Orden TED/30/2026: la factura silenciosa de la transición energética que no llega
Hay normas que parecen escritas para que nadie las lea. La Orden TED/30/2026, de 26 de enero, es una de ellas. Tablas, parámetros, siglas, coeficientes y cifras repartidas en el Boletín Oficial del Estado. Nada especialmente atractivo para una lectura de domingo.
Pero sería un error pasar de largo.
Porque detrás de esa apariencia gris se esconde una pregunta incómoda: ¿cuánto nos cuesta seguir sosteniendo un sistema eléctrico insular que todavía depende demasiado de combustibles fósiles?
La Orden TED/30/2026 fija los parámetros técnicos y económicos que se utilizarán durante el periodo regulatorio 2026-2031 para calcular la retribución de la producción eléctrica en territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional. Afecta a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. En el caso canario, la norma toca una fibra especialmente sensible: el coste real de producir electricidad en islas que siguen funcionando, en buena medida, sobre centrales térmicas.
No hablamos de una discusión académica. Hablamos de dinero público, costes reconocidos, dependencia exterior y años perdidos.
Qué dice realmente la Orden TED/30/2026
La orden no decide si Canarias debe tener más renovables. Tampoco planifica parques eólicos, plantas fotovoltaicas, baterías, bombeos o redes. Su función es más seca, pero muy reveladora: establece los números que permiten calcular cuánto debe reconocerse a determinadas instalaciones de generación eléctrica en los sistemas no peninsulares.
Dicho de forma más clara: pone precio regulado a una parte del funcionamiento del sistema térmico.
La propia norma parte de una realidad jurídica ya conocida. La Ley del Sector Eléctrico establece que los territorios no peninsulares tienen una reglamentación singular por sus características específicas, derivadas de su ubicación territorial y de su carácter aislado. Por eso puede reconocerse una retribución adicional que cubra la diferencia entre los costes de inversión y explotación y los ingresos obtenidos por la actividad de producción.
Hasta aquí, todo razonable. Una isla no es la Península. Nadie con un mínimo conocimiento técnico puede discutirlo.
El problema aparece cuando estas tablas dejan de ser una herramienta transitoria y se convierten en una especie de paisaje permanente. Año tras año seguimos ajustando cuánto cuesta mantener lo viejo, mientras lo nuevo avanza con una lentitud que ya no se puede justificar solo por prudencia técnica.
La electricidad canaria tiene una contabilidad que casi nunca se ve
El consumidor en Canarias no ve esta orden cuando paga su factura. Tampoco ve el coste de tener grupos térmicos disponibles, ni el mantenimiento fijo, ni los costes de operación variable, ni los arranques. La factura doméstica llega con sus conceptos habituales, sus impuestos, sus peajes y sus cargos. Pero el entramado económico real está bastante más escondido.
Y ahí está uno de los problemas del debate energético.
Como el sobrecoste no aparece de forma directa y transparente ante el ciudadano, resulta más fácil no hablar de él. Parece que el sistema simplemente funciona. Encendemos la luz, cargamos el móvil, abrimos la nevera, ponemos el aire acondicionado y seguimos adelante.
Sin embargo, el sistema no funciona por arte de magia. Funciona porque hay centrales disponibles, operadores pendientes, combustible importado, mantenimiento, reservas y una regulación que reconoce costes adicionales.
La Orden TED/30/2026 es, en ese sentido, una ventana indiscreta. Nos permite mirar dentro de una maquinaria económica que normalmente permanece fuera del foco público.
Primer ejemplo: un grupo diésel que cuesta millones antes de hablar de combustible
Tomemos un dato concreto.
Para Canarias, la orden fija una anualidad de operación y mantenimiento fijo de 122.022 euros por MW para grupos diésel de dos tiempos con potencia igual o superior a 20 MW.
Vamos a traducirlo.
Un grupo de 20 MW tendría un coste fijo anual aproximado de:
20 MW × 122.022 €/MW = 2.440.440 euros al año
Más de 2,4 millones de euros anuales.
Y conviene decirlo con precisión: no estamos hablando del combustible. Tampoco de toda la retribución. Hablamos solo de una parte del coste fijo de operación y mantenimiento.
Es decir, antes de entrar en cuánto produce, cuándo produce o cuánto combustible quema, ya hay una cantidad muy relevante asociada a mantener esa máquina disponible.
Este ejemplo es importante porque rompe una idea muy extendida: la de que una central térmica cuesta solo cuando está generando. No es así. En un sistema eléctrico insular, una máquina también cuesta por estar preparada.
