El territorio ve los aerogeneradores. ¿Pero dónde ve los beneficios?
Los beneficios locales de la transición energética no se perciben con la misma facilidad que sus impactos. Un aerogenerador se ve desde kilómetros de distancia. Una planta fotovoltaica ocupa una superficie concreta. Una nueva línea eléctrica modifica el territorio por el que discurre. Los retornos económicos, en cambio, son mucho menos visibles y no siempre resulta sencillo saber quién los recibe, durante cuánto tiempo o qué parte permanece realmente en la isla.
Esta diferencia no demuestra que los proyectos renovables no aporten beneficios locales al territorio. Sí pueden generarlos. Pero abre una pregunta que merece ser formulada antes de avanzar en esta serie: cuando una infraestructura utiliza durante décadas el sol, el viento y el territorio de Tenerife para producir electricidad, ¿dónde queda el valor económico que genera?
Los impactos tienen una dirección
En la primera entrega de esta serie, planteamos quién será propietario de las infraestructuras energéticas que Tenerife construirá durante las próximas décadas. Después dimos un paso que consideramos imprescindible: reconocer que la transición energética necesita territorio y que las renovables también producen impactos.
La isla no es un plano vacío sobre el que puedan colocarse instalaciones atendiendo únicamente al recurso eólico o solar. Hay paisaje, agricultura, biodiversidad, núcleos poblados, infraestructuras, actividades económicas y formas diferentes de relacionarse con cada territorio.
Por eso no todo proyecto renovable es automáticamente un buen proyecto. Hemos defendido anteriormente que la excelencia territorial de las renovables debe significar bastante más que conseguir una autorización administrativa. La protección ambiental, territorial y paisajística debe mantenerse con independencia de quién promueva o posea una instalación.
Pero una vez reconocido todo eso aparece otro problema.
Los impactos suelen estar territorialmente muy localizados. Los beneficios pueden estar mucho más dispersos.
Los proyectos sí dejan beneficios locales y no locales
Sería injusto afirmar que una instalación renovable llega a un municipio, ocupa suelo, produce electricidad y no deja ningún beneficio local a cambio. Dependiendo del proyecto, puede generar actividad durante su construcción, contratación de empresas, empleo, arrendamientos, determinados ingresos municipales, trabajos de operación y mantenimiento y otros efectos económicos.
Todo eso cuenta.
También existen beneficios que trascienden al municipio donde está situada la instalación. Cada megavatio hora renovable que consigue integrarse adecuadamente en el sistema puede contribuir a reducir la necesidad de generar electricidad con combustibles fósiles importados, disminuir emisiones y avanzar en la descarbonización de Canarias.
El problema no está en negar esos beneficios. Está en comprender cómo se distribuyen.
Un ingreso fiscal corresponde a una administración. Un alquiler beneficia al propietario del suelo. Un contrato beneficia a la empresa que lo ejecuta y a sus trabajadores. El menor consumo de combustibles puede beneficiar al conjunto del sistema eléctrico. Y la rentabilidad que finalmente produzca el activo pertenece a quien haya asumido la inversión y sea propietario de la instalación.
Son beneficios diferentes y no deben mezclarse.
El empleo importa, pero también importa el tiempo
Existe además una cuestión temporal que fácilmente pasa desapercibida.
La construcción concentra durante un periodo determinado una parte importante de la actividad económica asociada a un proyecto. Cuando termina la obra, cambia también el tipo y la intensidad de esa actividad. Sin embargo, la instalación comienza entonces precisamente la etapa para la que fue construida: producir electricidad.
Y puede hacerlo durante décadas.
El parque continúa funcionando cuando las grúas se han marchado. Continúa vendiendo electricidad, pagando sus costes, atendiendo su financiación y generando valor económico mientras permanezca operativo.
Eso hace que la pregunta sobre los beneficios locales no pueda limitarse al número de empleos creados durante las obras.
También debemos preguntarnos quién participa en los flujos económicos que aparecerán después.
Un activo energético es algo más que una obra
Esta distinción resulta especialmente importante porque una instalación renovable no es solamente una infraestructura física. También es un activo productivo.
Ha requerido capital para construirse. Posee equipos, derechos, contratos, conexiones y capacidad para producir un bien que tiene valor económico. Quien sea propietario de ese activo asumirá sus riesgos, pero también participará de los resultados que pueda generar durante su vida.
Aquí empieza a aparecer una dimensión diferente del debate.
Podemos preguntarnos qué actividad económica deja un proyecto en Tenerife. Podemos analizar cuánto empleo genera, cuánto tributa o qué contratos se ejecutan localmente. Todas son preguntas legítimas.
Pero hay otra distinta:
¿qué parte del activo que genera ese valor permanece vinculada al territorio?
No estamos sugiriendo que toda infraestructura energética tenga que pertenecer a la población que vive junto a ella. Tampoco que la inversión privada sea un problema. La transición energética necesita empresas, capital, conocimiento técnico, capacidad industrial y organizaciones capaces de asumir riesgos importantes.
