Propiedad energética: ¿de quién será la energía de Tenerife?
Tenerife tendrá que transformar profundamente su sistema eléctrico durante las próximas décadas. Necesitará más generación renovable, más almacenamiento, nuevas infraestructuras de red y una operación mucho más flexible de la que hemos conocido hasta ahora. Sobre todo ello hablamos con frecuencia. Sin embargo, hay una pregunta relacionada con la propiedad energética que rara vez ocupa el centro del debate: ¿de quién serán todas esas infraestructuras?
Puede parecer una cuestión secundaria frente a los grandes desafíos técnicos de la transición energética. No lo es. Cada aerogenerador, cada planta fotovoltaica, cada batería y cada nueva infraestructura eléctrica representa también una inversión y un activo capaz de producir valor durante muchos años.
Por eso merece la pena detenernos antes de seguir contando megavatios.
Estamos construyendo un nuevo sistema eléctrico
La transición energética suele explicarse mediante objetivos de potencia instalada, porcentajes de generación renovable, reducción de emisiones o sustitución progresiva de combustibles fósiles. Son indicadores necesarios. En un territorio insular como Canarias, además, deben añadirse cuestiones especialmente complejas como la estabilidad, los vertidos, el almacenamiento o la capacidad de las redes.
En Canarias Sostenible hemos analizado en otras ocasiones cómo la generación renovable avanza a ritmos diferentes en cada sistema insular y por qué no basta con sumar megavatios instalados. También hemos explicado la importancia de la red de transporte eléctrica de Tenerife para poder integrar la transformación que deberá producirse durante los próximos años.
Quien quiera aproximarse a la fotografía más reciente del sistema puede consultar también el balance del sistema eléctrico de Canarias 2025 publicado por Red Eléctrica, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del MITECO o mejor aún información propia de esta casa en el Observatorio Energético de Canarias con datos actualizados a 31 de julio de 2026.
Pero detrás de todas esas cifras existe algo menos visible.
Estamos construyendo activos.
No hablamos solamente de megavatios
Un parque eólico no desaparece después de producir su primer megavatio hora. Una instalación fotovoltaica tampoco. Son infraestructuras concebidas para funcionar durante décadas y generar electricidad durante buena parte de su vida útil.
Eso significa que la transformación energética de Tenerife implicará también la creación de un importante patrimonio productivo. Habrá terrenos, instalaciones, equipos, sistemas de almacenamiento, derechos económicos, contratos, conexiones y flujos de ingresos vinculados a la producción y gestión de electricidad.
Cuando hablamos de transición energética solemos concentrarnos en la primera dimensión: qué necesitamos instalar.
Quizá deberíamos empezar a prestar atención también a la segunda:
¿quién será propietario de lo que instalemos?
La pregunta puede parecer sencilla, pero cambia considerablemente la forma de observar el proceso.
La propiedad energética también forma parte de la transición
Imaginemos Tenerife dentro de veinticinco años.
Buena parte de las instalaciones que entonces produzcan electricidad todavía no existen. Habrá nuevos parques renovables, sistemas de almacenamiento y redes reforzadas. Algunas tecnologías habrán evolucionado y otras que hoy comienzan a desarrollarse estarán plenamente incorporadas al sistema.
Todo ese conjunto tendrá propietarios.
Podrán ser compañías eléctricas, promotores especializados, fondos de inversión, empresas locales, instituciones públicas u otras estructuras empresariales. Nada de ello resulta, por sí mismo, extraño ni ilegítimo. La transición energética necesita inversiones importantes y empresas capaces de asumir riesgos, desarrollar proyectos y operar instalaciones complejas.
Pero reconocerlo no obliga a dar por cerrado el debate sobre la propiedad energética.
Podemos plantearnos otra posibilidad.
¿Por qué quienes viven en el territorio donde se desarrolla esa transformación no podrían participar también, de alguna manera, en la propiedad de una parte de esos activos?
No hablamos todavía de cómo hacerlo. Tampoco estamos afirmando que exista una fórmula sencilla ni que cualquier proyecto deba adoptar ese modelo. La pregunta, por ahora, es mucho más elemental: ¿merece la pena estudiarlo?
El territorio percibe perfectamente las instalaciones
Una infraestructura energética tiene una característica muy particular: sus efectos territoriales son visibles.
Un aerogenerador modifica el paisaje. Una planta fotovoltaica necesita superficie. Las instalaciones requieren accesos, centros de transformación, líneas eléctricas y puntos de conexión. Dependiendo de su ubicación, pueden aparecer conflictos con otros usos del suelo, actividades agrícolas, biodiversidad o núcleos habitados.
La necesidad de descarbonizar nuestra economía no hace desaparecer estas cuestiones. Por eso hemos defendido anteriormente que la excelencia territorial de un proyecto renovable debe significar algo más que conseguir permisos.
