Planta de Los Realejos: las preguntas que el proyecto no responde
La planta de Los Realejos se presenta como una respuesta urgente al déficit de generación eléctrica de Tenerife. Sin embargo, después de revisar el voluminoso expediente técnico, la conclusión no puede ser tranquilizadora. La documentación describe con detalle muchos equipos y obras, pero deja sin una respuesta suficientemente sólida algunas de las preguntas que justifican su propia existencia: ¿qué ocurriría durante un apagón general?, ¿cómo arrancaría?, ¿qué riesgos introduce el almacenamiento de propano?, ¿qué efectos tendría sobre la población cercana? y ¿por qué no se comparan otras soluciones?
Cuestionar este proyecto no significa negar los problemas del sistema eléctrico de Tenerife. Tampoco supone elegir entre esta instalación y los apagones. El debate real es si una infraestructura fósil, próxima a viviendas y con una inversión muy importante, constituye la solución adecuada y está suficientemente estudiada.
Desde Canarias Sostenible hemos examinado el proyecto técnico y sus anexos. Hemos identificado más de doscientas observaciones entre carencias documentales, contradicciones, riesgos no desarrollados, afirmaciones que necesitan demostración y decisiones aplazadas. No todas son incumplimientos legales. Afirmar eso sin una comprobación jurídica sería irresponsable. Pero el conjunto sí dibuja un proyecto cuya madurez debe ser cuestionada antes de autorizarlo o ejecutarlo.
Qué se pretende construir en La Cruz Santa
El proyecto promovido por Disa Generación prevé instalar ocho motores-generadores de ciclo Otto alimentados con propano. La potencia total anunciada es de 14,8 MW. La instalación se ubicaría en las parcelas 49 y 138 del polígono 10, en La Torre–La Gañanía, dentro del término municipal de Los Realejos.
La actuación incorpora, además, dos depósitos aéreos de propano de 200 metros cúbicos cada uno, vaporizadores, zona de descarga de cisternas, sistemas contra incendios y una conexión eléctrica. Debe valorarse como un conjunto industrial completo, con efectos dentro y fuera de la parcela.
El anuncio oficial de 2025 recogía un presupuesto de 21,04 millones de euros. Una nueva información pública publicada en mayo de 2026, vinculada a modificaciones del proyecto, elevó el presupuesto de ejecución material a 23,39 millones. La evolución económica y técnica de la actuación también merece una explicación transparente.
El rechazo local no es una cuestión menor. El Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos expresó por unanimidad su oposición al emplazamiento y presentó alegaciones. Cuando una infraestructura de esta naturaleza encuentra una objeción institucional y vecinal tan amplia, la respuesta no puede limitarse a repetir que es necesaria.
¿Puede la planta de Los Realejos evitar un apagón?
Esta es la primera pregunta y la más importante. Una cosa es disponer de 14,8 MW adicionales cuando la red está funcionando. Otra muy distinta es que esos motores puedan ayudar a reponer el servicio tras un cero eléctrico.
Para intervenir durante un apagón general, una instalación debe acreditar cómo pone en marcha sus auxiliares, cómo arranca sin tensión exterior y en qué secuencia incorpora carga. Es lo que se conoce como capacidad de arranque autónomo o black start. Debe demostrarse el funcionamiento del sistema completo en la situación extraordinaria que justifica la planta.
El expediente describe equipos eléctricos, protecciones, servicios auxiliares y conexión. Sin embargo, no incorpora un estudio dinámico completo que demuestre la respuesta de la instalación ante distintos incidentes del sistema. Tampoco acredita con claridad una secuencia de arranque autónomo desde una red completamente desenergizada.
Por eso no afirmamos que la planta sea inútil. Sí afirmamos algo más preciso: el proyecto no demuestra suficientemente que pueda cumplir la función que buena parte de la ciudadanía asocia con la palabra «emergencia». Además, 14,8 MW pueden contribuir a la cobertura de potencia, pero no resuelven por sí solos los problemas de estabilidad, inercia, control de tensión, reservas o reposición del servicio.
Dos depósitos y más de 171 toneladas de propano
La segunda gran cuestión es el combustible. La documentación analizada contempla dos depósitos horizontales aéreos de 200 metros cúbicos. De acuerdo con los datos del expediente, el inventario máximo alcanzaría aproximadamente 171 toneladas de propano. Durante las descargas podría existir, además, una cisterna conectada al sistema.
