Renovables y territorio: Tenerife no es un plano vacío

En la primera entrega de esta serie planteamos una pregunta poco habitual: ¿de quién serán las infraestructuras que producirán la energía de Tenerife durante las próximas décadas? Antes de avanzar hacia posibles respuestas necesitamos introducir una segunda cuestión, porque hablar de renovables y territorio obliga a reconocer una realidad que algunas veces se simplifica demasiado: cambiar quién posee una instalación no elimina sus impactos.

Tenerife necesita avanzar mucho más deprisa en su transición energética. Eso significará nuevos parques eólicos y fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento, refuerzos de las redes eléctricas y otras infraestructuras capaces de reducir progresivamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, Tenerife no es un tablero vacío sobre el que podamos ir colocando megavatios hasta alcanzar un determinado objetivo. Cada instalación ocupa un lugar real, y ese lugar ya tiene paisaje, biodiversidad, agricultura, viviendas, actividades económicas, infraestructuras y personas.

Las renovables también necesitan territorio

No existe transición energética sin infraestructuras. Un aerogenerador necesita un emplazamiento adecuado; una planta fotovoltaica requiere superficie; un sistema de baterías necesita espacio, conexión y determinadas condiciones de seguridad. A todo ello hay que añadir accesos, centros de transformación, líneas eléctricas, subestaciones y puntos de evacuación.

Esta realidad tiene una importancia especial en Canarias. Vivimos en islas con una superficie limitada, una elevada riqueza ambiental y una ocupación humana considerable. Sobre un mismo territorio compiten usos agrícolas, residenciales, turísticos, industriales, ambientales y energéticos, y esa superficie no puede ampliarse cuando aparecen nuevas necesidades.

Por eso hablar de renovables y territorio no debería significar elegir entre una cosa o la otra. Canarias no puede mantener durante décadas su enorme dependencia de los combustibles fósiles importados. El cambio climático, nuestra vulnerabilidad energética y las propias características de los sistemas eléctricos insulares obligan a transformar profundamente el modelo. Pero esa necesidad tampoco convierte cualquier emplazamiento en adecuado.

Tenerife no puede medirse solo en hectáreas disponibles

Existe una forma excesivamente simplificada de abordar la planificación energética: localizar suelo aparentemente libre, comprobar determinadas restricciones administrativas y calcular cuántos megavatios podrían instalarse allí. El territorio, sin embargo, es bastante más complejo que una superficie disponible en un mapa.

Un espacio puede no estar urbanizado y mantener un importante valor agrícola. Puede encontrarse fuera de un espacio natural protegido y desempeñar, al mismo tiempo, una función paisajística relevante. Incluso puede admitir formalmente una infraestructura y provocar una afección considerable sobre las personas que viven en sus inmediaciones.

La propia Ley 21/2013, de evaluación ambiental refleja esa complejidad al considerar, entre otros elementos, la población, la salud humana, la biodiversidad, el suelo, el agua, el clima, el paisaje y el patrimonio cultural. Esto debería recordarnos algo elemental: una instalación renovable puede ser necesaria para combatir el cambio climático y, al mismo tiempo, estar mal concebida o situada en un lugar inadecuado. Las dos afirmaciones pueden ser ciertas.

Acelerar la transición no significa dejar de elegir

Canarias mantiene desde hace tiempo una discusión sobre cómo acelerar el despliegue renovable sin deteriorar las garantías ambientales y territoriales. En Canarias Sostenible ya hemos analizado el conflicto alrededor de las Zonas de Aceleración de Energías Renovables, precisamente porque una transición demasiado lenta tiene costes, pero una planificación precipitada también puede producirlos.

La discusión razonable no consiste en enfrentar dos posiciones extremas. No tiene sentido defender que debemos instalar renovables en cualquier lugar porque son necesarias, pero tampoco concluir que sus impactos justifican paralizar el desarrollo de nuevas infraestructuras. El verdadero problema es bastante más exigente: determinar qué necesitamos, dónde podemos instalarlo y cómo hacerlo reduciendo al máximo sus afecciones.

Ese equilibrio requiere planificación. La urgencia climática y energética debe acelerar las decisiones, pero no sustituirlas.

Primero, aprovechar mejor lo que ya hemos transformado

Antes de ocupar nuevo suelo resulta razonable aprovechar al máximo cubiertas, aparcamientos, áreas industriales, infraestructuras existentes y otros espacios que ya han sido transformados por la actividad humana. El autoconsumo, la generación distribuida, las marquesinas fotovoltaicas y la utilización energética de superficies antropizadas todavía ofrecen un recorrido importante.

Pero tampoco deberíamos trasladar la idea de que toda la transición energética canaria puede resolverse exclusivamente colocando paneles solares sobre tejados. La demanda eléctrica actual ya es elevada y puede aumentar a medida que electrifiquemos transporte, climatización y otras actividades que hoy dependen directamente de combustibles fósiles.

El sistema necesitará, además, almacenamiento, redes reforzadas y generación capaz de trabajar a una escala muy superior a la de una instalación doméstica. Por tanto, seguirán siendo necesarias instalaciones de determinada dimensión. La cuestión no es evitar cualquier proyecto de escala, sino conseguir que aquellos que realmente necesitemos estén bien planteados y correctamente ubicados.

