecturas tan simples. Una isla no puede “importar equilibrio” desde un gran sistema vecino. No tiene detrás una red continental capaz de amortiguar sus errores. La frecuencia, la tensión, las reservas, los arranques, la demanda y los fallos se gestionan dentro de un espacio eléctrico mucho más pequeño y vulnerable.

Por eso el Real Decreto 738/2015 es tan relevante. Porque reconoce, con lenguaje jurídico pero con mucha carga técnica, que la transición energética en los sistemas no peninsulares necesita algo más que generación renovable. Necesita sistema.

Qué regula realmente el Real Decreto 738/2015

El Real Decreto 738/2015 regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. Es decir, se ocupa de un ámbito singular: aquellos sistemas que, por su ubicación y aislamiento, no funcionan como el sistema eléctrico peninsular.

La propia norma recuerda que estos territorios requieren una reglamentación específica, precisamente por sus características particulares. En Canarias, esa realidad se traduce en sistemas eléctricos separados: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote-Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

La diferencia no es menor. En la Península, el sistema cuenta con una red mucho más extensa, con interconexiones internacionales y con una gran diversidad de generación repartida en un territorio amplio. En una isla, en cambio, el margen de error es mucho más estrecho.

Por eso el decreto regula el despacho de producción con criterios técnicos y económicos. También define cómo se retribuyen las instalaciones, cómo se calculan los costes, cómo se garantiza la cobertura y cómo se gestionan determinadas tecnologías necesarias para mantener el suministro.

No se trata solo de pagar centrales. Se trata de asegurar que, cada hora del año, la electricidad llegue con calidad y seguridad.

Bombeo hidroeléctrico: una tecnología con papel propio

El preámbulo del Real Decreto 738/2015 es muy claro al hablar de las instalaciones hidroeléctricas de bombeo. Las define como elementos fundamentales para dotar a los sistemas eléctricos de capacidad de respuesta rápida y segura, facilitar su gestión, mejorar la seguridad de suministro y favorecer la penetración de renovables no gestionables.

Esa frase merece una lectura pausada. La norma no dice simplemente que el bombeo almacene energía. Dice mucho más.

Habla de respuesta rápida. Habla de seguridad. De gestión. Habla de renovables no gestionables. Y, además, vincula esa integración renovable con menor impacto ambiental y reducción de costes en estos sistemas.

Dicho de forma sencilla: el bombeo hidroeléctrico aparece como una bisagra entre dos mundos. Por un lado, el viejo sistema basado en generación fósil gestionable. Por otro, el sistema renovable que necesitamos construir, mucho más limpio, pero también más variable.

La eólica depende del viento. La fotovoltaica depende del sol. Ambas son imprescindibles, pero no obedecen al despacho como lo hace un grupo térmico. El operador del sistema no puede ordenar que sople más viento a las ocho de la tarde, ni que haya sol durante una punta nocturna de demanda.

Ahí entra el almacenamiento. Y, dentro del almacenamiento de gran escala, el bombeo hidroeléctrico reversible tiene una característica esencial: puede absorber energía cuando sobra y devolverla cuando falta.

Bombeo puro en Canarias: una precisión necesaria

En Canarias, cuando hablamos de centrales hidroeléctricas reversibles, hablamos en general de bombeos puros. Es decir, instalaciones cuya lógica no descansa en aprovechar un río o un caudal natural continuo, sino en mover agua entre dos depósitos o embalses situados a distinta cota.

La precisión no es menor, porque ayuda a entender su encaje técnico y jurídico.

La frase adecuada, para evitar simplificaciones, es esta:

“Desde el punto de vista técnico, una central hidroeléctrica reversible de bombeo puro es una instalación hidroeléctrica no fluyente. Pero, cuando su finalidad principal es la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de renovables no gestionables, el Real Decreto 738/2015 la saca del tratamiento ordinario de una instalación de producción categoría A y la regula como un activo singular de operación del sistema.”

Esta distinción es fundamental. El artículo 2 del real decreto incluye dentro de las instalaciones de categoría A los grupos de generación hidroeléctricos no fluyentes, junto a determinadas instalaciones térmicas y otras tecnologías gestionables.

