Potencia térmica en Canarias: seguridad hoy, dependencia mañana
La propuesta de nueva potencia térmica en Canarias parte de un problema real que no admite frivolidades: el riesgo de no disponer de generación suficiente cuando el sistema más la necesita. Sin embargo, la solución elegida puede condicionar durante décadas el ritmo de la transición energética del archipiélago.
No estamos todavía ante una resolución definitiva. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto un trámite de audiencia pública, con plazo para presentar alegaciones hasta el 5 de agosto de 2026. Por tanto, este es el momento de discutir qué potencia firme necesita Canarias, dónde debe instalarse y qué tecnologías deben prestarla. (MITECO)
Qué propone la nueva potencia térmica en Canarias
La propuesta convoca un segundo procedimiento competitivo para otorgar el régimen retributivo adicional a instalaciones de categoría A. El documento se apoya en los informes de cobertura elaborados por el operador del sistema para el periodo 2027-2031.
La potencia prevista para Canarias alcanza 707,5 MW de generación térmica adicional. Esta es su distribución:
| Sistema eléctrico | Potencia prevista |
|---|---|
| Gran Canaria | 320 MW |
| Tenerife-La Gomera | 230,5 MW |
| Lanzarote-Fuerteventura | 95 MW |
| La Palma | 52 MW |
| El Hierro | 10 MW |
| Total de Canarias | 707,5 MW |
En Tenerife-La Gomera se establece una señal mínima de 220 MW para Tenerife y 10,5 MW para La Gomera. En Lanzarote-Fuerteventura se reservan, al menos, 60 MW para Lanzarote.
Conviene aclarar una cuestión importante. Esos 707,5 MW no tienen que corresponder necesariamente a centrales nuevas. La convocatoria admite nuevos grupos, inversiones sobre instalaciones existentes y extensiones de vida útil sin nuevas inversiones.
Esta precisión matiza el debate, pero no elimina su trascendencia. Los nuevos grupos tendrían una vida útil regulatoria de 25 años. Una instalación que comenzara a operar en 2031 podría mantener ese marco retributivo hasta 2056.
La primera convocatoria se resolvió en febrero de 2026 y cubrió la potencia que había sido convocada entonces. La aparición de nuevas necesidades responde a la actualización de los informes de cobertura y de sus hipótesis. (BOE)
Qué supone para la seguridad del suministro
La primera conclusión es incómoda, pero necesaria. Los estudios de cobertura siguen detectando riesgo de déficit, incluso después de considerar determinadas inversiones y la convocatoria anterior.
En Gran Canaria se supone disponible la central de bombeo de Chira-Soria desde 2029. También se incorpora una senda de crecimiento renovable vinculada a los objetivos del PNIEC. Aun así, el resultado mantiene una necesidad de 320 MW térmicos.
Esto no demuestra que el almacenamiento o las renovables sean inútiles. Demuestra que la potencia instalada no equivale a potencia firme disponible en cualquier momento. En un sistema aislado hay que cubrir puntas, averías, mantenimientos y periodos de baja producción renovable.
La propuesta acierta al valorar grupos modulares y flexibles. En Gran Canaria y Tenerife reciben mayor puntuación las unidades de entre 15 y 30 MW. También se premian los mínimos técnicos bajos, el arranque autónomo y la velocidad de respuesta.
Este enfoque puede reducir el riesgo asociado a las grandes unidades. Además, facilita adaptar la generación térmica al espacio que dejan el viento, el sol y el almacenamiento. La flexibilidad operativa no es un detalle; es una condición para integrar más renovables.
También resulta razonable exigir capacidad de autoenergización en La Palma, La Gomera y El Hierro. En sistemas pequeños, la reposición tras un cero eléctrico necesita recursos capaces de recuperar la red sin apoyo exterior.
El problema climático de la propuesta
La seguridad de suministro es irrenunciable. Sin embargo, no debería confundirse potencia firme con potencia térmica durante otros 25 años. Esa equivalencia pertenece a un modelo regulatorio que avanza más despacio que la tecnología.
La convocatoria excluye los grupos que superen los 550 gramos de CO₂ por kWh. También exige que los nuevos equipos canarios puedan utilizar, al menos, un 5 % de combustible renovable cuando exista disponibilidad local.
Ambas condiciones mejoran el enfoque ambiental, pero siguen siendo débiles. El límite de emisiones permite mantener una generación claramente fósil. Además, se exige capacidad para usar combustible renovable, no un consumo efectivo y creciente durante la vida de la instalación.
La redacción tampoco garantiza que ese 5 % llegue a utilizarse. La obligación queda condicionada a la disponibilidad local del combustible. En la práctica, una central podría obtener la compatibilidad sin que exista una senda verificable de sustitución del combustible fósil.
La puntuación revela las prioridades
El diseño de los criterios permite comprender mejor la orientación de la propuesta. La ubicación y el tamaño pueden aportar hasta 60 puntos. Las emisiones y la capacidad de emplear combustibles renovables suman un máximo de 25.
La convocatoria prioriza correctamente la operabilidad, pero deja la descarbonización en un segundo plano. Incluso la puntuación técnica mínima de 40 puntos puede reducirse por escalones hasta cubrir toda la potencia requerida.
El riesgo es evidente. Podemos renovar equipos antiguos, reducir averías y mejorar el rendimiento. Sin embargo, también podemos consolidar una nueva dependencia de combustibles importados.