Y aquí aparece la primera crítica de fondo: si seguimos necesitando demasiadas máquinas fósiles preparadas durante demasiados años, la factura de la transición que no llega se sigue acumulando en silencio.
Segundo ejemplo: producir 10.000 MWh tampoco sale gratis
La orden también establece costes variables de operación y mantenimiento.
Para Canarias, en grupos diésel de dos tiempos con potencia igual o superior a 20 MW, figura un valor de 18,35 euros por MWh.
Pongamos que ese grupo produce 10.000 MWh en un año.
La operación y mantenimiento variable supondría:
10.000 MWh × 18,35 €/MWh = 183.500 euros
De nuevo, no estamos incluyendo el combustible principal. Tampoco otros posibles conceptos. Solo estamos mirando una pieza concreta del puzle.
El dato sirve para entender algo muy sencillo: cuando la central funciona, la cuenta sigue creciendo. Hay coste por estar disponible y coste por producir. Y, por supuesto, está el coste del combustible, que en Canarias depende de una cadena exterior que nos hace vulnerables.
Aquí la transición energética no debería presentarse solo como una causa ambiental. También es una cuestión de sensatez económica. Cada MWh fósil que no logramos desplazar con renovables bien integradas mantiene viva una parte de esa factura.
Tercer ejemplo: arrancar una turbina puede costar como un coche pequeño
Otro dato ayuda a visualizar mejor el asunto.
Para turbinas de gas heavy duty de potencia igual o superior a 50 MW, la Orden TED/30/2026 recoge para Canarias un coste de 12.844,06 euros por arranque.
Si una turbina de este tipo arrancara 30 veces al año, el cálculo sería:
30 × 12.844,06 € = 385.321,80 euros
Casi 386.000 euros anuales solo en ese concepto.
Conviene detenerse aquí. Un arranque no es pulsar un botón y ya está. Implica tensiones térmicas, desgaste, procedimientos, personal, mantenimiento posterior y una operación que debe encajar en el equilibrio del sistema eléctrico.
Pero también conviene hacer otra lectura: cuanto más tiempo tardemos en disponer de soluciones limpias, flexibles y firmes, más seguiremos recurriendo a estas maniobras caras.
Por supuesto, no todo arranque es evitable. En un sistema eléctrico real siempre habrá contingencias, reservas y necesidades de operación. Pero una cosa es aceptar la complejidad técnica y otra muy distinta resignarse a pagar eternamente la factura de no haber hecho los deberes.
La igualdad tarifaria no debe convertirse en anestesia
España ha decidido que los consumidores de Canarias no paguen directamente todo el sobrecoste de producir electricidad en las islas. Esa decisión es justa. La igualdad territorial en un servicio esencial no es un privilegio; es una forma razonable de cohesión social.
Pero esa igualdad también tiene un riesgo: puede anestesiar el debate.
Si el consumidor no percibe el coste real del sistema, puede parecer que no hay urgencia. Si la diferencia se reparte en el conjunto del sistema eléctrico, el problema pierde visibilidad política. Y cuando algo no se ve, cuesta más convertirlo en prioridad.
Aquí conviene ser claros: la solidaridad territorial no puede ser una coartada para la inacción energética.
Canarias debe defender la igualdad tarifaria, por supuesto. Pero al mismo tiempo debe exigir una transición más rápida, más rigurosa y mejor planificada. No por romanticismo renovable. No por estética verde. Por economía, por clima y por responsabilidad pública.
El BOE como espejo de una década perdida
La Orden TED/30/2026 cubre el periodo 2026-2031. Eso significa que seguimos necesitando una arquitectura regulatoria amplia para retribuir generación convencional en los sistemas no peninsulares durante los próximos años.
Eso no es sorprendente. Ningún sistema eléctrico insular puede transformarse de la noche a la mañana. La seguridad de suministro exige prudencia. La operación eléctrica no admite ocurrencias.
Pero tampoco podemos fingir que partimos de cero.
Canarias lleva décadas hablando de transición energética. Décadas de planes, estrategias, anuncios, jornadas, titulares, promesas y fotografías institucionales. Mientras tanto, la penetración renovable sigue lejos de lo que sería razonable para un territorio con nuestros recursos naturales y con nuestra vulnerabilidad climática.
No todo es culpa de una sola administración. Sería demasiado simple. Han fallado muchas cosas: planificación territorial, tramitación, redes, almacenamiento, gestión social de los proyectos, pedagogía pública, coordinación institucional y valentía política.
