Ley climática canaria: una norma que debe mirar al sistema eléctrico real
La ley climática canaria no puede entenderse solo como una norma ambiental. En un territorio insular, aislado eléctricamente y todavía muy dependiente de combustibles fósiles, una ley de cambio climático es también una ley energética, una ley territorial y, en buena medida, una ley sobre cómo queremos sostener la vida cotidiana en las islas.
Ese es el enfoque más útil para Canarias-sostenible.es: mirar la Ley 6/2022 y sus modificaciones posteriores no tanto desde la disputa jurídica o partidista, sino desde una pregunta mucho más concreta: ¿sirve este marco normativo para transformar de verdad el sistema eléctrico canario?
A fecha de 24 de mayo de 2026, el marco de referencia está formado por la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, por el Decreto-ley 5/2024, que la modificó ampliamente, y por el Decreto-ley 1/2026, que volvió a introducir ajustes en la Ley 6/2022, en el propio Decreto-ley 5/2024 y en la Ley del Suelo de Canarias. La versión consolidada de la Ley 6/2022 aparece en el BOE con última actualización publicada el 27 de enero de 2026. (BOE)
Conviene precisar algo desde el inicio. No hablamos de un Real Decreto estatal, sino de decretos-leyes autonómicos del Gobierno de Canarias. El matiz importa, porque ayuda a situar correctamente el debate y evita confusiones jurídicas innecesarias.
Una ley para unas islas eléctricamente singulares
Canarias no se parece a un gran sistema eléctrico continental. Esa diferencia no es menor. De hecho, debería estar en el centro de cualquier norma climática seria que quiera transformar el modelo energético del archipiélago.
Redeia describe el sistema eléctrico canario como un conjunto de seis sistemas eléctricamente aislados, de pequeño tamaño y con una red de infraestructuras débilmente mallada. Esa singularidad técnica condiciona la operación diaria, la integración renovable, la seguridad de suministro y la planificación de nuevas infraestructuras. (redeia.com)
Dicho de forma sencilla: en Canarias no basta con instalar renovables y confiar en que el sistema las absorba sin más. En una red grande, muy interconectada, los desequilibrios pueden amortiguarse con más facilidad. En una isla, cualquier desviación pesa más. Una pérdida súbita de generación, una variación brusca de demanda o una perturbación de tensión pueden tener efectos más delicados.
Por eso la transición energética canaria exige una mirada más fina. Necesita renovables, sí. Pero también necesita red eléctrica suficiente, almacenamiento, reserva operativa, control de tensión, control de frecuencia, potencia de cortocircuito y capacidad de operación en tiempo real.
Una ley climática que no entienda esa realidad puede tener muy buenas intenciones y, aun así, quedarse corta.
La Ley 6/2022: una ambición necesaria
La Ley 6/2022 nació con una vocación amplia. No era solo una norma para fomentar renovables. Pretendía ordenar la respuesta de Canarias ante el cambio climático y orientar las políticas públicas hacia la descarbonización, la adaptación y la transición energética. Esa ambición era necesaria, porque el cambio climático no es una hipótesis lejana para las islas. Es una amenaza directa sobre el territorio, el litoral, el agua, la biodiversidad, la economía y la seguridad de las personas.
La ley incorporó instrumentos como el Plan de Transición Energética de Canarias y los planes insulares y municipales de acción para el clima y la energía. Es decir, no se limitó a formular objetivos generales, sino que intentó crear una arquitectura de planificación climática y energética en distintos niveles administrativos. (BOE)
Ese planteamiento era acertado en su orientación general. Canarias no puede abordar la transición energética solo desde expedientes aislados. Necesita planificación de conjunto. Cada isla tiene recursos, redes, demandas y limitaciones diferentes. La transición de Gran Canaria no puede copiarse mecánicamente en La Palma. Lo que funciona en Tenerife puede no tener el mismo encaje en La Gomera, Lanzarote o Fuerteventura.
Ahí está una de las claves técnicas del asunto: la transición energética debe tener mirada de archipiélago, pero ejecución insular.
