Quién paga Tigaiga: ¿una coartada política?
Quién paga Tigaiga no es una pregunta menor. Tampoco es un tecnicismo sobre liquidaciones eléctricas. Detrás de esa cuestión aparece algo mucho más incómodo: quién decidió impulsar estas plantas, quién tramita su autorización, quién invierte en ellas, quién recuperará los costes y, finalmente, quién pretende asumir —o eludir— la responsabilidad política cuando lleguen las consecuencias.
Las recientes declaraciones del alcalde de Los Realejos, Adolfo González, merecen por ello una lectura bastante más profunda que el aparente enfrentamiento entre dirigentes del Partido Popular. El alcalde se coloca ahora decididamente junto a los vecinos de Cruz Santa y rechaza la planta de Tigaiga. Está en su derecho. Incluso podría ser una decisión acertada.
El problema aparece cuando intenta explicar quién es responsable de que la planta esté aquí.
Quién paga Tigaiga según el alcalde
En declaraciones recogidas por Canarias Ahora, Adolfo González sostiene que se trata de unas plantas que permite y costea el Ministerio para la Transición Ecológica. Añade que es el Ministerio quien paga a la empresa y que el Gobierno de Canarias prácticamente debe aceptar lo que llega desde Madrid.
La explicación tiene una enorme virtud política: desplaza la responsabilidad hacia fuera de Canarias.
Pero el procedimiento administrativo y económico es bastante más complejo.
Conviene reconocer algo antes de continuar. El propio Gobierno de Canarias anunció el 17 de diciembre de 2025 que el proyecto estaba «financiado íntegramente por el Gobierno de España». Por tanto, el alcalde no se ha sacado esa idea de la nada. Es una formulación utilizada por su propio Gobierno autonómico.
Sin embargo, cuando abandonamos los titulares políticos y acudimos a las normas, la fotografía cambia considerablemente.
El Ministerio no encargó una planta pública a DISA
El Real Decreto 738/2015 establece el procedimiento para estas medidas extraordinarias. Cuando el operador del sistema detecta riesgos de cobertura, corresponde a la comunidad autónoma solicitar al Estado el reconocimiento de las repercusiones económicas de las medidas que pretende adoptar.
Eso es exactamente lo ocurrido en Canarias.
La Orden TED/909/2025 deja constancia de que fue la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias la que solicitó al Ministerio ese reconocimiento económico. En Tenerife pidió medidas extraordinarias por 71,6 MW e indicó emplazamientos preferentes y tecnologías.
El Ministerio, por tanto, no decidió unilateralmente colocar una planta de DISA en Los Realejos.
Tampoco es propietario de la planta de emergencia.
El anuncio oficial actualmente sometido a tramitación identifica inequívocamente como peticionario y titular a DISA Generación, S.L.U. Además, la autorización se solicita ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, que figura como órgano competente para autorizar el proyecto.
Eso se parece bastante poco a una instalación que Madrid envía a Canarias y que el Ejecutivo autonómico se limita a aceptar resignadamente.
DISA invierte; después solicita el reconocimiento de sus costes
También merece explicación la afirmación de que el Ministerio «le paga a la empresa».
La Orden TED/909/2025 dice algo más preciso. Los titulares de las instalaciones incurren en costes e inversiones y, posteriormente, pueden solicitar su reconocimiento. La solicitud debe acompañarse de una auditoría de los costes soportados. La Administración determina después qué costes e inversiones reconoce.
Es decir, DISA desarrolla una instalación de su propiedad y realiza la inversión correspondiente.
No estamos ante una obra pública adjudicada por el Ministerio a DISA ni ante una central perteneciente al Estado.
Una vez puesta en servicio, los costes e inversiones que cumplan las condiciones establecidas pueden ser reconocidos mediante el mecanismo extraordinario. Incluso existen pagos provisionales a cuenta, pero siempre dentro de una liquidación posterior del extracoste eléctrico.
Por eso, decir simplemente que «el Ministerio paga la planta» puede servir para una declaración política de veinte segundos. Para explicar a la ciudadanía lo que realmente sucede resulta claramente insuficiente para aclarar quien paga Tigaiga.
Al final sí pagamos todos
Lo anterior tampoco significa que la inversión vaya a quedar finalmente sobre las espaldas de DISA.
Aquí está precisamente una de las cuestiones más importantes.
Los costes e inversiones que sean reconocidos se integrarán como extracoste de producción de los sistemas eléctricos no peninsulares. El artículo 72 del RD 738/2015 establece que ese extracoste se financia en un 50 % mediante los Presupuestos Generales del Estado. La parte restante corresponde al sistema eléctrico.
Por tanto, cuando preguntamos quién paga Tigaiga, la respuesta final conduce en buena medida al conjunto de la sociedad.
DISA pone en marcha una inversión privada y es propietaria de la instalación. Después puede recuperar los costes e inversiones reconocidos mediante un mecanismo regulado que acaba incorporándose al extracoste del sistema.