También ha pesado una contradicción muy canaria: queremos renovables, pero muchas veces no queremos ver las infraestructuras que las hacen posibles. Queremos menos dependencia fósil, pero discutimos durante años cada línea, cada subestación, cada instalación y cada refuerzo.
Así no hay transición que aguante.
El coste de no decidir también se paga
En energía, no decidir es decidir.
Cuando se retrasa una red, se decide mantener restricciones. Al bloquear almacenamiento, se decide seguir dependiendo más tiempo de generación térmica. Cuando no se ordena el territorio, se decide improvisar. Cuando se alimenta la ilusión de que bastan las cubiertas y el autoconsumo, se decide no explicar la escala real del problema.
La Orden TED/30/2026 no lo dice con estas palabras, claro. El BOE no suele tener ese tipo de sinceridad. Pero sus cifras permiten entenderlo.
Cada coste fijo reconocido, cada coste variable, cada arranque, cada parámetro asociado a grupos térmicos es una pieza de una realidad mayor: la transición energética lenta también tiene precio.
Y no es solo un precio económico.
Tiene precio climático, porque seguimos emitiendo más de lo necesario. Precio geopolítico, porque dependemos de combustibles que vienen de fuera. Tiene precio social, porque los recursos que se destinan a sostener el pasado no se destinan a acelerar el futuro. Y tiene precio democrático, porque la ciudadanía no siempre recibe una explicación honesta de lo que está ocurriendo.
No se trata de apagar centrales a ciegas
Ser crítico con la lentitud de la transición no significa caer en el voluntarismo.
Canarias no puede prescindir de la generación térmica sin haber construido antes alternativas fiables. Hace falta potencia renovable, sí, pero también almacenamiento, redes, gestión de demanda, capacidad firme, servicios de estabilidad y una operación capaz de sostener cada isla en tiempo real.
La electricidad no funciona con deseos. Funciona con equilibrio instantáneo.
Por eso la crítica debe ser seria. No se trata de decir “cerremos todo mañana”. Eso sería irresponsable. La cuestión es otra: por qué hemos llegado a 2026 con tanta parte del sistema todavía atada a una lógica fósil que debería estar claramente en retirada.
Ahí está el verdadero debate.
No entre renovables sí o renovables no. Ese debate está superado por la realidad climática y económica. La cuestión es si Canarias va a hacer una transición de verdad o va a seguir administrando lentamente su dependencia, mientras las normas del BOE siguen poniendo precio a lo que no hemos sido capaces de sustituir.
Una lectura incómoda para Canarias
Esta orden debería incomodarnos un poco.
No porque sea injusta. Probablemente es necesaria dentro del marco actual. Tampoco porque reconocer costes sea un error. En un sistema regulado, los costes deben estar definidos y auditados.
Lo incómodo es lo que revela.
Revela que seguimos pagando estructuras caras. Revela que la generación fósil no solo contamina cuando produce, sino que también pesa económicamente cuando permanece disponible. Muestra que la transición energética no se retrasa gratis. Y deja claro que los sistemas eléctricos insulares necesitan algo más que discursos amables.
Necesitan decisiones.
Canarias no puede permitirse una transición de escaparate, hecha de anuncios y porcentajes futuros. Necesita una transición de sala de control, de ingeniería, de territorio ordenado, de aceptación social, de inversión en redes y de almacenamiento real.
Menos foto y más ejecución.
Conclusión: la factura está escrita en el BOE
La Orden TED/30/2026 parece una norma menor, pero no lo es. Es una factura escrita en lenguaje administrativo. Una factura que nos recuerda cuánto cuesta mantener un sistema eléctrico insular apoyado todavía en tecnologías fósiles.
No hay que leerla con indignación fácil. Hay que leerla con responsabilidad.
Los costes que recoge existen porque el sistema actual todavía los necesita. Pero también existen porque la transición energética no ha avanzado con la velocidad, la coherencia y la ambición que Canarias necesita.
Ese es el punto.
El debate no debería ser si estos costes se reconocen o no. En muchos casos, dentro del marco vigente, deberán reconocerse. La pregunta realmente importante es durante cuánto tiempo más vamos a seguir aceptando que sean una parte tan relevante de nuestro paisaje energético.
Porque cada año que pasa sin acelerar de verdad la transformación del sistema, alguien acaba pagando la diferencia.
A veces la paga el consumidor. Otras veces el conjunto del sistema eléctrico. A veces el clima. Y casi siempre la paga el futuro.
