Ceros energéticos en Canarias: ¿por qué no llevamos los grupos de emergencia a La Palma?
Cuando los motores térmicos se presentan como la solución para evitar apagones en Tenerife, pero La Palma necesita baterías, alguien debería explicar qué está fallando en el diagnóstico energético.
Los ceros energéticos en Canarias están poniendo de manifiesto algo más preocupante que el envejecimiento de nuestras centrales eléctricas: la dificultad del Gobierno autonómico para ofrecer una estrategia coherente de seguridad del suministro. Y ante los últimos acontecimientos en La Palma, surge una pregunta que merece formularse con cierta ironía: si los grupos electrógenos de emergencia son tan eficaces para evitar apagones, ¿por qué no instalamos unos cuantos en la Isla Bonita?
No se trata de proponer seriamente el traslado de los motores instalados en Los Realejos. La pregunta pretende poner sobre la mesa una contradicción que la Administración todavía no ha explicado suficientemente. Porque, mientras en Tenerife se apuesta por nueva generación térmica de emergencia, en La Palma se anuncia una solución basada en almacenamiento eléctrico.
Ambas tecnologías tienen funciones diferentes. Precisamente por eso, convendría que alguien explicara qué problemas concretos pretende resolver cada una y por qué se han elegido soluciones tan distintas.
Los ceros energéticos en Canarias y las soluciones de emergencia
En mayo de 2026, el Gobierno de Canarias presentó la planta de emergencia de Sampol en La Gañanía, Los Realejos, como una infraestructura destinada a reforzar la seguridad eléctrica de Tenerife.
La instalación, con una potencia autorizada de 14,688 MW, dispone de ocho grupos electrógenos. Durante su presentación, el Ejecutivo destacó su contribución a la seguridad del suministro y a la respuesta frente a posibles ceros energéticos.
No hablamos de una actuación aislada. En el mismo municipio se tramita la planta Tigaiga, promovida por DISA, con otros 14,8 MW de generación térmica. Su proyecto contempla ocho motores alimentados mediante gas, con una inversión cuyo presupuesto de ejecución material supera los 23 millones de euros.
Es decir, estamos hablando de inversiones importantes, nuevas instalaciones consumidoras de combustibles fósiles y actuaciones justificadas por una situación de emergencia energética.
Sin embargo, cuando observamos lo sucedido en La Palma, la respuesta de la Administración cambia considerablemente.
La Palma: dos apagones generales y una solución diferente
La Palma sufrió un cero energético en junio de 2025 y volvió a quedarse sin suministro el 2 de noviembre de 2026. Este último episodio afectó a los 50.508 puntos de suministro de la isla, según la información facilitada por el propio Gobierno autonómico.
El 9 de noviembre, apenas una semana después del último apagón, la Consejería de Transición Ecológica anunció la convocatoria urgente para instalar baterías con una potencia mínima de 16 MW y una autonomía nominal de dos horas.
La previsión contempla una capacidad mínima de almacenamiento de 32 MWh y dos posibles configuraciones: cuatro módulos de 4 MW o dos módulos de 8 MW.
El Gobierno pretende adjudicar la actuación en aproximadamente un mes. No obstante, reconoce que las baterías necesitarán completar posteriormente las autorizaciones, la instalación y su puesta en servicio. El objetivo anunciado es que entren en funcionamiento durante 2027, no dentro de cuatro meses.
La actuación puede resultar técnicamente interesante. Pero su anuncio plantea una cuestión inevitable: ¿por qué esta solución se considera adecuada para La Palma mientras en otras islas se insiste en ampliar la generación térmica?
Si los grupos de emergencia evitan apagones, ¿por qué no se instalaron en La Palma?
Aquí aparece la verdadera contradicción.
El Gobierno sostiene que Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura presentan problemas de déficit de potencia de generación. Por el contrario, explica que la vulnerabilidad de La Palma procede principalmente de la antigüedad de los grupos de Los Guinchos y de la falta de respuesta inmediata ante determinadas incidencias.
Es una distinción técnicamente razonable. No es lo mismo carecer de potencia suficiente para cubrir la demanda que disponer de potencia instalada y perder súbitamente una parte de ella.
Sin embargo, esa explicación no resuelve todas las dudas.
Si el problema de La Palma es la dependencia de grupos antiguos, ¿por qué no se ha considerado públicamente una solución de generación de respaldo distribuida en otros emplazamientos?
Si los grupos de emergencia aportan seguridad al sistema de Tenerife, ¿qué impide que instalaciones de características adecuadas puedan aportar también redundancia en La Palma?
Y si las baterías son capaces de responder eficazmente ante la pérdida repentina de generación, ¿por qué no se ha explicado con la misma claridad qué papel podrían desempeñar en los demás sistemas eléctricos canarios?
No afirmamos que exista una solución idéntica para todas las islas. Lo que cuestionamos es la ausencia de una justificación comparativa suficientemente transparente para unas decisiones que comprometen recursos públicos y condicionan nuestro futuro energético.
Las baterías responden en milisegundos; los motores necesitan otras condiciones
Desde el punto de vista de la operación de un sistema eléctrico aislado, existe una diferencia fundamental entre ambas tecnologías.
Una batería correctamente diseñada puede inyectar potencia casi instantáneamente ante una pérdida de generación. Esta capacidad resulta especialmente valiosa cuando una perturbación provoca una caída rápida de frecuencia.
Un grupo térmico que ya está sincronizado también puede contribuir a compensar el desequilibrio mediante su regulación primaria. Pero un grupo parado necesita arrancar, alcanzar las condiciones adecuadas y sincronizarse antes de aportar potencia a una red energizada.