Pero el propio texto legal abre después un tratamiento específico para las instalaciones de bombeo asignadas al operador del sistema. Es decir, no basta con decir que el bombeo es “categoría A” y cerrar ahí el análisis.

Técnicamente puede compartir naturaleza con una hidroeléctrica no fluyente. Jurídicamente, cuando cumple esa función de seguridad e integración renovable, el decreto lo coloca en un espacio distinto.

No es una central más: es operación del sistema

La singularidad aparece con toda claridad en el Título VII del Real Decreto 738/2015. Las instalaciones de bombeo asignadas al operador del sistema son consideradas activos pertenecientes a la actividad de operación del sistema. Además, no se inscriben en el registro administrativo de instalaciones de producción y su producción no queda sometida a peajes de generación.

Esto cambia por completo la mirada.

Una central convencional vende energía. Un bombeo asignado al operador del sistema presta una función más compleja. Su papel no se limita a producir cuando el precio lo aconseje. Su razón de ser está ligada a la seguridad, a la garantía de suministro y a la integración renovable.

El decreto lo refuerza cuando establece que la energía correspondiente a estas instalaciones se integrará como servicio de ajuste por garantía de suministro y seguridad en cada sistema.

Ese punto debería ser central en cualquier debate serio sobre el bombeo en Canarias. No hablamos solo de generar megavatios hora. Hablamos de disponer de una herramienta capaz de ayudar al sistema cuando la generación renovable cae, cuando hay excedentes que absorber, cuando hacen falta reservas o cuando conviene reducir el funcionamiento ineficiente de grupos fósiles.

El matiz es importante. Una instalación de este tipo no debe analizarse solo con la lógica de una central que entra o sale del despacho económico. Debe valorarse por los servicios que presta al conjunto del sistema.

La transición renovable necesita algo más que megavatios

Canarias necesita mucha más generación renovable. Eso no admite demasiada discusión si queremos reducir la dependencia de combustibles fósiles y afrontar con seriedad el cambio climático. Pero instalar renovables no equivale automáticamente a descarbonizar el sistema.

La diferencia puede parecer sutil, pero es enorme.

Una isla puede tener muchos megavatios eólicos y fotovoltaicos instalados y, aun así, seguir necesitando grupos térmicos funcionando durante muchas horas. Puede tener excedentes renovables en determinadas franjas y déficit en otras. Puede verse obligada a limitar producción renovable por razones de seguridad. También puede necesitar generación convencional en marcha para aportar reserva, estabilidad o control del sistema.

Por eso el almacenamiento estructural no es un lujo. Es una necesidad operativa.

El bombeo permite aprovechar mejor la energía renovable cuando aparece en momentos de baja demanda. También puede desplazar generación fósil en horas posteriores. Pero su valor no se agota en esa contabilidad energética.

Aporta gestionabilidad. Ayuda a ordenar la operación. Puede reducir vertidos renovables. Y permite que el sistema acepte más eólica y más fotovoltaica sin comprometer la seguridad.

En una isla, esa diferencia puede marcar la frontera entre una transición renovable real y una simple acumulación de instalaciones limpias que no siempre pueden ser aprovechadas.

El procedimiento no se basa en intuiciones

Otro aspecto valioso del Real Decreto 738/2015 es que no plantea el bombeo como una decisión voluntarista. No basta con afirmar que hace falta una central reversible. La norma exige justificarla.

El artículo 74 establece que, cuando se detecte la necesidad de instalar bombeos en un sistema eléctrico aislado por garantía del suministro, seguridad del sistema o integración de renovables no gestionables, el operador del sistema debe solicitarlo con un informe justificativo. Ese informe debe tener en cuenta la generación existente, las instalaciones de transporte existentes y planificadas, la demanda prevista y diferentes escenarios de implantación renovable.

Después, la CNMC debe analizar la oportunidad de instalar el bombeo desde el punto de vista económico y de afección a los costes del sistema eléctrico. También se solicita informe a la comunidad autónoma afectada.