Esta diferencia no es semántica. Es fundamental para entender dónde están el riesgo empresarial, la decisión pública y el dinero colectivo.
En diciembre estaba satisfecho
Hay además una cuestión política difícil de ignorar.
El 17 de diciembre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó públicamente la nueva ubicación de La Gañanía como resultado de un acuerdo entre el Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento de Los Realejos y DISA. En aquella reunión participaron el vicepresidente canario Manuel Domínguez, el consejero Mariano Hernández Zapata, responsables de Energía, DISA y el propio alcalde.
Adolfo González agradeció entonces el esfuerzo para trasladar la instalación y aseguró que estaban «satisfechos» porque se había dialogado y respondido a las peticiones de los vecinos. Incluso destacó como una ventaja que las zonas próximas pudieran recuperar antes el suministro tras un apagón.
Ahora sostiene que la planta no tiene cabida allí.
Cambiar de opinión es perfectamente legítimo. Un responsable público puede recibir nueva información, escuchar a otros vecinos o reconsiderar una decisión.
Lo que necesita explicación es qué ha cambiado.
Del acuerdo al «yo poco puedo hacer»
El relato actual presenta una secuencia sorprendente.
En diciembre había acuerdo, cooperación institucional, satisfacción y una solución considerada positiva. Meses después, cuando surge una nueva plataforma vecinal contraria a la ubicación, el alcalde vuelve a ponerse al frente del rechazo y sostiene que prácticamente solo puede protestar porque la decisión procede del Ministerio.
Pero el Gobierno autonómico que impulsa y tramita estas plantas está cogobernado por su propia formación política. El consejero responsable de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, también pertenece al Partido Popular. Y el vicepresidente Manuel Domínguez participó personalmente en el acuerdo de diciembre.
Por eso cuesta aceptar una representación política en la que parece que nadie tiene responsabilidad.
Madrid reconoce las repercusiones económicas.
Canarias solicita las medidas y tramita las instalaciones.
DISA promueve y construye su planta.
El Ayuntamiento participó en el acuerdo sobre la nueva ubicación.
Todos forman parte de la historia.
¿Estamos viendo cómo se prepara una coartada política?
A partir de aquí abandonamos los hechos documentales y entramos deliberadamente en el terreno de la interpretación.
No tenemos ninguna prueba que permita afirmar que Adolfo González haya diseñado conscientemente una estrategia electoral para desligarse de Tigaiga. Sería irresponsable presentarlo como un hecho.
Pero sí tenemos derecho a observar la secuencia y hacernos una pregunta.
El alcalde apoyó la reubicación cuando se presentó como solución al conflicto de La Zamora. Ahora que otros vecinos se movilizan, se coloca nuevamente a su lado. Y, al mismo tiempo, construye un relato según el cual el Ministerio paga, el Gobierno autonómico tiene que aceptar y el Ayuntamiento apenas puede hacer otra cosa que protestar.
La pregunta resulta inevitable:
¿Se está preparando políticamente el terreno para que, si finalmente Tigaiga se construye, el alcalde pueda decir a sus vecinos que hizo todo lo posible, mientras su propio partido continúa impulsando el proyecto desde el Gobierno de Canarias?
Puede que no sea así.
Pero quien quiera despejar esa sospecha tiene una forma extraordinariamente sencilla de hacerlo: explicar con absoluta transparencia qué defendió en diciembre, qué ha cambiado desde entonces y qué actuaciones concretas piensa exigir a sus compañeros de partido en el Ejecutivo autonómico.
La responsabilidad no puede viajar siempre hacia Madrid
En Canarias Sostenible ya hemos analizado las preguntas pendientes del proyecto, su comportamiento ante un apagón y los riesgos asociados al propano en Cruz Santa. Este debate político añade ahora otro elemento: la responsabilidad pública sobre las decisiones tomadas.
No cuestionamos que el alcalde defienda a los vecinos. Al contrario. Si considera que Tigaiga no debe construirse allí, debería mantener esa posición con toda la firmeza institucional disponible.
Lo que resulta mucho menos aceptable es defender a los vecinos mientras se ofrece una explicación que convierte al Gobierno de Canarias en poco más que un espectador obligado de una decisión estatal.
Los documentos cuentan otra historia.
Y cuando una infraestructura privada puede terminar recuperando buena parte de sus costes mediante dinero procedente del sistema eléctrico y de los Presupuestos Generales del Estado, la ciudadanía tiene todavía más derecho a saber quién decidió qué, quién autorizó qué y quién responderá políticamente por ello.
La emergencia energética no puede convertirse también en una emergencia de responsabilidades.
Porque cuando Tigaiga deje de ser un expediente y se convierta, si finalmente se autoriza, en ocho motores y dos depósitos de propano sobre el terreno, será demasiado sencillo mirar hacia Madrid y decir: nosotros intentamos impedirlo.
Antes de llegar a ese momento, conviene dejar las responsabilidades escritas y tener claro quién paga Tigaiga.
¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