Lo que estamos cuestionando es algo mucho más sencillo: que la distribución actual de la propiedad tenga que ser necesariamente la única posible.
Cuando el beneficio existe, pero resulta lejano
Un proyecto puede proporcionar beneficios económicos reales y, sin embargo, una parte de la población puede tener dificultades para reconocerlos como propios.
No necesariamente porque esos beneficios sean inexistentes, sino porque pueden resultar indirectos, dispersos o difíciles de relacionar con la infraestructura que tienen delante.
La diferencia es importante.
Para una persona que vive cerca de una instalación, el cambio del paisaje es inmediato. Puede observarlo todos los días. El eventual beneficio que esa misma instalación produce para el sistema eléctrico, para determinadas empresas o para las cuentas de una administración resulta mucho más abstracto.
Eso genera una asimetría que merece atención.
Los costes territoriales se experimentan en lugares concretos. Buena parte del valor económico puede circular por espacios mucho más amplios.
Aceptación social no significa comprar aceptación
Sería un error dar ahora un salto demasiado grande y concluir que la oposición a las renovables desaparecería simplemente repartiendo más dinero.
No funciona así.
Las personas pueden rechazar un proyecto porque consideran inadecuado su emplazamiento, porque afecta a un paisaje especialmente valioso, porque ocupa determinados suelos agrícolas, porque existen problemas ambientales, por su proximidad a viviendas o porque desconfían del procedimiento con el que se ha tomado la decisión.
También pueden existir discrepancias legítimas sobre la planificación energética o sobre la forma en que se está transformando el territorio.
La dimensión económica es solo una parte del problema.
Resulta significativo que la Comisión Europea publicara el 17 de julio de 2026 una nueva herramienta destinada precisamente a mejorar la participación pública en los proyectos renovables. La Comisión diferencia dos grandes dimensiones: las medidas de participación y construcción de confianza y las de participación financiera y reparto de beneficios. Además, insiste en que no existe una solución única y en que la justicia y la transparencia de esos mecanismos resultan fundamentales.
Hay un dato europeo especialmente ilustrativo. Según el Eurobarómetro citado por la propia Comisión, el 88 % de las personas encuestadas apoyaba en 2025 la actuación de la Unión Europea para aumentar las energías renovables. Al mismo tiempo, la Comisión reconoce que siguen existiendo conflictos locales capaces de retrasar o incluso bloquear determinados proyectos.
No existe ninguna contradicción.
Se puede defender firmemente la transición energética y considerar inadecuado un proyecto concreto.
Los beneficios locales también forman parte de una transición justa
Por eso la cuestión que estamos planteando no pretende sustituir la buena planificación territorial por incentivos económicos.
Un proyecto mal situado continúa estando mal situado aunque deje dinero en el municipio. Una afección ambiental injustificable no desaparece porque exista participación económica. Y ningún mecanismo de compensación debería utilizarse como argumento para rebajar la exigencia ambiental o territorial.
Pero lo contrario tampoco parece razonable.
Que un proyecto sea ambientalmente viable y legalmente autorizable no debería impedir preguntarnos cómo se distribuye el valor que genera.
De hecho, la propia legislación canaria ha comenzado a incorporar expresamente el concepto de participación local en los proyectos de generación renovable. Dejaremos para otra entrega el alcance concreto de esa regulación y lo que realmente permite. Por ahora basta con señalar algo significativo: el reparto económico de la transición ya ha entrado en el debate normativo de Canarias.
Tenerife puede hacerse una pregunta diferente
Hasta ahora hemos analizado fundamentalmente qué puede recibir un territorio cuando acoge una infraestructura.
Empleo. Impuestos. Arrendamientos. Contratos. Actividad económica. Determinadas compensaciones.
Todo ello puede ser importante.
Pero quizá estamos formulando la pregunta desde un punto de partida demasiado limitado.
Porque una instalación energética seguirá produciendo electricidad mucho después de que termine su construcción. El activo permanecerá. Los ingresos continuarán. Y seguirá existiendo un propietario.
Entonces podemos cambiar ligeramente la pregunta.
En lugar de preguntarnos únicamente cuánto debería recibir Tenerife por albergar determinadas infraestructuras, podríamos preguntarnos si quienes viven en la isla podrían participar también, de alguna manera, en el valor económico que esas infraestructuras generarán durante décadas.
Todavía no estamos proponiendo cómo hacerlo.
Ni sabemos aún qué estructura sería viable, qué escala tendría sentido o qué dificultades jurídicas, económicas y técnicas habría que superar.
Estamos simplemente avanzando un paso en el razonamiento.
Primero preguntamos de quién será la energía de Tenerife.
Después recordamos que las renovables necesitan territorio y que ese territorio debe protegerse.
Ahora hemos encontrado otra pieza del problema: los impactos son muy visibles, pero el reparto del valor económico es bastante menos evidente.
La siguiente pregunta surge casi sola.
Quizá no debamos hablar únicamente de compensar a los territorios que participan en la transición energética.
Quizá haya llegado el momento de preguntarnos si también pueden participar en ella.
Ese será el siguiente paso:
De compensar a participar: un cambio de pregunta.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
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