Esto es muy importante. La regulación no dice: “construyamos bombeos porque suenan bien”. Dice otra cosa: estudiemos el sistema, simulemos escenarios, valoremos costes, analicemos la red, miremos la demanda y comprobemos si la instalación aporta seguridad, integración renovable y eficiencia económica.

Esa es la forma seria de planificar.

Y es también la forma honesta de discutir la transición energética. Ni entusiasmo vacío, ni bloqueo permanente. Ingeniería, datos y responsabilidad.

La metodología del anexo VII.3: calcular antes de prometer

El anexo VII.3 del real decreto refuerza esta visión. Para elaborar el informe sobre necesidad de bombeos, se exige considerar la previsión horaria de demanda, distintas sendas de potencia renovable instalada, escenarios de producción renovable basados en datos históricos, indisponibilidades no programadas de instalaciones gestionables y requerimientos de reserva rodante.

La norma también prevé simulaciones hora a hora de cada día del año, combinando escenarios de generación renovable con series de fallos de instalaciones categoría A. Además, exige especificar el método estadístico utilizado, las variables consideradas y los rangos de valores asignados, para garantizar la repetitividad de los cálculos.

Esto debería estar más presente en el debate público.

Una central hidroeléctrica reversible no se justifica con una frase bonita. Se justifica con simulaciones horarias. Con curvas de demanda. Con producción renovable histórica. Hipótesis de fallo. Con necesidades de reserva. Restricciones de red. Con análisis económico.

Ahí está la diferencia entre planificar y opinar.

Canarias no necesita ocurrencias energéticas. Necesita decisiones valientes, sí, pero apoyadas en cálculo técnico. Y el propio Real Decreto 738/2015 ofrece una base metodológica clara para hacerlo.

Bombeo, costes y dependencia fósil

Hay otro aspecto que no conviene olvidar: el coste.

Los sistemas eléctricos no peninsulares han tenido históricamente costes de generación superiores a los del sistema peninsular. La norma parte de esa realidad y articula mecanismos para evitar que los consumidores de estos territorios paguen una electricidad discriminatoria respecto al resto del Estado.

Pero esa compensación no elimina el problema de fondo. Solo lo reparte.

Mientras Canarias siga dependiendo de combustibles fósiles importados para producir una parte sustancial de su electricidad, seguirá soportando una vulnerabilidad económica, ambiental y estratégica evidente. El combustible cuesta dinero. Las emisiones tienen coste. La logística pesa. Y la dependencia exterior condiciona.

El bombeo no resuelve por sí solo todos esos problemas. Ninguna tecnología lo hace. Pero sí permite que cada megavatio renovable útil tenga más recorrido dentro del sistema.

Cuando hay excedente renovable, el bombeo puede consumir electricidad para elevar agua. Cuando la demanda lo necesita, esa agua se turbina. En términos sencillos, transforma energía renovable variable en energía gestionable.

Esa conversión tiene pérdidas, por supuesto. Ningún almacenamiento devuelve el cien por cien de lo que recibe. Pero la alternativa no siempre es “guardar o no guardar”. Muchas veces la alternativa real es entre almacenar parte de la energía renovable o perderla mediante vertidos, manteniendo además más generación fósil de respaldo.

Vista así, la comparación cambia.

Una lectura canaria del Real Decreto 738/2015

Para Canarias, el mensaje de fondo es claro: la transición energética no puede plantearse como una suma de piezas aisladas.

Eólica, fotovoltaica, autoconsumo, geotermia, almacenamiento, red, gestión de demanda y generación de respaldo forman parte de un mismo tablero. Si se analiza una pieza sin mirar las demás, el diagnóstico sale cojo.

El bombeo hidroeléctrico reversible entra precisamente en ese punto de unión. No sustituye a las renovables. Las hace más aprovechables. No elimina la necesidad de red. La necesita para operar de forma útil. No borra de un plumazo todos los problemas de estabilidad. Pero aporta una herramienta potente para gestionar el sistema con más margen.

Esa es la grandeza y también la dificultad de estas instalaciones. No son simples obras hidráulicas. No son solo infraestructuras eléctricas. Tampoco son únicamente proyectos ambientales o territoriales. Son piezas híbridas, complejas, situadas en la frontera entre energía, agua, territorio, seguridad y clima.

