¿Necesita la comunidad su propia comercializadora?
Cuando pensamos en una comunidad energética, resulta fácil imaginar que sus miembros podrían recibir la factura de la electricidad de una empresa creada por ellos mismos. Al fin y al cabo, si participan en instalaciones renovables, parece lógico que también puedan comprar la electricidad a través de su propia organización.
Esa posibilidad existe, pero merece un análisis cuidadoso. Crear una comercializadora propia significa asumir una actividad empresarial diferente de la producción eléctrica, con obligaciones técnicas, económicas y de protección al consumidor que pueden resultar considerables.
Además, disponer de una comercializadora no garantiza automáticamente electricidad más barata. Por eso conviene examinar qué aporta realmente esta actividad, qué responsabilidades conlleva y qué alternativas permite la legislación.
Producir electricidad y suministrarla son dos negocios diferentes
En nuestra entrada sobre las actividades de las comunidades energéticas explicamos las diferencias entre producir, compartir y vender electricidad. También comprobamos que vender la producción de una instalación no equivale a suministrar energía directamente a los consumidores.
Ahora nos interesa la consecuencia empresarial de esa distinción.
Una entidad propietaria de instalaciones renovables puede obtener ingresos por la electricidad producida mediante los mecanismos legalmente previstos. Sus miembros, mientras tanto, pueden mantener los contratos domésticos con las comercializadoras que hayan elegido.
La actividad de comercialización introduce una relación contractual distinta. La empresa suministradora adquiere energía para atender el consumo de sus clientes, gestiona las obligaciones económicas correspondientes y responde del cumplimiento de sus contratos de suministro.
Por consiguiente, una comunidad puede participar en la generación eléctrica sin convertirse en la empresa que emite las facturas de sus miembros.
¿Qué hace realmente una comercializadora eléctrica?
La función de una comercializadora va bastante más allá de comprar electricidad y añadir un margen económico antes de venderla.
La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico define las responsabilidades de estas empresas. Su actividad se desarrolla actualmente mediante el Real Decreto 88/2026, que regula el suministro, la comercialización y la agregación de energía eléctrica.
Una comercializadora debe gestionar la adquisición de la energía necesaria para atender a sus consumidores, satisfacer las obligaciones económicas que le correspondan y disponer de los medios técnicos exigidos para operar.
También tiene que administrar los contratos, tramitar los cambios de suministrador, emitir facturas correctas, atender reclamaciones y cumplir las exigencias de información y protección de los consumidores.
Estas funciones requieren personal especializado, sistemas informáticos, procedimientos administrativos y capacidad económica suficiente.
La contratación de determinados servicios externos puede facilitar su funcionamiento. Sin embargo, como analizamos en la entrega anterior sobre gestión energética, externalizar tareas no elimina las responsabilidades que legalmente corresponden al titular de una actividad.
Este aspecto resulta especialmente relevante en la comercialización, donde los incumplimientos pueden afectar directamente a consumidores y a otros sujetos del sistema eléctrico.
¿Puede una comunidad crear su propia comercializadora?
La legislación contempla el suministro entre las actividades que pueden desarrollar las comunidades ciudadanas de energía, sometiéndolas a las condiciones aplicables a quienes ejercen esa actividad.
Además, el ordenamiento español permite que sociedades mercantiles y cooperativas de consumidores y usuarios desarrollen actividades de comercialización, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.
Por tanto, existen posibilidades jurídicas para organizar una comercializadora vinculada a una iniciativa colectiva. Sin embargo, el reconocimiento legal de las comunidades energéticas no concede automáticamente una habilitación para suministrar electricidad.
El artículo 14 del Real Decreto 88/2026 establece requisitos de capacidad legal, técnica y económica. Entre ellos se encuentran la inscripción correspondiente de la entidad, el cumplimiento de las condiciones para participar en el mercado y la constitución de las garantías exigibles.
Asimismo, debe presentarse una declaración responsable ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siguiendo el procedimiento establecido. La declaración supone asumir el cumplimiento de los requisitos legales, que deben mantenerse durante el ejercicio de la actividad.