El sistema eléctrico como columna vertebral de la descarbonización
La descarbonización no será solo eléctrica, pero tendrá una base eléctrica muy clara. La movilidad, la climatización, parte de la actividad turística, el bombeo de agua, la desalación y muchos consumos industriales dependerán cada vez más de electricidad limpia.
Eso significa que el sistema eléctrico canario tendrá que hacer dos cosas a la vez. Por un lado, sustituir generación fósil por generación renovable. Por otro, atender nuevos consumos derivados de la electrificación de la economía.
No es un reto menor.
En un sistema aislado, aumentar la generación renovable sin reforzar la red puede generar cuellos de botella. Instalar fotovoltaica o eólica sin almacenamiento suficiente puede aumentar los vertidos. Añadir generación electrónica de potencia sin cuidar la estabilidad puede complicar el control de tensión y frecuencia. Y electrificar más consumos sin planificación puede trasladar tensiones a redes de distribución que no siempre fueron diseñadas para ese nuevo papel.
Por eso una ley climática canaria no debería hablar solo de megavatios renovables. Debería hablar también de capacidad de evacuación, mallado de red, almacenamiento de larga y corta duración, flexibilidad de la demanda, reserva rodante, servicios de ajuste y estabilidad del sistema.
Estos conceptos pueden parecer técnicos, pero afectan a algo muy cotidiano: que la electricidad llegue con seguridad, calidad y continuidad.
El Decreto-ley 5/2024: agilizar sin perder el rumbo
El Decreto-ley 5/2024 modificó de forma amplia la Ley 6/2022. Su exposición de motivos justificó los cambios por la necesidad de resolver dudas de constitucionalidad, mejorar la seguridad jurídica, concretar determinados aspectos y adaptar la norma al marco estatal de cambio climático. (BOE)
Esa preocupación no debe despreciarse. Una ley climática que genera inseguridad jurídica puede acabar frenando proyectos necesarios. La transición energética necesita normas claras, competencias bien encajadas y procedimientos que no conviertan cada avance en una carrera de obstáculos.
Pero la agilidad no puede convertirse en el único criterio. En un sistema eléctrico insular, acelerar mal puede salir caro. Autorizar proyectos sin suficiente visión de red, sin coordinación territorial o sin almacenamiento asociado puede producir una transición desordenada. Y una transición desordenada puede aumentar el rechazo social, los vertidos renovables y los conflictos entre administraciones.
La pregunta no debería ser solo cuánto tarda un proyecto en tramitarse. También deberíamos preguntar si ese proyecto ayuda realmente a reducir generación fósil, si puede evacuarse, si aporta firmeza al sistema, si está bien ubicado y si encaja con una planificación insular coherente.
La transición energética necesita menos burocracia inútil. Pero también necesita más inteligencia de sistema.
Las Zonas de Aceleración y el riesgo de simplificar demasiado
Uno de los puntos más delicados del debate reciente está en las Zonas de Aceleración de Energías Renovables. La idea de acelerar proyectos renovables tiene sentido. Canarias lleva demasiado retraso en la sustitución de combustibles fósiles y no puede permitirse que cada iniciativa renovable quede atrapada durante años.
Ahora bien, acelerar no significa eliminar la complejidad.
El Decreto-ley 1/2026 reconoce que el Decreto-ley 5/2024 suscitó dudas de constitucionalidad planteadas por la Administración General del Estado. También introduce ajustes relacionados con la Ley 6/2022, el Decreto-ley 5/2024 y la Ley del Suelo de Canarias. (BOE)
En materia de Zonas de Aceleración, el debate de fondo es muy serio. Canarias necesita identificar espacios adecuados para renovables. Pero esos espacios no pueden definirse solo desde un mapa energético. Deben analizarse con criterios eléctricos, ambientales, territoriales, paisajísticos y sociales.
Un emplazamiento puede tener buen recurso solar o eólico, pero estar mal situado desde el punto de vista de la red. Otro puede parecer viable técnicamente, pero generar un conflicto territorial desproporcionado. Y otro puede ser ambientalmente aceptable, pero requerir infraestructuras de evacuación que no estaban previstas.
Por eso las Zonas de Aceleración solo serán útiles si se diseñan con rigor. Deben servir para orientar mejor la transición, no para convertir la urgencia climática en una tramitación apresurada.