Por eso merecen un debate público más serio.

Rechazar cualquier bombeo por principio es tan pobre como defender cualquier bombeo sin condiciones. Canarias tiene un territorio limitado y valioso. Eso obliga a exigir rigor ambiental, transparencia y buena planificación. Pero también obliga a reconocer que la descarbonización real necesita infraestructuras.

No se puede pedir un sistema eléctrico renovable, seguro y barato, y al mismo tiempo negar todas las piezas que lo hacen posible.

El papel del operador del sistema

El Real Decreto 738/2015 otorga al operador del sistema un papel especialmente relevante. No solo realiza el despacho y coordina la operación. También puede justificar la necesidad de instalaciones de bombeo cuando respondan a la garantía de suministro, la seguridad del sistema o la integración de renovables no gestionables.

Esa función tiene sentido técnico. El operador del sistema es quien ve el comportamiento real del sistema eléctrico. Conoce las restricciones, las reservas, las limitaciones de red, los desvíos, los fallos y la dificultad de encajar cada hora la generación con la demanda.

Ahora bien, ese papel debe ir acompañado de controles. Y la norma los prevé. Intervienen el ministerio competente, la CNMC, las comunidades autónomas y, finalmente, el Consejo de Ministros cuando se trata de declarar instalaciones de titularidad del operador del sistema.

La decisión, por tanto, no queda reducida a una preferencia empresarial o técnica aislada. Debe superar un procedimiento administrativo, económico y regulatorio.

Eso no elimina el debate social. Pero lo sitúa en un terreno más exigente.

Lo que el decreto vio venir

La lectura más interesante del Real Decreto 738/2015 es que ya anticipaba un problema que hoy resulta evidente: cuanto mayor sea la penetración renovable en sistemas aislados, mayor será la necesidad de herramientas de flexibilidad, almacenamiento y operación avanzada.

En 2015, esta idea podía parecer técnica y algo lejana para buena parte de la ciudadanía. Hoy está en el centro de cualquier conversación seria sobre descarbonización.

Porque la transición energética no consiste solo en sustituir centrales fósiles por parques renovables. Consiste en rediseñar la forma en que se mantiene vivo el sistema eléctrico.

Un sistema eléctrico es equilibrio permanente. Cada segundo, cada minuto y cada hora. La electricidad no espera a que el discurso político se ordene. Si falta generación, hay problemas. Si sobra y no puede integrarse, también. Que no hay reservas suficientes, aumenta el riesgo. Si la red no acompaña, aparecen restricciones. Si se electrifica más demanda sin reforzar el sistema, la tensión crece.

Por eso el bombeo hidroeléctrico no es una pieza secundaria. Es una de las respuestas posibles a una pregunta decisiva: cómo hacer que una isla pueda vivir con mucha más energía renovable sin poner en riesgo su seguridad eléctrica.

Conclusión: la transición no se sostiene con eslóganes

El Real Decreto 738/2015 deja una enseñanza incómoda pero necesaria. En Canarias, la transición energética no puede construirse solo con titulares. Necesita planificación, simulaciones, almacenamiento, red, reservas y una operación del sistema capaz de responder ante la variabilidad renovable.

El bombeo hidroeléctrico reversible no es una solución mágica. Ninguna infraestructura lo es. Tiene costes, impactos, exigencias ambientales y complejidades administrativas. Todo eso debe evaluarse con rigor.

Pero tampoco puede tratarse como un capricho. La propia regulación estatal lo identifica como una herramienta fundamental para la seguridad del sistema y para la integración de renovables no gestionables en sistemas eléctricos aislados.

Ahí está el punto de equilibrio que Canarias necesita: ni barra libre de infraestructuras, ni bloqueo cómodo disfrazado de sensibilidad ambiental.

La sostenibilidad real exige mirar el territorio con respeto y el sistema eléctrico con conocimiento. Exige entender que una isla no se descarboniza solo instalando renovables, sino construyendo las condiciones técnicas para que esas renovables puedan sostener la vida diaria de la gente.

La transición energética no se construye negando la complejidad, sino afrontándola con inteligencia, planificación y responsabilidad colectiva. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios.