Excelencia social territorial: renovables con retorno real
La excelencia social territorial puede parecer otra expresión administrativa más. Una de esas fórmulas largas que nacen en una norma, pasan por una consulta pública y terminan, demasiadas veces, lejos de la vida real. Pero esta vez conviene mirar con atención. Detrás de esa expresión hay una pregunta de fondo: ¿cómo conseguir que los proyectos renovables, el almacenamiento y las infraestructuras eléctricas no solo se autoricen, sino que también sean comprendidos, aceptados y sentidos como útiles por los territorios donde se implantan?
La consulta pública previa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya está cerrada. El plazo fue del 15 de abril al 15 de mayo de 2026. Aun así, el debate sigue plenamente vivo, porque la futura Orden Ministerial debe desarrollar el artículo 20 del Real Decreto-ley 7/2026 y regular un estándar voluntario para proyectos de generación renovable, almacenamiento e infraestructuras de transporte y distribución eléctrica. Ese estándar podrá servir como mérito en determinados procedimientos, entre ellos la tramitación preferente de proyectos energéticos, los permisos de acceso y conexión o los concursos del régimen económico renovable. (Ministerio de Transición Ecológica)
Qué se pretende regular con la excelencia social territorial
El artículo 20 del Real Decreto-ley 7/2026 define una figura nueva: los proyectos que acrediten un alto nivel de implicación social, impacto socioeconómico positivo y excelencia ambiental. No se limita a parques solares o eólicos. También pueden optar instalaciones de almacenamiento y redes eléctricas, tanto de transporte como de distribución. (BOE)
La idea es sencilla, aunque su aplicación no lo será tanto. No basta con que un proyecto cumpla la ley. Para obtener el estándar deberá demostrar algo más: que informa mejor, escucha antes, deja beneficios reales en el territorio, impulsa autoconsumo o comunidades energéticas y cuida su implantación ambiental con un nivel superior al mínimo exigible.
Ese matiz es importante. El estándar no debería convertirse en una medalla decorativa ni en un trámite de relaciones públicas. Debe ser una herramienta verificable. Si no lo es, acabará generando frustración: los promotores lo usarán como etiqueta comercial y la ciudadanía lo percibirá como una capa de pintura verde sobre decisiones ya tomadas.
Por qué este debate importa especialmente en Canarias
En Canarias, hablar de renovables nunca es solo hablar de tecnología. También es hablar de territorio, paisaje, red eléctrica, dependencia exterior, estabilidad del sistema y justicia social. Las islas siguen dependiendo demasiado de combustibles fósiles importados. Esa dependencia tiene un coste económico, ambiental y estratégico.
El PNIEC 2023-2030 fija objetivos ambiciosos: 32 % de reducción de emisiones respecto a 1990, 48 % de renovables sobre el uso final de la energía, 81 % de generación eléctrica renovable y reducción de la dependencia energética hasta el 50 % en 2030. (Ministerio de Transición Ecológica) En paralelo, la Ley 7/2021 ya recoge principios como la descarbonización, la cohesión social y territorial, la protección ambiental y la calidad y seguridad del suministro. (BOE)
Para las islas, esto no es teoría. Cada megavatio renovable mal ubicado puede abrir un conflicto. Cualquier infraestructura eléctrica mal explicada puede ser vista como una imposición. Cada proyecto que no deja retorno local alimenta la sensación de que la transición energética se decide desde fuera y se soporta desde dentro.
Por eso, el estándar de excelencia social territorial puede ser útil. Pero solo si se diseña con seriedad. La transición energética necesita velocidad, sí. Pero en territorios frágiles y limitados, la velocidad sin inteligencia termina chocando contra la gente.
Una norma necesaria, pero con un riesgo evidente
La consulta parte de una premisa razonable: la Orden Ministerial es necesaria porque el artículo 20 necesita desarrollo reglamentario. Sin esa orden, el estándar queda en una idea sin procedimiento claro, sin criterios homogéneos y sin forma práctica de acreditación. (Ministerio de Transición Ecológica)
Ahora bien, hay un riesgo que conviene decir sin rodeos. Si el estándar acaba siendo demasiado genérico, no servirá para seleccionar los mejores proyectos. Si resulta demasiado complejo, solo podrán asumirlo los grandes promotores. Y si se convierte en una ventaja administrativa sin control posterior, puede premiar promesas brillantes que luego se diluyen con el paso del tiempo.
La clave está en tres palabras: medir, verificar y seguir.
Medir antes de conceder el estándar. Verificar con documentación suficiente. Seguir durante la construcción y operación. Porque un proyecto no es excelente el día que presenta una memoria bonita. Lo es cuando cumple lo prometido durante años.