El propano puede almacenarse con seguridad cuando el diseño, las distancias y las medidas preventivas son adecuados. Por eso deben estudiarse escenarios como una fuga, un incendio, una nube inflamable, una explosión o un BLEVE: la rotura violenta de un recipiente de gas licuado a presión sometido a calentamiento.
No se trata de afirmar que estos accidentes vayan a ocurrir. Se trata de calcular sus consecuencias posibles, identificar los receptores vulnerables y comprobar si las medidas previstas reducen el riesgo a niveles aceptables. El propio expediente sitúa población a una distancia mínima reconocida de 49 metros. Esa proximidad impide despachar el asunto con fórmulas genéricas.
También debe aclararse de forma concluyente el encaje de la instalación en el Real Decreto 840/2015, que regula los accidentes graves con sustancias peligrosas. La aplicación de esta norma depende de la clasificación de la sustancia, las cantidades presentes y las reglas de cómputo. No corresponde anticipar aquí una conclusión jurídica, pero sí exigir que el expediente la justifique sin ambigüedades.
Una emergencia que depende de cisternas
El tercer problema aparece fuera de la parcela. El propano tendría que llegar por carretera desde el sur de Tenerife. Esto convierte el abastecimiento en una cadena logística que depende del suministro, la disponibilidad de vehículos, el estado de las carreteras y la posibilidad de realizar descargas cuando el sistema eléctrico atraviesa una situación crítica.
La autonomía real debe expresarse con escenarios comprensibles: horas de funcionamiento, consumo diario, cisternas necesarias y margen ante retrasos. También debe analizarse la coincidencia de una emergencia eléctrica con un incendio, un temporal o un accidente viario.
Una instalación concebida para reforzar la seguridad no debería descansar sobre un único origen de combustible y un recorrido insular prolongado sin que esa vulnerabilidad se evalúe. A ello se añaden las emisiones, el tráfico pesado y el riesgo asociado al transporte de mercancías peligrosas. Son impactos acumulativos que no desaparecen porque se produzcan lejos de los motores.
Emisiones, ruido y salud pública
La planta de Los Realejos quemaría propano en ocho motores. Aunque este combustible produce menos partículas y ciertos contaminantes que otros derivados del petróleo, continúa siendo fósil. Su combustión genera dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. En motores de gas también deben considerarse compuestos como el formaldehído y las emisiones de metano no quemado.
El análisis no puede limitarse a comprobar valores en la salida de las chimeneas. Hace falta conocer cómo se dispersan los contaminantes con la meteorología real del lugar, la topografía y la proximidad de viviendas. Una modelización de dispersión permitiría estimar las concentraciones en los receptores y valorar diferentes condiciones de funcionamiento.
Lo mismo ocurre con el ruido. Ocho motores, ventiladores, radiadores, transformadores y operaciones de descarga pueden generar una huella acústica distinta durante el día y la noche. Las bajas frecuencias, las vibraciones y los arranques no quedan bien representados mediante una cifra aislada. Debe existir una evaluación completa, con receptores claramente identificados y escenarios desfavorables.
El expediente no desarrolla una evaluación específica de salud pública que integre emisiones, ruido, tráfico y percepción del riesgo. Cerca de población, ese enfoque conjunto es una obligación de prudencia.
Suelo, agua y diseño todavía pendiente
El terreno tampoco ofrece una imagen sencilla. El estudio geotécnico de la planta de los Realejos describe materiales de relleno antrópico y presencia de residuos plásticos. El proyecto contempla retirar 6.653,49 metros cúbicos de acopios, realizar desmontes superiores a 3.000 metros cúbicos y ejecutar terraplenes. Estas magnitudes exigen caracterizar bien el suelo y justificar cimentaciones, estabilidad y gestión de los materiales retirados.
Una de las admisiones más relevantes aparece en el estudio hidrológico e hidráulico. Ese documento reconoce que, cuando fue redactado, no se disponía de la ubicación exacta de la instalación dentro del área estudiada. Por ello no pudo definir ni dimensionar de forma concreta el drenaje perimetral. Varios análisis detallados quedaron para una fase posterior, una vez conocido el diseño definitivo.
Ese reconocimiento no invalida todo el estudio, pero sí limita su alcance. La plataforma, los muros, los depósitos y los viales modifican la escorrentía. Por tanto, el riesgo hidráulico debe recalcularse sobre la implantación final, incluyendo la evacuación de pluviales y las aguas potencialmente contaminadas utilizadas en la extinción de un incendio.