Sería una modernización del parque fósil. No sería necesariamente una transformación del sistema eléctrico.
Una transición energética que puede quedar condicionada
La nueva generación térmica puede aportar respaldo y permitir la retirada de grupos obsoletos. Esa sustitución mejoraría la fiabilidad y facilitaría operar con mínimos técnicos más bajos.
Pero el efecto final dependerá de cuánto funcionen las nuevas unidades. También dependerá de la rapidez con la que entren el almacenamiento, las redes, la gestión de la demanda y las renovables gestionables.
Si esas inversiones llegan tarde, la potencia térmica terminará produciendo muchas horas. Si llegan a tiempo, podría quedar como respaldo de baja utilización. La diferencia económica y climática entre ambos escenarios es enorme.
Canarias no debería pagar dos veces. Primero, mediante una gran renovación térmica. Después, mediante almacenamiento y redes que conviertan parte de esa capacidad en activos poco utilizados.
Por eso, la planificación debe ordenar las inversiones como un conjunto. El almacenamiento renovable no puede seguir apareciendo como un complemento posterior. Debe participar desde el principio en la reducción de las necesidades de generación convencional.
Alternativas a la potencia térmica en Canarias
Convocar potencia firme, no solamente potencia térmica
La necesidad real del sistema es disponer de energía y servicios cuando se producen situaciones críticas. Esa función puede ser prestada por baterías, bombeos, respuesta de demanda, renovables gestionables y grupos térmicos flexibles.
La modificación del Real Decreto 738/2015, sometida también a audiencia pública, plantea incorporar el almacenamiento al despacho de los territorios no peninsulares. Esa reforma debería coordinarse con la convocatoria térmica, no tramitarse como un asunto separado. (MITECO)
La regulación debería permitir que distintas tecnologías compitieran por aportar capacidad firme. Cada una tendría que acreditar su duración, disponibilidad, tiempo de respuesta y contribución a la recuperación del sistema.
Adjudicar la potencia por fases
No toda la necesidad prevista para 2031 debe comprometerse de una sola vez. Podrían establecerse bloques sucesivos, vinculados a hitos verificables de demanda, almacenamiento, redes e integración renovable.
Este sistema reduciría el riesgo de sobredimensionamiento. También permitiría actualizar los cálculos cuando entren proyectos que hoy presentan incertidumbres administrativas o técnicas.
Las adjudicaciones podrían revisarse cada dos años. Así, solo se autorizaría nueva potencia térmica cuando las demás alternativas no pudieran cubrir la seguridad requerida.
Publicar escenarios de cobertura más transparentes
La sociedad canaria necesita conocer qué ocurre si el almacenamiento crece más rápido. También debe saber cuánto respaldo se evita mediante gestión de demanda, autoconsumo gestionable o nuevas interconexiones.
No basta con publicar una cifra final. Deben conocerse las sensibilidades, los fallos considerados, los márgenes de reserva y el efecto de cada infraestructura.
También sería necesario explicar por qué Gran Canaria requiere todavía 320 MW térmicos después de considerar Chira-Soria. La cifra puede estar justificada, pero sus hipótesis deben ser públicas y comprensibles.
Endurecer la senda de descarbonización
El 5 % de combustible renovable es un punto de partida demasiado modesto. La autorización debería incorporar una senda obligatoria de reducción de emisiones, revisable y compatible con la disponibilidad real de combustibles sostenibles.
También convendría establecer presupuestos máximos de emisiones durante la vida regulatoria. Sería más eficaz que confiar únicamente en una capacidad técnica declarada al inicio del proyecto.
La utilización de combustibles renovables tampoco debe convertirse en una coartada. Son recursos escasos, costosos y necesarios en actividades difíciles de electrificar. Su empleo en generación eléctrica debe justificarse con rigor.
Pagar por disponibilidad, flexibilidad y servicios
Una unidad de respaldo no debería obtener su principal valor por producir más energía. Debería ser remunerada por estar disponible, arrancar con rapidez y sostener el sistema durante situaciones críticas.
El marco debe reconocer también la inercia, el control de tensión y la capacidad de formación de red. Parte de estos servicios puede aportarse mediante baterías grid-forming y compensadores síncronos.
De esta forma, las centrales térmicas dejarían de ser la respuesta automática para cualquier necesidad técnica. Serían una pieza más dentro de un sistema diversificado y progresivamente descarbonizado.
Seguridad sin resignación fósil
La propuesta responde a una preocupación legítima. Canarias tiene un parque envejecido y no puede construir su transición sobre el riesgo permanente de apagón. Negar la necesidad de respaldo sería una irresponsabilidad.
Pero aceptar sin más 707,5 MW de potencia térmica también sería un error. La convocatoria debe convertirse en una solución transitoria, modular y revisable. No puede actuar como una autorización implícita para prolongar el modelo fósil hasta mediados de siglo.
La pregunta correcta no es si necesitamos seguridad o renovables. Necesitamos ambas. El verdadero reto consiste en garantizar el suministro con la menor cantidad posible de nueva dependencia térmica.
Canarias aún está a tiempo de corregir el enfoque. El periodo de alegaciones ofrece una oportunidad concreta para exigir una convocatoria más tecnológica, transparente y coherente con la neutralidad climática.
Propuesta de alegaciones a presentar (son de libre disposición para todo aquel que las quiera usar)
