Mercado de capacidad: Canarias necesita el suyo
El mercado de capacidad ya es una realidad en el sistema eléctrico peninsular. España ha decidido pagar por algo que hasta ahora permanecía en segundo plano: que exista potencia firme disponible cuando el sistema realmente la necesite. Canarias queda fuera del nuevo mecanismo y, precisamente por eso, conviene empezar a preguntarnos qué modelo necesitamos nosotros.
La Orden TED/966/2026 fue publicada en el BOE el 17 de septiembre y entró en vigor al día siguiente. Su objetivo es garantizar suficiente potencia firme mediante procedimientos competitivos. Pueden participar generación, almacenamiento, consumidores y agregadores. La cuestión va mucho más allá de una nueva norma peninsular, porque nos obliga a mirar hacia nuestros propios sistemas eléctricos y hacia una fecha que se acerca con rapidez: el 31 de diciembre de 2029.
Qué cambia con el mercado de capacidad
Durante décadas hemos pensado el sistema eléctrico alrededor de la energía producida. Una central generaba MWh y recibía ingresos por ellos. La transición renovable altera esa lógica.
La solar y la eólica producen electricidad sin combustible y con costes variables muy reducidos. Cuanta más renovable entra en el sistema, más horas aparecen con precios bajos. Eso es positivo, pero crea una dificultad: algunas instalaciones necesarias durante situaciones críticas pueden funcionar pocas horas y no recuperar sus costes únicamente vendiendo energía.
El mercado de capacidad añade otra fuente de ingresos. Ya no se paga solo por producir; también se paga por estar disponible cuando el sistema lo necesita.
Hay una segunda innovación todavía más interesante. La norma no identifica automáticamente potencia instalada con potencia firme. Utiliza coeficientes que pretenden reflejar cuánto puede aportar realmente cada tecnología a la seguridad de suministro.
Una batería, una central térmica, una demanda flexible o una instalación renovable pueden tener valores distintos. Ese cambio de enfoque resulta especialmente interesante para Canarias.
Un debate que ya habíamos iniciado
En enero de este año publicamos en Canarias-sostenible.es “El Mercado de Capacidad. Un Paso Necesario”. Entonces defendimos que almacenamiento, demanda y generación debían poder competir cuando fueran capaces de aportar firmeza.
Los meses siguientes nos llevaron más lejos. Al analizar baterías, reserva rodante, grid-forming, control de tensión y estabilidad apareció una conclusión recurrente: un sistema eléctrico necesita bastante más que energía almacenada o generación instalada.
Necesita potencia disponible en los momentos críticos, capacidad para reaccionar ante desequilibrios y recursos capaces de sostener frecuencia y tensión. En sistemas pequeños como los nuestros, esas prestaciones adquieren todavía mayor importancia.
Canarias tiene otro modelo
Que Canarias quede fuera del nuevo mercado de capacidad no significa que hoy carezcamos de mecanismos para garantizar el suministro.
Nuestro régimen está construido fundamentalmente alrededor del Real Decreto 738/2015. Es una regulación específica para los territorios no peninsulares y responde a una realidad evidente: operar Tenerife, Gran Canaria o La Palma poco tiene que ver con operar una gran red continental.
La dificultad aparece cuando miramos hacia el futuro. El modelo actual identifica necesidades de cobertura y las aborda principalmente mediante generación gestionable. Mientras tanto, han aparecido recursos que hace una década tenían una presencia marginal: grandes baterías, agregadores, respuesta de demanda, hibridación y electrónica avanzada de potencia.
La tecnología ha evolucionado mucho más rápido que la regulación. Y eso obliga a replantear cómo compramos seguridad de suministro.
Mercado de capacidad y los 707,5 MW de Canarias
En julio, el MITECO inició la tramitación de un segundo procedimiento de concurrencia competitiva para los territorios no peninsulares.
El análisis realizado por Red Eléctrica identifica para 2031 necesidades adicionales de 320 MW en Gran Canaria, 230,5 MW en Tenerife-La Gomera, 95 MW en Lanzarote-Fuerteventura, 52 MW en La Palma y 10 MW en El Hierro.
En total, 707,5 MW para Canarias.
La necesidad de garantizar el suministro merece todo el respeto técnico. La discusión está en cómo traducimos esa necesidad en inversiones.
¿Por qué una necesidad de cobertura debe conducir desde el principio hacia determinadas tecnologías? Parece más razonable definir primero qué necesita físicamente cada sistema y permitir después que diferentes recursos demuestren cuánto pueden aportar.
Es posible que una parte siga necesitando generación térmica durante años. Sería poco serio negarlo. Pero esa conclusión debería aparecer después del análisis y de comparar las alternativas, no antes.
2029 no acaba con la singularidad canaria
Aquí conviene aclarar una cuestión que puede prestarse a confusión.
La singularidad regulatoria de Canarias no desaparece el 31 de diciembre de 2029. Europa reconoce nuestra condición de región ultraperiférica y admite excepciones específicas derivadas de nuestro aislamiento eléctrico.
Lo que llega hasta finales de 2029 es el periodo actualmente reconocido para el mecanismo retributivo regulado asociado al RD 738/2015.