Por tanto, instalar más megavatios térmicos no garantiza que esos megavatios estén disponibles durante los primeros segundos de una perturbación.
Y esos segundos pueden decidir si el sistema sobrevive o termina completamente apagado.
¿Y qué sucede cuando ya se ha producido el cero?
Aquí debemos distinguir entre evitar un apagón y recuperar el suministro después de que se haya producido.
Una batería con capacidad de arranque autónomo y control adecuado puede participar en la reconstrucción del sistema. Sin embargo, no todas las baterías disponen de esas prestaciones.
Algo semejante ocurre con los grupos electrógenos. Que un motor pueda arrancar sin alimentación exterior no significa que la instalación completa esté preparada para energizar una red y asumir progresivamente su demanda.
En nuestro análisis de Tigaiga y su comportamiento ante los apagones ya examinamos esta cuestión. La documentación estudiada no acreditaba suficientemente algunas de las funciones que permitirían atribuirle una capacidad completa de reposición.
Por tanto, antes de anunciar que una instalación evitará ceros energéticos, debería demostrarse cómo responderá ante las contingencias que pretende resolver.
Cuatro meses para anunciar baterías y años esperando soluciones estructurales
Hay otro aspecto que merece atención.
El Gobierno destaca que ha preparado la convocatoria de baterías de La Palma en apenas cuatro meses, después de que el Estado habilitara esta solución de emergencia el 30 de junio de 2026.
El esfuerzo administrativo puede ser real. Pero conviene recordar que la vulnerabilidad del sistema palmero no apareció en junio, ni tampoco el pasado 2 de noviembre.
Como explicamos en Cero energético en La Palma: diez años de advertencias, existen problemas estructurales conocidos desde hace mucho tiempo.
La antigüedad de parte de la generación, las limitaciones de la red y la necesidad de reforzar la seguridad del suministro no constituyen descubrimientos recientes.
El verdadero problema no es que ahora se anuncien baterías. Al contrario, es una decisión que puede contribuir a mejorar la seguridad eléctrica.
Lo preocupante es que la emergencia vuelva a convertirse en el principal motor de las decisiones energéticas.
La seguridad eléctrica no puede depender de soluciones improvisadas
La normativa que regula los sistemas eléctricos no peninsulares exige analizar la cobertura de la demanda y valorar las alternativas desde criterios de seguridad, eficiencia y protección ambiental.
El Real Decreto 738/2015 contempla expresamente la planificación y el análisis coste-beneficio de las opciones disponibles.
Además, las instalaciones térmicas extraordinarias tienen condiciones específicas de funcionamiento. Ya analizamos en Riesgo cierto: cuándo pueden arrancar las centrales de emergencia las limitaciones que impiden tratarlas como generación ordinaria.
La cuestión es que necesitamos conocer mucho mejor los estudios que justifican cada decisión.
Para La Palma deberían hacerse públicos los escenarios de contingencia utilizados para dimensionar los 16 MW de almacenamiento. También las prestaciones exigidas a los convertidores, su autonomía efectiva y su capacidad de participar en la reposición del suministro.
Para Tenerife deberían conocerse los estudios dinámicos que justifican la eficacia de las plantas térmicas frente a los riesgos identificados. Y, especialmente, su comparación con soluciones de almacenamiento y otras medidas de estabilidad.
No basta con anunciar potencias instaladas. Hay que demostrar qué problema resuelve cada instalación y cuánto reduce realmente el riesgo.
Canarias necesita ingeniería, no una emergencia diferente para cada isla
Resultaría injusto negar que nuestros sistemas eléctricos presentan problemas distintos. Cada isla tiene su propia demanda, su parque generador y una configuración de red particular.
Pero esa diversidad no justifica que la ciudadanía tenga que aceptar decisiones sin conocer suficientemente sus fundamentos técnicos.
Las baterías de La Palma pueden constituir una respuesta adecuada ante determinadas contingencias. Los grupos de emergencia de Tenerife también pueden aportar capacidad de cobertura en situaciones concretas.
Lo que no podemos aceptar es que unas y otros se presenten como soluciones casi milagrosas sin explicar claramente sus límites.
En Plantas de emergencia: las 20 horas que exigen respuestas ya cuestionamos la falta de información detallada sobre el funcionamiento efectivo de la instalación de Sampol.
Seguimos esperando explicaciones que permitan evaluar con rigor la utilidad de estas actuaciones.
La transición energética no consiste en sustituir apresuradamente unas tecnologías por otras. Exige diseñar sistemas capaces de funcionar con seguridad, aprovechar nuestros recursos renovables y reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.
Para conseguirlo necesitamos almacenamiento, generación gestionable, redes robustas, protecciones bien coordinadas y una planificación que se anticipe a los problemas.
Una pregunta incómoda para el Gobierno de Canarias
Volvamos al principio.
Si los grupos térmicos de emergencia son tan eficaces para evitar ceros energéticos, ¿por qué no se ha aplicado esa misma solución en La Palma?
Y si las baterías pueden proporcionar la respuesta rápida que necesita un sistema insular vulnerable, ¿por qué no se han evaluado públicamente como alternativa a una parte de las nuevas instalaciones térmicas de Tenerife?
La respuesta no debería ser otro comunicado de prensa. Debería consistir en estudios técnicos comparables, transparentes y suficientemente detallados.
Porque el Gobierno de Canarias tiene derecho a elegir soluciones diferentes para problemas diferentes. Lo que no debería hacer es pedirnos que confiemos en su eficacia sin demostrar adecuadamente por qué las ha elegido.
Quizá la pregunta inicial fuera irónica. Pero, después de tantos apagones, la necesidad de obtener respuestas ha dejado de tener cualquier gracia.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
alvaro.medina@canarias-sostenible.es
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