Por tanto, crear una comercializadora propia exige algo más que constituir una sociedad y contratar un programa de facturación.
En Canarias existe, además, una particularidad significativa. El anexo III del Real Decreto 88/2026 contempla específicamente el ejercicio de la comercialización en territorios no peninsulares, incluyendo las certificaciones del operador del sistema relacionadas con el despacho económico y las liquidaciones correspondientes.
Son requisitos que deben examinarse antes de valorar cualquier organización comercial en las islas.
El riesgo económico tampoco puede ignorarse
Una comercializadora está obligada a atender las necesidades de suministro de sus clientes conforme a sus contratos y al régimen regulatorio aplicable.
Para ello necesita adquirir electricidad, constituir las garantías exigibles y afrontar los pagos correspondientes. También debe gestionar el riesgo asociado a las condiciones de contratación y a la evolución de los precios de adquisición.
Si ofrece precios fijos, deberá estudiar cómo cubrir sus compromisos ante posibles variaciones del coste de la energía. Si utiliza precios indexados, tendrá que definirlos con transparencia y explicar sus condiciones a los consumidores.
A estos riesgos se suman los derivados de los impagos, los errores de previsión, las necesidades de financiación y los costes de funcionamiento.
La importancia de la solvencia ha sido destacada recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En julio de 2026, la CNMC advirtió de los problemas ocasionados por comercializadoras con insuficiente capacidad económica y propuso reforzar los requisitos de acceso y permanencia en el mercado.
Esa propuesta debe distinguirse de las obligaciones que ya están vigentes, pero confirma que la comercialización exige una gestión financiera especialmente cuidadosa.
Para una comunidad energética, asumir esos riesgos solamente tendría sentido si existiesen ventajas suficientemente justificadas respecto a otras alternativas.
¿Y si se utiliza una comercializadora ya existente?
Esta es una posibilidad que merece especial atención.
Una organización que participe en proyectos de generación eléctrica puede estudiar acuerdos con comercializadoras que ya dispongan de los medios y habilitaciones necesarios para suministrar electricidad.
Esos acuerdos podrían adoptar distintas formas, según sus objetivos y las condiciones pactadas. Por ejemplo, podrían contemplar determinadas condiciones comerciales para consumidores interesados o mecanismos contractuales relacionados con la adquisición de producción renovable.
No obstante, cualquier modalidad tendría que respetar la normativa eléctrica, las condiciones de contratación y los derechos de los consumidores.
En particular, debe quedar claro quién actúa como comercializador, quién mantiene la relación contractual de suministro y qué responsabilidades asume cada parte.
Si el contrato doméstico se formaliza con una comercializadora existente, esta continuará siendo la responsable del suministro en los términos legalmente establecidos, aunque mantenga acuerdos de colaboración con otras entidades.
La comunidad podría desarrollar así determinadas actividades energéticas sin asumir directamente todos los compromisos empresariales asociados al suministro minorista.
Naturalmente, habría que examinar los costes de esos acuerdos, las condiciones de permanencia, las responsabilidades y los posibles riesgos de dependencia.
La contratación de una empresa especializada puede aportar ventajas, pero su conveniencia dependerá de las condiciones reales del servicio.
Ser miembro de una comunidad no obliga a cambiar de comercializadora
Existe otra cuestión importante que frecuentemente queda fuera del debate.
La participación en una comunidad energética y la contratación del suministro eléctrico son relaciones jurídicas diferentes. La legislación reconoce expresamente que los miembros de estas entidades conservan sus derechos como consumidores finales.
Esto significa que participar en una comunidad no supone automáticamente tener que abandonar la comercializadora con la que se mantiene un contrato doméstico.
Además, la libertad de elección tiene especial importancia para los consumidores acogidos a determinadas modalidades reguladas.
Por ejemplo, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) solamente puede contratarse con una comercializadora de referencia. Asimismo, el bono social eléctrico exige cumplir sus requisitos específicos y disponer de un contrato acogido al PVPC.
El MITECO explica estas condiciones en su información oficial sobre el bono social.
