BAT Chío: las dudas que Iberdrola debe aclarar
El proyecto BAT Chío, promovido por Iberdrola en Guía de Isora, acaba de abrir un debate que merece bastante más atención de la que suele recibir una instalación de baterías. Hablamos de una inversión cercana a 36 millones de euros que podría contribuir a mejorar la gestión eléctrica de Tenerife. Pero hablamos también de una actuación que ocupará suelo agrícola y que presenta discrepancias técnicas y documentales que deberían resolverse antes de su autorización.
El Boletín Oficial de Canarias del 22 de octubre de 2026 ha sometido el proyecto a información pública, mediante el expediente GE25/041. Tras examinar sus tres proyectos técnicos y el documento de planeamiento, hemos elaborado una auditoría técnico-jurídica y un escrito de alegaciones que ponemos a disposición de nuestros lectores.
El propósito de este trabajo es sencillo: contribuir a que una infraestructura importante para la transición energética se construya con las garantías que merece.
BAT Chío: una instalación necesaria que debe justificar sus prestaciones
La planta proyectada dispondrá de 39,51 MW de potencia y una capacidad de almacenamiento de 168,688 MWh. Contará con 36 contenedores de baterías, nueve convertidores y una autonomía anunciada de cuatro horas.
La electricidad se intercambiará con la red mediante una subestación elevadora de 30/66 kV y una nueva infraestructura subterránea. La conexión prevista involucra instalaciones de Red Eléctrica y de la central térmica de Guía de Isora.
Desde el punto de vista energético, resulta una iniciativa interesante. Canarias necesita almacenamiento para aprovechar mejor sus recursos renovables, reducir las restricciones de generación y disminuir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.
Sin embargo, las ventajas generales de una tecnología no demuestran automáticamente las prestaciones de cada instalación.
En nuestra entrada «Almacenamiento eléctrico: la clave está en operarlo» explicábamos que el verdadero valor de estas instalaciones depende, en buena medida, de cómo se programen y utilicen.
Esta reflexión resulta especialmente pertinente aquí.
El proyecto describe las funciones habituales de control de potencia y tensión, pero no permite identificar inequívocamente determinadas capacidades avanzadas de sus convertidores. Entre ellas se encuentra la posible operación grid-forming, que puede ser particularmente valiosa en sistemas eléctricos de reducida inercia.
No estamos afirmando que esa tecnología sea obligatoria para cualquier batería. Lo que reclamamos es que las prestaciones anunciadas para mejorar la estabilidad eléctrica se definan y acrediten con precisión.
También debe justificarse la energía realmente utilizable, considerando pérdidas, consumos auxiliares y degradación de las baterías.
El problema del suelo agrícola
Probablemente, la cuestión territorial sea una de las más delicadas del proyecto.
El documento urbanístico presentado por Iberdrola reconoce que la ubicación principal de BAT Chío corresponde a suelo rústico de protección agrícola intensiva. Pese a ello, concluye que la instalación resulta compatible con el planeamiento.
Esa conclusión necesita una justificación más desarrollada.
El artículo 71 de la Ley 4/2017 del Suelo de Canarias establece criterios para implantar infraestructuras en suelo rústico. Contempla una preferencia por el suelo rústico común y considera excepcional la ocupación de terrenos agrarios. Cuando resulte necesaria, exige atender a las zonas menos fértiles.
Existen procedimientos especiales para determinadas instalaciones energéticas, pero su aplicación también debe justificarse conforme a sus propios requisitos.
Por tanto, el promotor debería explicar qué alternativas de emplazamiento ha estudiado, por qué las ha descartado y qué circunstancias hacen necesaria la ocupación de estos terrenos.
El documento aportado identifica una ocupación permanente de instalación de 16.952 metros cuadrados en la parcela principal. La memoria técnica utiliza otras superficies correspondientes a conceptos diferentes, como la plataforma de implantación.
Esas cifras no son necesariamente contradictorias, pero requieren una explicación cartográfica que permita comprender la ocupación total y sus distintas afecciones.
La protección del territorio no puede convertirse en una formalidad que se resuelva mediante unas pocas afirmaciones generales.
Canarias dispone de recursos renovables extraordinarios, pero también de un territorio limitado. Su utilización exige planificación, criterios transparentes y respeto por los valores agrícolas y ambientales.
Una discrepancia importante en la línea de 66 kV
Nuestra auditoría identifica una cuestión técnica que merece especial atención.
El proyecto de la línea subterránea de 66 kV declara una potencia máxima de transporte de 93 MVA y, simultáneamente, una potencia requerida de 105 MVA.
El anexo de cálculos eléctricos utiliza 93 MVA como referencia para determinadas comprobaciones. Sin embargo, los resultados de capacidad térmica del tramo más desfavorable alcanzan aproximadamente 106,13 MVA.
Esto significa que, si la exigencia real es transportar 105 MVA por ese tramo, el margen calculado sería de apenas un 1,1 %.
La diferencia tiene importancia porque la capacidad de un cable subterráneo depende de las condiciones térmicas del terreno, la disposición de los circuitos y sus condiciones de funcionamiento.
No podemos concluir, a partir de esta discrepancia, que la línea sea técnicamente inviable.