La Comisión Europea considera que ese sistema puede entenderse como equivalente a un mecanismo de capacidad. Para el periodo posterior ha rechazado mantener determinadas excepciones que limitarían la participación de almacenamiento, flexibilidad y respuesta de demanda.
Eso convierte los próximos años en una oportunidad regulatoria y también en una responsabilidad. Las decisiones que adoptemos ahora pueden condicionar buena parte del sistema eléctrico de la década de 2030.
Canarias necesita un modelo propio
No creo que la respuesta adecuada sea pedir que Canarias entre sin más en el mercado peninsular. Nuestros sistemas necesitan un diseño adaptado a su realidad física.
Hoy tenemos cinco sistemas eléctricos: Gran Canaria, Tenerife-La Gomera, Lanzarote-Fuerteventura, La Palma y El Hierro. Cada uno tiene su tamaño, su red, su generación y sus vulnerabilidades.
Por eso proponemos desarrollar un Marco Canario de Suficiencia, Flexibilidad y Servicios de Sistema.
Su arquitectura debería separar cuatro cuestiones. La primera sería la suficiencia: cuánta potencia firme necesitamos para garantizar el suministro. La segunda, la flexibilidad: con qué rapidez pueden generación, almacenamiento o consumidores modificar su comportamiento.
La tercera serían los servicios de sistema, donde entrarían funciones como frecuencia, tensión, formación de red, autoenergización o reposición. La cuarta correspondería a las restricciones de red, que requieren sus propias soluciones.
Separar esos problemas parece una cuestión técnica, pero cambia profundamente la forma de decidir las inversiones.
Pagar por lo que cada tecnología aporta
Una batería no debería cobrar simplemente porque tenga 100 MW escritos en su ficha técnica. Debe demostrar cuánto tiempo puede mantenerlos y qué energía conserva cuando llega una situación crítica.
Una central térmica tampoco debería considerarse automáticamente firme por toda su potencia nominal. Tiene fallos, mantenimientos y restricciones que deben incorporarse a su valoración.
Una gran desaladora podría aportar capacidad si acepta reducir consumo durante determinadas horas. Del mismo modo, una instalación con inversores grid-forming puede prestar servicios de estabilidad que otra batería convencional no proporciona.
Cada recurso debería cobrar por aquello que realmente aporta y pueda demostrar. Aplicar bien este principio cambiaría de forma profunda la manera en que Canarias remunera la seguridad de su sistema eléctrico.
No todo debe resolverse con la misma herramienta
Otro aspecto importante es evitar que el futuro mercado de capacidad se convierta en una solución para cualquier problema eléctrico.
La suficiencia es una cosa. La flexibilidad es otra. También lo son las restricciones de red y los servicios necesarios para mantener estable un sistema con mucha electrónica de potencia.
Un BESS puede aportar firmeza y, al mismo tiempo, regulación rápida. Pero ambas prestaciones deben distinguirse. Lo mismo ocurre con el control de tensión, el black-start o la formación de red.
La regulación debería describir qué necesita y pagar por cada prestación cuando corresponda. Así se evita remunerar dos veces lo mismo y también se reconoce el verdadero valor de tecnologías que pueden prestar varios servicios.
El riesgo de llegar tarde
Hay una cuestión que me preocupa especialmente. Mientras pensamos en el régimen que necesitaremos después de 2029, estamos tramitando ahora decisiones destinadas a cubrir las necesidades de 2031.
Los compromisos que adoptemos hoy pueden acompañarnos durante muchos años. Por eso este debate no debe comenzar cuando expire el marco actual, sino bastante antes.
No hablamos de poner en riesgo la seguridad del suministro. La finalidad es justamente la contraria: garantizarla utilizando todas las alternativas disponibles y evitar que una necesidad temporal de respaldo termine convirtiéndose en una dependencia fósil durante décadas.
Primero la necesidad, después la tecnología
Durante mucho tiempo hemos preguntado cuántos nuevos grupos necesita Canarias. Creo que debemos cambiar el orden de esa reflexión.
Primero deberíamos preguntar qué necesita cada sistema para funcionar con seguridad. Después habrá que determinar cuánto aporta la red, qué puede hacer el almacenamiento, cuánto puede contribuir la demanda y qué generación existente continúa siendo imprescindible.
Solo entonces debería aparecer la potencia convencional adicional que realmente resulte necesaria.
Este enfoque protege la seguridad del suministro y abre una puerta mucho más amplia a la descarbonización. Además, permite comparar tecnologías utilizando una referencia común: su aportación real al sistema y su coste total.
Al final de esta entrada adjuntamos el documento técnico “Marco Canario de Suficiencia, Flexibilidad y Servicios de Sistema”. En él desarrollamos con mayor profundidad la propuesta, su fundamento regulatorio, las particularidades de los sistemas insulares y una posible hoja de ruta hasta 2030.
Canarias necesita potencia firme. Eso está fuera de discusión. Lo que merece discutirse —y cuanto antes— es quién puede proporcionarla, cómo debemos remunerarla y qué sistema eléctrico queremos dejar construido para las próximas décadas.
Marco Canario de Suficiencia, Flexibilidad y Servicios de Sistema (WEB)
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
alvaro.medina@canarias-sostenible.es
Telegram:@alvaromedina1