Renovables: necesarias, pero no suficientes por sí solas
Canarias necesita más energía eólica, más fotovoltaica, más autoconsumo, más comunidades energéticas y más aprovechamiento de superficies ya antropizadas. Esa dirección es incuestionable. La dependencia de combustibles fósiles importados es climáticamente dañina, económicamente vulnerable y estratégicamente pobre.
Pero hay que decir algo que a veces se omite: más renovables no equivalen automáticamente a más descarbonización real.
La descarbonización efectiva depende de que esa energía renovable pueda integrarse en el sistema y desplazar generación fósil. Para eso hacen falta redes capaces de evacuar la producción, almacenamiento que gestione excedentes, herramientas de operación que mantengan la estabilidad y mecanismos de flexibilidad que adapten parte de la demanda a la disponibilidad renovable.
El autoconsumo merece una mención específica. Es una herramienta valiosa. Reduce pérdidas, acerca la generación al consumo y permite que hogares, empresas e instituciones participen en la transición. Debe crecer mucho más en Canarias, especialmente en cubiertas, aparcamientos, edificios públicos, áreas industriales y espacios ya transformados.
Pero el autoconsumo no sustituye por sí solo a un sistema eléctrico insular completo. La mayoría de las instalaciones funcionan apoyadas en la red. No están diseñadas para sostener una isla durante un cero general, ni para proporcionar por sí solas todos los servicios eléctricos que necesita un sistema estable. Por eso debe tratarse como una pieza importante, no como una solución total.
La red no es enemiga del autoconsumo. Es lo que permite que el autoconsumo se integre con seguridad.
Almacenamiento: la pieza que decide cuánto fósil se desplaza
Una ley climática canaria debería mirar el almacenamiento como infraestructura estructural, no como complemento decorativo. Sin almacenamiento, una parte creciente de la generación renovable tendrá dificultades para sustituir generación fósil en las horas en que más hace falta.
No todo almacenamiento cumple la misma función. Las baterías pueden aportar respuesta rápida, regulación y desplazamiento horario de energía. El bombeo hidráulico puede ofrecer almacenamiento de mayor escala y duración, además de aportar servicios valiosos al sistema. La gestión de la demanda puede actuar como almacenamiento virtual si se desplazan consumos hacia horas renovables. El hidrógeno, cuando tenga sentido técnico y económico, podría absorber excedentes y servir a usos difíciles de electrificar directamente.
La clave está en no confundir tecnologías con funciones. Lo importante no es decir “más baterías” o “más bombeo” como una consigna. Lo importante es definir qué necesita cada isla: energía almacenada, potencia disponible, rapidez de respuesta, duración, ubicación, capacidad de aportar servicios al sistema y coordinación con la red existente.
En Canarias, el almacenamiento no es un lujo. Es una condición para que la penetración renovable crezca sin comprometer la seguridad del suministro.
Red eléctrica: la infraestructura climática menos comprendida
La red eléctrica suele aparecer en el debate público como un problema: líneas, subestaciones, torres, servidumbres, impacto visual. Es comprensible que genere preocupación. Toda infraestructura debe justificarse, planificarse y explicarse con respeto al territorio.
Pero conviene decirlo con claridad: sin red eléctrica no hay transición energética real.
La red permite llevar la energía renovable desde donde se produce hasta donde se consume. También permite mallar el sistema, reducir vulnerabilidades, conectar almacenamiento y mejorar la seguridad de suministro. En sistemas eléctricos aislados, cada refuerzo de red puede tener un efecto muy relevante sobre la capacidad de integrar renovables.
Redeia señala entre las singularidades del sistema canario su pequeño tamaño, aislamiento eléctrico y red débilmente mallada. Esa descripción técnica ayuda a entender por qué Canarias necesita nuevas infraestructuras si quiere aumentar la penetración renovable sin poner en riesgo la operación. (redeia.com)
Aquí hay una tarea pendiente de pedagogía pública. La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se necesita una subestación, por qué una línea se proyecta en un determinado corredor o por qué una interconexión puede reducir dependencia fósil. Si no se explica, la red aparece como una imposición. Si se explica bien, puede entenderse como una infraestructura climática.