Pero sí debemos exigir que se identifique inequívocamente la potencia de diseño y se justifiquen sus márgenes de seguridad. También resulta necesario explicar la relación entre los 105 MVA declarados y una planta de almacenamiento cuya potencia nominal es de 39,51 MW, considerando el conjunto de instalaciones conectadas.
Una instalación eléctrica debe diseñarse con hipótesis coherentes y suficientemente conservadoras. Esa exigencia adquiere especial importancia cuando su funcionamiento puede afectar a la seguridad de un sistema eléctrico insular.
La seguridad contra incendios merece una revisión rigurosa
Las baterías de ion-litio incorporan sistemas de protección que han evolucionado considerablemente. BAT Chío contempla detección de gases, vigilancia térmica, ventilación y mecanismos de extinción.
Son medidas necesarias, pero su presencia en una memoria no sustituye la acreditación de su comportamiento ante un accidente.
La auditoría solicita que se justifiquen las medidas contra la propagación de una fuga térmica, los riesgos de acumulación de gases y las condiciones de intervención de los servicios de emergencia.
También hemos encontrado deficiencias en la documentación contra incendios de la subestación.
El proyecto cita el Real Decreto 2267/2004, derogado en mayo de 2025 por el Real Decreto 164/2025. Corresponde comprobar el régimen vigente aplicable, incluidas sus disposiciones transitorias.
Más sorprendente resulta que una sección del documento haga referencia a otra instalación, denominada «ST PE IFARA».
El error no demuestra, por sí mismo, que las soluciones de protección sean incorrectas. Sin embargo, obliga a comprobar que los cálculos y las medidas propuestas se hayan adaptado realmente a la subestación de Guía de Isora.
Un proyecto de estas características necesita documentos técnicos cuidadosamente revisados, especialmente cuando afectan a la seguridad de las personas y de las instalaciones.
Los pequeños errores también revelan la calidad de un proyecto
La revisión ha localizado otras inconsistencias que, aisladamente, podrían parecer menores.
Por ejemplo, el presupuesto de la subestación contiene un subtotal que difiere en 200.000 euros de la suma de las partidas que lo componen. El total posterior parece incorporar correctamente esas cantidades, por lo que no se acredita una desviación equivalente del presupuesto global.
También aparecen diferencias en la descripción de las pantallas metálicas del cable de 66 kV y referencias normativas que necesitan actualización.
Estas cuestiones tienen distinta trascendencia, pero comparten una característica: son deficiencias que una revisión documental exhaustiva debería detectar antes de presentar un proyecto a información pública.
No se trata de magnificar una errata ni de descalificar el trabajo de los profesionales que han redactado los documentos.
Se trata de exigir el nivel de precisión que corresponde a una inversión de esta dimensión. Cuando aparecen errores en aspectos fácilmente comprobables, resulta razonable revisar con especial atención aquellos otros cuyo cumplimiento exige cálculos y estudios más complejos.
Hemos presentado una propuesta fundamentada de alegaciones
A partir del análisis de los cuatro documentos hemos elaborado una auditoría técnico-jurídica que identifica 24 hallazgos de distinta importancia.
Conviene aclarar que estos hallazgos no equivalen a 24 ilegalidades. Algunos son errores documentales verificables; otros corresponden a discrepancias técnicas o cuestiones que necesitan información complementaria.
La auditoría ha servido de base para redactar un escrito formal de alegaciones dirigido a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.
Las solicitudes se centran en justificar la implantación territorial, completar las comprobaciones eléctricas, acreditar las prestaciones y medidas de seguridad, y subsanar las inconsistencias documentales.
También reclamamos que la evaluación ambiental simplificada examine el conjunto de la actuación y que se facilite la documentación necesaria para una participación pública efectiva.
Ponemos a disposición de los lectores tanto la auditoría técnico-jurídica de BAT Chío como el escrito de alegaciones, para que puedan conocer las observaciones y los fundamentos de cada petición.
El anuncio oficial establece un plazo de treinta días desde el siguiente a su publicación para formular alegaciones.
La transición energética también necesita proyectos bien hechos
BAT Chío incorpora una nueva dimensión a ese debate. Además de conocer cuánta capacidad de almacenamiento se está proyectando, necesitamos examinar cómo se diseñan las instalaciones y qué garantías ofrecen.
Sería un error utilizar las deficiencias de este proyecto como argumento contra el almacenamiento energético. Pero también lo sería rebajar las exigencias técnicas, territoriales o ambientales por considerar que cualquier actuación energética contribuye a la descarbonización.
La transición que necesita Canarias debe avanzar con decisión, pero también con rigor. Cada nueva infraestructura representa una oportunidad para mejorar nuestro sistema eléctrico y una responsabilidad hacia el territorio que la acoge.
Iberdrola tiene ahora la oportunidad de aclarar las cuestiones planteadas y reforzar la calidad de su proyecto. A la Administración le corresponde comprobar que las respuestas sean suficientes antes de resolver.
Quienes defendemos desde hace años la sustitución de los combustibles fósiles tenemos razones de sobra para querer que este almacenamiento funcione. Precisamente por eso nos preocupa que se construya sobre una justificación insuficiente o con discrepancias que podían haberse evitado.
Una transición energética responsable necesita buenos proyectos, administraciones exigentes y una ciudadanía que pueda participar con información suficiente.
En BAT Chío, las alegaciones presentadas pretenden contribuir a ese objetivo.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
alvaro.medina@canarias-sostenible.es
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