Conseguir un permiso no convierte un proyecto en excelente

En Canarias Sostenible hemos defendido anteriormente la necesidad de avanzar hacia una verdadera excelencia territorial renovable. Un proyecto no debería considerarse ejemplar simplemente porque haya conseguido superar todos sus trámites administrativos.

El cumplimiento de la legislación constituye el mínimo exigible. Un buen proyecto debería aspirar además a reducir sus afecciones, integrarse razonablemente en el territorio, escuchar a la población afectada y explicar con transparencia qué valor genera para el lugar que lo acoge.

Esta cuestión será cada vez más importante. Cuanto mayor sea el despliegue renovable, mayor será también la necesidad de seleccionar correctamente los emplazamientos y evitar que la transición termine convirtiéndose en una simple acumulación de expedientes desconectados entre sí. Tenerife necesita una visión de conjunto sobre su futuro energético y territorial.

¿Y si los propietarios fueran los propios ciudadanos?

Aquí podemos recuperar la pregunta que abrió esta serie. En la primera entrega, ¿De quién será la energía de Tenerife?, planteábamos si la ciudadanía podría algún día participar de manera mucho más significativa en la propiedad de las infraestructuras energéticas de la isla.

Supongamos, simplemente como ejercicio, que miles de personas de Tenerife fueran propietarias de una parte de un parque eólico. Su impacto visual no desaparecería por ello. Tampoco dejaría de ser necesario estudiar sus efectos sobre la biodiversidad ni un suelo agrícola de especial valor se convertiría automáticamente en un buen emplazamiento.

Conviene dejar este principio establecido mucho antes de hablar de cualquier fórmula concreta de participación: la propiedad puede cambiar el reparto del valor, pero no cambia las reglas con las que debemos proteger el territorio. Esa exigencia debe ser la misma para una gran empresa, una administración pública, un fondo de inversión o miles de pequeños propietarios.

La participación no puede comprar aceptación

Existe además otro riesgo que merece ser evitado desde el principio. Si en el futuro se desarrollan fórmulas que permitan a la población participar económicamente en determinadas instalaciones renovables, esa participación no debería convertirse en una manera de comprar conformidad con un proyecto.

Una persona puede obtener un beneficio económico de una instalación y seguir considerando que su emplazamiento es incorrecto. Del mismo modo, una población puede participar en un proyecto y exigir medidas ambientales más rigurosas. La propiedad, la participación económica y la evaluación territorial son dimensiones relacionadas, pero no intercambiables.

La propia legislación canaria ha comenzado a incorporar con mayor claridad la idea de participación local. El artículo 64 de la Ley 6/2022, de cambio climático y transición energética de Canarias, en su redacción vigente, contempla mecanismos de participación local y establece la obligación de ofrecer esa posibilidad en determinados proyectos renovables terrestres superiores a 2 MW. Más adelante dedicaremos una entrada específica a explicar el verdadero alcance de esta regulación, porque todavía no hemos llegado a esa parte de nuestra investigación.

Entonces, ¿qué puede cambiar la propiedad?

Si una instalación ocupa territorio independientemente de quién sea su propietario, sus impactos deben evaluarse con los mismos criterios y un proyecto mal ubicado continúa estando mal ubicado aunque pertenezca a la población local. Podría parecer, por tanto, que cambiar la propiedad modifica pocas cosas.

Sin embargo, existe una diferencia que puede resultar muy importante: la propiedad puede cambiar la relación económica entre el territorio y la infraestructura. El aerogenerador seguirá formando parte del paisaje, el parque fotovoltaico seguirá ocupando superficie y la red eléctrica continuará necesitando espacio. Lo que sí puede variar considerablemente es quién recibe durante décadas el valor económico generado por esos activos.

Y ahí comienza una discusión diferente. No se refiere a justificar impactos mediante dinero ni a sustituir la protección ambiental por rentabilidad. Se refiere a preguntarnos cómo se distribuye el valor de unas infraestructuras que, necesariamente, ocuparán una parte de nuestro territorio.

Los impactos se ven. ¿Y los beneficios?

Tenerife necesita energía renovable y necesita proteger su territorio. No podemos conservar el paisaje manteniendo indefinidamente un sistema energético basado en combustibles fósiles, pero tampoco podemos justificar cualquier transformación territorial invocando la urgencia climática.

Necesitamos mejores proyectos, mejor planificación, mayor aprovechamiento de los espacios ya transformados, evaluaciones rigurosas y una discusión transparente sobre aquellas infraestructuras que inevitablemente tengamos que construir.

La primera entrada de esta serie preguntaba quién será propietario de la energía de Tenerife. Esta segunda añade una condición esencial: sea quien sea el propietario, el territorio debe seguir contando.

Ahora podemos plantear la siguiente cuestión. Quienes viven cerca de una infraestructura ven perfectamente sus aerogeneradores, sus paneles solares, sus accesos o sus líneas eléctricas. Los impactos son tangibles y fáciles de identificar. Pero ¿pueden reconocer con la misma claridad los beneficios que esa infraestructura deja en el territorio?

De eso hablaremos en la próxima entrega.

Serie: ¿De quién será la energía de Tenerife?

1. ¿De quién será la energía de Tenerife?
2. Renovables y territorio: Tenerife no es un plano vacío
Próxima entrega: El territorio ve los aerogeneradores. ¿Pero dónde ve los beneficios?

Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
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