Cómo responder a la consulta: propuesta razonada
La consulta plantea ocho preguntas. Una de ellas aparece repetida: la pregunta 4 reproduce la cuestión sobre participación ciudadana reforzada ya planteada en la pregunta 1. (Ministerio de Transición Ecológica) Por eso, lo razonable sería responder la primera desde la participación temprana y deliberativa, y utilizar la cuarta para proponer gobernanza, seguimiento y participación económica local.
Pregunta 1: participación ciudadana reforzada
La participación ciudadana reforzada debería empezar antes de que el proyecto esté cerrado. Ese es el punto esencial. No tiene sentido convocar a la ciudadanía cuando el diseño técnico, la ubicación, las afecciones y las medidas compensatorias ya están decididas.
La Orden debería exigir un plan de participación temprana con varias fases. Primero, identificación de propietarios, vecinos, ayuntamientos, cabildos, asociaciones, sectores económicos afectados y colectivos vulnerables. Después, presentación pública del proyecto en lenguaje claro, con planos comprensibles, simulaciones visuales y explicación de impactos. Finalmente, apertura de un periodo real de observaciones, con respuesta razonada a las aportaciones recibidas.
También debería exigirse una memoria de cambios. Es decir, una tabla clara donde se indique qué propuestas ciudadanas se aceptan, cuáles se rechazan y por qué. Participar no significa que todo el mundo tenga derecho de veto. Pero sí implica que la escucha deje huella.
La acreditación podría basarse en actas de reuniones, materiales divulgativos, justificantes de comunicación, informes de asistencia, grabaciones públicas, encuestas, alegaciones recibidas y documento final de respuesta. En proyectos de cierta dimensión, debería existir una verificación externa independiente.
Pregunta 2: empleo y desarrollo local
El empleo local no puede medirse solo por el número de trabajadores contratados durante la obra. Esa fase suele ser intensa, pero breve. Lo verdaderamente valioso es comprobar si el proyecto deja capacidades duraderas en el territorio.
La Orden debería exigir un plan de impacto socioeconómico local. Ese plan tendría que incluir empleo directo e indirecto, formación profesional, participación de empresas locales, mantenimiento durante la vida útil del proyecto y posibles actividades asociadas. En Canarias, además, debería valorarse la contribución a sectores insulares específicos: instalaciones eléctricas, mantenimiento industrial, operación de almacenamiento, logística, obra civil especializada y servicios ambientales.
También conviene valorar la integración con actividades agrícolas o ganaderas cuando proceda. No todo suelo es igual. No toda implantación renovable tiene el mismo impacto. Un buen diseño puede compatibilizar generación, pastoreo, cultivos adaptados o recuperación de suelos degradados. Un mal diseño, en cambio, puede generar rechazo incluso cuando la tecnología sea necesaria.
La acreditación debería apoyarse en contratos, convenios con centros de formación, certificados de cursos, compromisos de contratación local, datos agregados de empleo, relación de proveedores y auditorías periódicas. Para evitar publicidad vacía, los compromisos deberían convertirse en indicadores: porcentaje de empleo local, horas de formación, volumen de contratación en el entorno y número de empleos permanentes vinculados a operación y mantenimiento.
Pregunta 3: comunidades energéticas y autoconsumo
El impulso de comunidades energéticas y autoconsumo compartido debe entenderse como una forma concreta de retorno social. No basta con que un gran proyecto renovable diga que contribuye al sistema. Debe demostrar que una parte de sus beneficios puede acercarse al territorio.
Aquí hay un campo muy interesante. La Comisión Europea recuerda que las comunidades energéticas pueden aumentar la aceptación pública de los proyectos renovables, movilizar inversión privada y permitir beneficios locales como eficiencia energética, menores facturas, reducción de pobreza energética y empleo verde. (Energy) El IDAE también dispone de guías para facilitar el autoconsumo colectivo, incluyendo modalidades, reparto de energía, tramitación y la figura del gestor de autoconsumo. (Idae)
La Orden podría exigir que los proyectos que aspiren al estándar incorporen medidas como estas:
Un porcentaje de potencia destinado a autoconsumo compartido local.
Acuerdos con ayuntamientos para cubrir edificios públicos o instalaciones sociales.
Participación de hogares vulnerables en esquemas de ahorro energético.
Apoyo técnico y económico a comunidades energéticas locales.
Programas de almacenamiento compartido o gestión de demanda cuando sea viable.
La acreditación debería incluir convenios firmados, esquemas de reparto, certificación de instalaciones ejecutadas, número de beneficiarios, ahorro energético estimado y seguimiento anual. En el caso de hogares vulnerables, habría que proteger los datos personales. La transparencia nunca debe convertirse en exposición social de quien necesita ayuda.
Pregunta 4: gobernanza, seguimiento y participación económica local
Dado que la pregunta 4 repite la cuestión de la participación ciudadana, sería sensato aprovecharla para concretar la gobernanza del estándar. Porque una cosa es participar al inicio y otra muy distinta es mantener un canal estable durante la vida del proyecto.