Por tanto, una eventual oferta comercial vinculada a una comunidad no debería inducir a un consumidor vulnerable a abandonar determinadas condiciones de suministro sin conocer las consecuencias.
La defensa de los intereses de los miembros exige transparencia y respeto a sus decisiones individuales. Una comunidad energética debe valorar cuidadosamente cualquier acuerdo que pudiera afectar a esos derechos.
¿Una comercializadora propia abarataría la factura?
El argumento del ahorro suele aparecer rápidamente cuando se plantea crear una comercializadora vinculada a una comunidad energética.
Puede parecer razonable pensar que, al disponer de producción propia, sería posible ofrecer electricidad a precios inferiores a los de otras empresas.
Sin embargo, esa conclusión requiere un análisis económico que no puede resolverse mediante una simple comparación entre el coste de producir electricidad y el precio final de la factura.
El suministro incorpora otros conceptos, como los peajes de acceso, los cargos del sistema, los impuestos y los costes propios de la actividad comercial. Además, debe garantizarse la adquisición y liquidación de la energía que corresponda atender conforme a los contratos.
La existencia de instalaciones de generación propias puede aportar determinadas oportunidades económicas o contractuales. Pero sus resultados dependerán de las condiciones reales de producción, adquisición, comercialización y consumo.
Tampoco sería correcto suponer que eliminar a una comercializadora externa permite ahorrar íntegramente su margen. La organización que asumiera directamente esa función tendría que afrontar los gastos, obligaciones y riesgos de desarrollarla.
Por eso, antes de prometer reducciones en las facturas, habría que comparar de manera rigurosa los costes de las diferentes alternativas.
El ahorro debe demostrarse con datos. La condición de comunidad energética, por sí sola, no lo garantiza.
Una decisión que depende de los objetivos
Las posibilidades jurídicas permiten contemplar tanto la comercialización directa como diferentes acuerdos con empresas suministradoras.
Sin embargo, elegir entre esas alternativas exige definir previamente qué se pretende conseguir.
Si el objetivo principal de una organización consiste en participar en instalaciones de generación, la creación de una estructura comercial puede añadir complejidad sin aportar necesariamente una ventaja proporcionada.
En cambio, si su finalidad incluye prestar directamente servicios de suministro, la comercialización adquiere una importancia diferente. En ese caso habría que comprobar si dispone de los recursos, conocimientos y garantías suficientes para desarrollar la actividad en condiciones adecuadas.
También sería necesario valorar si la gestión directa permite alcanzar resultados mejores que los ofrecidos por contratos con comercializadoras existentes.
La dimensión de la organización, su capacidad económica y las características de sus participantes influirían en esa decisión. Ningún modelo debería considerarse superior antes de examinar sus condiciones reales.
La comercialización es una posibilidad, no una obligación
La legislación reconoce a las comunidades energéticas diferentes posibilidades de participación en el sector eléctrico. Sin embargo, esa amplitud de actividades no significa que todas deban desarrollarse dentro de una misma organización.
Crear una comercializadora propia puede ser jurídicamente posible cuando se reúnen los requisitos correspondientes. También puede resultar adecuado en determinadas circunstancias. Pero supone asumir una actividad empresarial que necesita solvencia, capacidades profesionales y mecanismos de control específicos.
La existencia de alternativas permite estudiar otras formas de organización antes de adoptar compromisos que podrían resultar difíciles de mantener.
Para valorar una comunidad energética con rigor, lo importante será identificar qué actividades aportan realmente valor a sus miembros y cuáles pueden desarrollarse de manera más eficiente mediante acuerdos con entidades especializadas.
Queda todavía una cuestión que suele generar expectativas poco realistas y que conviene aclarar antes de seguir avanzando.
Cuando una comunidad produce electricidad renovable y sus miembros participan en ella, ¿significa eso que pueden prescindir del sistema eléctrico convencional?
De esa diferencia entre producir energía renovable y depender de las infraestructuras del sistema hablaremos en nuestra próxima entrega:
«Ser 100 % renovable no significa vivir aislado de la red».
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
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