La participación económica tampoco puede convertir un emplazamiento inadecuado en adecuado. Una instalación debe superar los mismos criterios ambientales, territoriales y técnicos independientemente de quién sea su propietario.
Pero existe otro elemento que sí merece ser analizado.
Los impactos de las infraestructuras se perciben con enorme facilidad. Los beneficios que dejan en el territorio no siempre resultan igual de evidentes.
¿Dónde queda el valor que se genera?
La electricidad producida por una instalación tiene valor. Ese valor permite pagar la inversión, financiar la operación, atender la deuda y, cuando el proyecto funciona correctamente, generar resultados económicos.
Durante años solemos pensar ese proceso desde fuera. Una empresa desarrolla el proyecto, construye la instalación y vende la energía. El territorio recibe la infraestructura, determinados ingresos fiscales, actividad económica, empleo durante distintas fases y otros posibles retornos.
Pero podemos formular una pregunta diferente.
¿Qué ocurriría si una parte del valor generado permaneciera vinculada durante décadas a la sociedad que acoge esas instalaciones porque esta participara también en su propiedad?
La diferencia conceptual es importante.
Ya no estaríamos hablando solamente de cuánto beneficio deja un proyecto en el territorio. Estaríamos hablando de quién posee el activo que genera ese beneficio.
Y esa es una discusión bastante más profunda.
No se trata de enfrentar propiedad privada y propiedad ciudadana
Conviene evitar desde el principio un falso dilema. Esta reflexión no pretende sostener que la inversión privada sea un problema ni que la transición energética pueda desarrollarse prescindiendo de empresas, promotores o capital profesional.
Sería poco realista.
El desafío energético de Canarias exige inversiones elevadas, conocimiento técnico, financiación, capacidad industrial y gestión especializada. El sector privado tendrá necesariamente un papel relevante.
La cuestión que planteamos es si ese debe ser el único modelo posible.
Entre una infraestructura completamente privada y una infraestructura completamente pública existe un amplio espacio para desarrollar fórmulas de participación diferentes. Ciudadanos, pequeñas empresas, entidades locales y otras organizaciones podrían tener también un papel económico en una parte de los activos que vayan construyéndose.
No estamos dando todavía por buena ninguna fórmula concreta.
Estamos abriendo la pregunta.
Porque los activos permanecen mucho más que las obras
Hay además una diferencia temporal que resulta fundamental.
La construcción de un parque puede durar meses. Sus efectos económicos pueden prolongarse durante décadas.
Cuando finalizan las obras desaparece buena parte de la actividad asociada a la construcción, pero el activo continúa produciendo electricidad. Continúa generando ingresos. Continúa teniendo un propietario.
Por eso la discusión sobre propiedad energética tiene una dimensión que va bastante más allá del empleo temporal o de las compensaciones asociadas a un proyecto concreto.
Estamos decidiendo, aunque pocas veces lo formulemos en esos términos, cómo se distribuirá la propiedad de una parte importante de la infraestructura productiva de la Tenerife del futuro.
Dentro de veinte o treinta años podremos mirar hacia atrás y comprobar cuántos combustibles fósiles conseguimos sustituir, cuánta electricidad renovable generamos y cuánto hemos reducido nuestras emisiones.
Pero podremos hacernos también otra pregunta:
¿qué patrimonio quedó en manos de quienes viven aquí?
Una pregunta antes de buscar una respuesta
Canarias Sostenible quiere dedicar una serie de artículos a explorar la cuestión de la propiedad energética.
No partimos de la conclusión de que exista una solución sencilla. Tampoco pretendemos presentar desde el primer día una estructura cerrada y pedir al lector que la acepte.
Queremos hacer exactamente lo contrario.
Primero plantearemos el problema. Después analizaremos los impactos territoriales, el reparto de beneficios, las posibilidades de participación ciudadana y las herramientas jurídicas existentes. Más adelante llegará el momento de estudiar números, riesgos, financiación y límites técnicos.
Solo después podremos preguntarnos si existe una propuesta que merezca ser desarrollada seriamente para Tenerife.
Porque antes de discutir cómo podría hacerse, conviene responder a una cuestión mucho más básica.
Durante años hemos preguntado cuántos aerogeneradores necesita Tenerife, cuántos paneles solares debemos instalar, cuánto almacenamiento será necesario y qué redes habrá que construir.
Todas esas preguntas siguen siendo imprescindibles.
Pero quizás nos falta una.
¿Quién será propietario de las infraestructuras que producirán la energía de Tenerife durante las próximas décadas?
Esta serie comienza precisamente ahí.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
alvaro.medina@canarias-sostenible.es
Telegram:@alvaromedina1