La Orden debería prever una comisión local de seguimiento para proyectos de cierta dimensión. En ella podrían participar el promotor, representantes municipales, cabildo cuando proceda, entidades sociales y perfiles técnicos independientes. Su función no sería bloquear el proyecto, sino revisar compromisos, resolver incidencias y publicar información periódica.
También debe regularse con prudencia la participación económica ciudadana. El artículo 20 menciona fórmulas como crowdlending, crowdfunding o participación en el accionariado. (BOE) Son instrumentos interesantes, pero deben gestionarse con absoluta claridad. No se puede convertir el apego al territorio en una invitación poco transparente a asumir riesgos financieros.
La acreditación debería exigir documentación comprensible sobre condiciones, riesgos, rentabilidad esperada, límites de inversión, prioridad para población local y mecanismos de protección al pequeño inversor. Si hay participación financiera, debe ser real y segura. Si no la hay, el promotor debería poder acreditar otros retornos sociales equivalentes.
Pregunta 5: excelencia ambiental en diseño y operación
La excelencia ambiental debe ir más allá de superar una evaluación de impacto ambiental. Cumplir la ley es obligatorio. Obtener un estándar de excelencia requiere demostrar un plus.
Ese plus debería empezar por la ubicación. Deben priorizarse suelos ya antropizados, cubiertas, zonas degradadas, repotenciaciones y espacios de baja sensibilidad ambiental. También deben valorarse alternativas reales de trazado en infraestructuras de red, integración paisajística, minimización de movimientos de tierra y reducción de afecciones a biodiversidad.
En Canarias esto es especialmente delicado. El territorio es limitado, fragmentado y con valores ambientales muy altos. La transición energética no puede hacerse contra el territorio. Pero tampoco puede bloquearse con el argumento de que todo impacto es inaceptable. La cuestión madura no es renovables sí o no. La cuestión madura es dónde, cómo, con qué controles y con qué retornos.
La acreditación debería incluir estudios de alternativas, cartografía ambiental, plan de vigilancia reforzado, indicadores de biodiversidad, medidas de restauración, gestión de residuos, reducción de huella de carbono de la obra y garantías de desmantelamiento. También sería conveniente publicar datos ambientales de seguimiento durante la operación.
Pregunta 6: utilidad como mérito acreditable
El estándar puede ser útil como mérito acreditable en tres ámbitos: concursos renovables, procedimientos de acceso y conexión, y declaración de proyectos energéticos preferentes. Pero debe manejarse con cuidado.
En concursos económicos, podría tener un peso relevante. Por ejemplo, entre un 15 % y un 25 % de la puntuación, siempre que el precio, la solvencia técnica y la madurez del proyecto sigan siendo elementos centrales. Así se premia a quien aporta valor territorial, no solo a quien ofrece una cifra agresiva.
En permisos de acceso y conexión, el estándar debería funcionar más bien como criterio complementario o de desempate. La red eléctrica no puede gestionarse por simpatía social. Debe respetar criterios técnicos, seguridad del sistema, planificación y capacidad real. El Real Decreto 1183/2020 busca precisamente dar certidumbre al acceso y conexión y evitar ineficiencias o comportamientos especulativos. (BOE)
En la tramitación preferente, el estándar sí puede tener utilidad clara. El artículo 21 del Real Decreto-ley 7/2026 contempla como proyectos energéticos preferentes aquellos acreditados con el estándar de excelencia social y territorial. Pero la propia norma advierte que esa tramitación preferente no exime del cumplimiento de obligaciones sectoriales, ambientales y territoriales. (BOE)
Ese equilibrio es fundamental. Agilizar no debe significar rebajar garantías. Debe significar ordenar mejor los recursos administrativos y dar prioridad a los proyectos más maduros, mejor ubicados y socialmente más trabajados.
Pregunta 7: barreras normativas, técnicas o administrativas
La primera barrera será la falta de criterios claros. Si la Orden no define indicadores medibles, cada promotor presentará su propio relato. Y ya sabemos lo que ocurre cuando las normas dejan demasiado espacio al relato: gana quien mejor maquilla, no necesariamente quien mejor integra.
Otra barrera será la fragmentación administrativa. Un proyecto puede depender del Estado, la comunidad autónoma, el cabildo, el ayuntamiento, el órgano ambiental, el gestor de red y otros organismos sectoriales. Si el estándar añade capas sin coordinar procedimientos, puede complicar lo que pretende mejorar.
También existe una barrera de escala. No se puede exigir lo mismo a un gran parque renovable conectado a alta tensión que a una instalación menor o a una repotenciación limitada. La Orden debería aplicar proporcionalidad. Cuanto mayor sea la afección territorial, mayor debe ser la exigencia social, económica y ambiental.