La transición energética no solo se construye con aerogeneradores y paneles solares. También se construye con cables, protecciones, transformadores, centros de control, sistemas de comunicación, almacenamiento y operadores capaces de mantener el equilibrio segundo a segundo.
Territorio y técnica: una tensión que debe tratarse con madurez
Canarias tiene poco suelo y mucho valor paisajístico. Esa realidad no puede ignorarse. Defender la transición energética no significa tratar el territorio como un simple soporte físico para instalaciones. El paisaje, la biodiversidad y la identidad de cada isla importan.
Pero tampoco se puede usar el territorio como argumento absoluto para bloquear cualquier infraestructura. No actuar también tiene consecuencias. Mantener la dependencia fósil implica emisiones, contaminación, importación de combustibles, vulnerabilidad exterior y costes económicos que acaba pagando toda la sociedad.
La salida no está en los extremos. Ni barra libre renovable, ni bloqueo sistemático.
La respuesta madura pasa por priorizar cubiertas, suelos ya transformados, aparcamientos, polígonos, infraestructuras públicas y zonas de menor sensibilidad ambiental. Pero también pasa por reconocer que esos espacios, por sí solos, probablemente no bastarán para cubrir toda la electrificación que Canarias necesita.
Ahí es donde una ley climática debe aportar orden. Debe ayudar a decidir con criterios claros, no a trasladar el conflicto de una administración a otra. Debe combinar protección ambiental, planificación eléctrica y participación pública real.
Qué debería exigir una ley climática útil para Canarias
Una ley climática útil para Canarias debería mantener una ambición clara: reducir emisiones y sustituir combustibles fósiles. Esa debe ser la brújula. La simplificación administrativa solo tiene sentido si ayuda a avanzar hacia ese objetivo, no si lo vuelve más difuso.
También debería exigir planificación insular seria. Cada isla necesita escenarios energéticos propios, con demanda prevista, recursos renovables, capacidad de red, necesidades de almacenamiento y restricciones territoriales. Sin ese trabajo, las decisiones se vuelven fragmentarias.
Además, debe reconocer que la estabilidad eléctrica es parte de la sostenibilidad. No hay transición justa si el sistema se vuelve más frágil. La electricidad debe seguir llegando de forma segura, también cuando no hay viento, cuando cae la tarde fotovoltaica o cuando se produce una avería.
La ley debería reforzar la coordinación entre Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, operador del sistema, distribuidoras, ciudadanía y promotores. La transición energética no puede ser una suma de proyectos desconectados. Tiene que parecerse más a una arquitectura común.
Y debería incorporar una evaluación pública de resultados. No basta con contar autorizaciones o megavatios instalados. Hay que medir energía renovable realmente integrada, reducción de generación fósil, vertidos evitados, almacenamiento disponible, refuerzos de red ejecutados y mejora de la seguridad de suministro.
Una norma climática con los pies en la red
La Ley 6/2022 tuvo el mérito de situar el cambio climático y la transición energética en el centro de la agenda canaria. Sus modificaciones posteriores han intentado resolver problemas de aplicación, seguridad jurídica y encaje normativo. Parte de ese esfuerzo puede ser razonable. Una ley que no se puede aplicar acaba siendo una promesa sin fuerza.
Pero el criterio de fondo debe seguir siendo el mismo: Canarias necesita descarbonizar su sistema energético con rigor, velocidad y planificación.
Desde una mirada técnica, la cuestión no es elegir entre ley ambiciosa o ley operativa. La cuestión es conseguir una ley ambiciosa que sea operativa. Una norma capaz de acelerar renovables, sí, pero también de ordenar territorio, reforzar redes, desplegar almacenamiento y garantizar estabilidad eléctrica.
Porque en Canarias la transición energética no se juega solo en los boletines oficiales. Se juega en cada isla, en cada red débilmente mallada, en cada subestación necesaria, en cada excedente renovable que no se aprovecha, en cada grupo fósil que sigue funcionando por falta de alternativas firmes.
La sostenibilidad no será real si no entiende cómo se sostiene el sistema eléctrico.
Y en estas islas, eso significa una cosa muy sencilla y muy exigente a la vez: más renovables, sí; pero con red, almacenamiento, planificación y responsabilidad.