Un proyecto con contradicciones y decisiones aplazadas
La documentación reúne revisiones elaboradas en momentos diferentes. Aparecen cifras económicas que evolucionan, equipos definidos mediante expresiones como «o similar», datos provisionales y soluciones remitidas a fases posteriores. En un expediente tan amplio puede haber cambios. Lo preocupante surge cuando esos cambios afectan a cálculos de seguridad, impacto o dimensionamiento y no existe una trazabilidad sencilla.
Por esa razón, las más de doscientas observaciones deben clasificarse con cuidado. Unas son contradicciones internas; otras, carencias documentales. También existen riesgos no evaluados, afirmaciones no demostradas y posibles cuestiones jurídicas pendientes de comprobación. Esta metodología evita exageraciones y permite formular preguntas verificables.
La Administración debería exigir un documento consolidado que identifique qué versión está vigente, qué parámetros son definitivos y qué cálculos deben actualizarse. La ciudadanía no tendría que reconstruir por su cuenta un rompecabezas de memorias, adendas y anexos para saber qué se pretende autorizar.
Las alternativas no pueden quedar fuera
La seguridad de suministro de Tenerife requiere soluciones. Sin embargo, necesidad no equivale a idoneidad. Antes de comprometer decenas de millones y nueva infraestructura fósil, debe compararse la planta de Los Realejos con alternativas capaces de prestar servicios equivalentes.
Entre ellas deben estudiarse baterías con capacidad de formación de red, compensadores síncronos, refuerzos de red, gestión de demanda y generación renovable gestionable. No todas sirven para lo mismo. Por eso hace falta una comparación basada en potencia, respuesta, autonomía, control de tensión, reposición y emisiones.
La Estrategia de Almacenamiento Energético reconoce el papel del almacenamiento en la flexibilidad, la estabilidad y la seguridad del sistema, con especial atención a territorios no peninsulares. Ignorar estas opciones o mencionarlas sin analizarlas no constituye una evaluación real de alternativas.
También debe definirse la duración de la instalación. ¿Cuántos años funcionaría? ¿Qué número máximo de horas anuales tendría? ¿Qué circunstancias permitirían activarla? ¿Cuándo y con qué garantías se desmantelaría? Una infraestructura llamada temporal puede acabar consolidándose si no existen fechas, límites y obligaciones verificables.
Lo que debe aclararse antes de autorizar la planta de Los Realejos
La posición de Canarias Sostenible es clara: Tenerife necesita seguridad eléctrica, pero no cualquier solución ni a cualquier precio. Antes de avanzar, el promotor y la Administración deben responder, al menos, a estas cuestiones:
- Demostrar mediante estudios dinámicos cómo actuaría la planta ante fallos reales del sistema.
- Acreditar su capacidad de arranque autónomo o explicar con precisión de qué alimentación exterior dependería.
- Calcular las consecuencias de los accidentes graves razonablemente previsibles.
- Justificar las distancias y las medidas de protección respecto a viviendas y otros receptores.
- Determinar sin ambigüedad la normativa aplicable al almacenamiento de propano.
- Evaluar la logística del combustible, la autonomía y el tráfico de cisternas.
- Completar los estudios de dispersión de contaminantes, ruido, vibraciones y salud pública.
- Actualizar los análisis geotécnicos e hidráulicos con el diseño definitivo.
- Presentar una comparación técnica, ambiental y económica de alternativas.
- Fijar duración, límites de funcionamiento, condiciones de cierre y desmantelamiento.
La planta de Los Realejos no debe juzgarse por su etiqueta, sino por lo que puede demostrar. «Emergencia» no puede convertirse en una palabra que rebaje las exigencias técnicas, ambientales o democráticas. Al contrario: cuanto más excepcional sea la justificación, mayor debe ser la calidad de las pruebas.
Este artículo abre un expediente ciudadano que irá publicando los análisis temáticos, la tabla de evidencias, un resumen divulgativo y la documentación necesaria para comprobar cada afirmación. El objetivo no es alimentar el miedo. Es evitar que la urgencia sustituya a la planificación y que una decisión con consecuencias para décadas se adopte sin responder antes a las preguntas esenciales.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
alvaro.medina@canarias-sostenible.es