En Canarias habría obstáculos adicionales: redes insulares débiles, limitaciones de evacuación, oposición territorial, presión sobre suelo, costes logísticos y dificultad para encontrar determinados perfiles técnicos. Por eso, el estándar debería valorar también la contribución a la seguridad del sistema, el almacenamiento, la gestionabilidad y la reducción efectiva de generación fósil.
Para superar estas barreras, convendría crear plantillas comunes, una ventanilla informativa, indicadores homogéneos, verificadores independientes y mecanismos de seguimiento simplificados. La excelencia no debe ser burocracia decorativa. Debe ser una forma de ordenar mejor.
Pregunta 8: modelos de referencia
Hay referencias útiles en Europa. No conviene copiarlas sin más, porque cada país tiene su regulación, su territorio y su estructura eléctrica. Pero sí pueden inspirar.
Irlanda ofrece un ejemplo interesante con los Community Benefit Funds vinculados al Renewable Electricity Support Scheme. Los proyectos acogidos al esquema deben crear fondos de beneficio comunitario, con aportaciones de 2 euros por MWh producido para iniciativas locales. (gov.ie)
Reino Unido ha trabajado sobre beneficios comunitarios y propiedad compartida en infraestructuras bajas en carbono, incluyendo consultas sobre posibles esquemas obligatorios y mecanismos de participación local. (GOV.UK)
A escala europea, la Directiva (UE) 2023/2413 refuerza el marco de impulso renovable y forma parte del contexto normativo citado por la propia consulta. (EUR-Lex) Además, las comunidades energéticas europeas ofrecen una idea valiosa: la aceptación social mejora cuando la ciudadanía deja de ser espectadora y pasa a ser parte beneficiaria de la transición. (Energy)
Para España, el modelo debería combinar tres piezas: participación temprana, beneficios locales verificables y protección ambiental reforzada. Ninguna de las tres funciona sola. La participación sin retorno se queda en trámite. El retorno sin transparencia parece compensación interesada. Y la protección ambiental sin planificación energética puede bloquear incluso proyectos necesarios.
Una propuesta de indicadores mínimos
Para que el estándar sea útil, debería traducirse en indicadores. Algunos podrían ser obligatorios y otros puntuables.
Participación: número de reuniones, diversidad de actores, plazo mínimo de consulta, memoria de respuestas y cambios incorporados.
Empleo: porcentaje de contratación local, horas de formación, proveedores del entorno y empleos permanentes.
Retorno energético: potencia o energía destinada a autoconsumo compartido, beneficiarios vulnerables y ahorro generado.
Ambiente: superficie ocupada, afección a hábitats, medidas de restauración, seguimiento de biodiversidad y plan de desmantelamiento.
Gobernanza: comisión de seguimiento, informes anuales, canal de quejas y auditoría externa.
Lo importante no es llenar expedientes. Lo importante es poder responder una pregunta sencilla: ¿qué mejora concreta deja este proyecto en el territorio?
La excelencia no puede sustituir a la planificación
Hay una advertencia necesaria. Este estándar no debe convertirse en un atajo para tapar la falta de planificación energética y territorial. La excelencia social territorial debe complementar la planificación, no sustituirla.
Canarias necesita renovables. Necesita almacenamiento y redes. Necesita electrificación. También necesita proteger su paisaje, su biodiversidad y la confianza de la ciudadanía. Presentar estas necesidades como si fueran incompatibles es una trampa. Lo difícil, y lo responsable, es ordenarlas.
Un proyecto excelente no es el que promete mucho en una presentación pública. Es el que se ubica bien, se explica bien, escucha de verdad, reduce afecciones, aporta estabilidad al sistema y deja beneficios medibles. Esa es la vara de medir que debería inspirar la futura Orden Ministerial.
Conclusión: transición energética con raíces
La consulta ya está cerrada, pero su contenido merece debate público. En un país que quiere acelerar la descarbonización, y en unas islas que no pueden seguir dependiendo de combustibles fósiles importados, necesitamos proyectos renovables más rápidos. Pero también necesitamos que sean mejores.
La transición energética no puede limitarse a instalar megavatios. Debe construir confianza. Crear empleo útil. Debe compartir beneficios. Debe cuidar el territorio. Y debe explicar, con honestidad, que la red eléctrica y el almacenamiento no son enemigos del paisaje, sino piezas necesarias para abandonar los combustibles fósiles.
La excelencia social territorial solo tendrá sentido si sirve para separar los proyectos que cumplen de verdad de los que solo cumplen sobre el papel. Ahí estará la diferencia entre una transición impuesta y una transición compartida.
Canarias necesita menos ruido y más comprensión técnica. Porque la sostenibilidad no será real si no somos capaces de explicar cómo se sostiene. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios.
