Salinetas y el riesgo industrial fósil que Canarias no quiso mirar
El accidente ocurrido en la planta de DISA en Salinetas ha dado una dimensión humana al riesgo industrial fósil. Un trabajador ha perdido la vida. Otras tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Antes de cualquier debate energético, están su familia, sus compañeros y una tragedia laboral que merece respeto. (Radio Televisión Canaria)
También merece rigor. La investigación sigue abierta y todavía no conocemos la causa técnica de la deflagración. Sabemos que ocurrió durante trabajos de mantenimiento en un depósito fuera de servicio. Las referencias iniciales a operaciones de soldadura no deben convertirse en una conclusión adelantada. (El País)
Esta entrada no pretende decir que «teníamos razón». Pretende recordar algo más incómodo: cuando Canarias instala infraestructuras basadas en combustibles, no incorpora solamente megavatios. Incorpora transporte, almacenamiento, trasiego, atmósferas explosivas, mantenimiento y exposición laboral.
Salinetas: lo que sabemos y lo que aún ignoramos
La información difundida por RTVC sitúa el accidente al mediodía del 5 de agosto de 2026. La explosión afectó a un tanque de una instalación de almacenamiento en Salinetas, Telde. DISA comunicó que los trabajos los realizaba personal de una empresa especializada contratada para el mantenimiento.
El Gobierno de Canarias activó el RISQCAN. La comunicación oficial describió una deflagración en un tanque en reparación, daños graves en su estructura y tres trabajadores afectados.
Esa activación no prueba que existiera peligro efectivo para la población. Sí demuestra la naturaleza industrial y potencialmente grave del suceso.
No sabemos si falló la desgasificación, la medición de la atmósfera, el permiso de trabajo o cualquier otro elemento. Tampoco sabemos todavía si quedaban residuos o vapores inflamables. Afirmarlo ahora sería irresponsable.
El accidente no demuestra que otra planta vaya a explotar
La instalación de Salinetas y las nuevas centrales de emergencia no son iguales. Tienen configuraciones, equipos y operaciones diferentes. Sería falso presentar este accidente como prueba de que la futura planta de Los Realejos sufrirá un episodio semejante.
Sin embargo, comparten una realidad básica: dependen de combustibles inflamables y requieren operaciones industriales que nunca son inocuas. El peligro puede reducirse con diseño, inspección, formación y procedimientos. No puede desaparecer detrás de la palabra emergencia.
Canarias-sostenible.es ya señaló esta cuestión en «Planta de emergencia: falsa seguridad fósil para Tenerife». Allí advertimos sobre los depósitos de propano, el descargadero de cisternas y la circulación periódica de combustible.
No era alarmismo. Era leer el proyecto completo, más allá de sus 14,8 MW.
El riesgo industrial fósil no termina en los motores
Una planta de emergencia no empieza en el alternador ni termina en su chimenea. Antes de producir electricidad, el combustible debe llegar, descargarse, almacenarse, transportarse y transferirse. Después debe regularse, vaporizarse y conducirse hasta los motores.
Cada eslabón incorpora equipos, maniobras y personas. Hay poliductos, esferas, camiones cisterna, brazos de descarga, bombas, válvulas, depósitos a presión y sistemas de alivio. También existen limpiezas, inspecciones, reparaciones y trabajos extraordinarios.
Ese riesgo industrial fósil suele quedar fuera del relato político. La ciudadanía escucha que llegan grupos de emergencia para evitar apagones. Rara vez se le explica toda la cadena material que permite que esos grupos arranquen.
La seguridad eléctrica importa. Un cero eléctrico en una isla afecta a hospitales, telecomunicaciones, desalación, hogares y actividad económica. Pero proteger el suministro no autoriza a rebajar la seguridad industrial. Ambas obligaciones deben cumplirse al mismo tiempo.
El proyecto Tigaiga deja el riesgo escrito
La última documentación de la planta Tigaiga fue sometida nuevamente a información pública mediante el Boletín Oficial de Canarias del 11 de mayo de 2026. El proyecto de DISA contempla ocho motores de gas, 14,8 MW y un presupuesto de ejecución material superior a 23,3 millones de euros.
Sin embargo, la instalación es bastante más que ocho motores. Incluye dos depósitos horizontales de propano de 200 metros cúbicos cada uno, diseñados a una presión de 19 bar.
También incorpora un descargadero de cisternas, bombas de trasiego, vaporizadores, calderas, una estación de regulación y una red de tuberías. Todo ello aparece descrito en los apartados 7.1 a 7.14 de la memoria del proyecto.
El anexo
El anexo de protección contra incendios estima 171.170 kilogramos de propano con los depósitos al 85 % de llenado. Para el área de almacenamiento calcula una carga de fuego ponderada y corregida de 40.737,6 MJ/m². La clasifica como riesgo intrínseco alto, nivel 8.
El cargadero de cisternas recibe la misma clasificación. Su carga de fuego calculada alcanza 32.116,4 MJ/m². Son datos recogidos en las páginas 17 a 22 del anexo de protección contra incendios.
Estos valores no significan que un accidente sea probable. Tampoco prueban que la instalación incumpla la normativa. Expresan la magnitud de la carga combustible y justifican unas protecciones exigentes.
La gestión del riesgo industrial fósil exige distinguir entre peligro, probabilidad y consecuencias. Negar esos datos sería tan poco riguroso como utilizarlos para anunciar una catástrofe inevitable.
La memoria reconoce, además, la existencia de atmósferas potencialmente explosivas. Define una zona 2 en un radio de tres metros alrededor de los depósitos. También establece una zona 1 alrededor de las válvulas de alivio de presión.
El proyecto prevé detección de incendios, pulverización de agua, hidrantes, control de presión y sistemas de parada. Son medidas necesarias. Precisamente existen porque el peligro es real.
Un umbral que exige una respuesta expresa
El Real Decreto 840/2015, que incorpora la normativa Seveso sobre accidentes graves, fija para los gases inflamables licuados un umbral inferior de 50 toneladas y otro superior de 200.
El inventario calculado por el proyecto alcanza 171,17 toneladas de propano. Por tanto, parece rebasar claramente el umbral inferior.
La determinación formal corresponde a la autoridad competente. Esta deberá considerar el establecimiento completo, las sustancias presentes y las reglas de cómputo previstas por la normativa.
Hay, sin embargo, un detalle que merece atención. El proyecto cita el Real Decreto 840/2015 en dos listados normativos, pero no desarrolla un apartado específico que justifique su aplicación. Sí dedica análisis detallados a otras reglamentaciones.
Ante semejante cantidad de propano, la Administración debería explicar públicamente el encuadre adoptado y las obligaciones aplicables. No basta con una referencia genérica a que se cumplirá toda la legislación vigente.
Si la instalación queda sometida a esta normativa, deberán abordarse expresamente la notificación administrativa, la política de prevención de accidentes graves y el correspondiente sistema de gestión de la seguridad.
Además, todos los establecimientos incluidos en el real decreto deben disponer de un plan de emergencia interior o de autoprotección. En él deben participar también los trabajadores de empresas contratistas que desarrollen actividades de larga duración. (BOE)
Después de Salinetas, estas cuestiones no pueden quedar enterradas en cientos de páginas técnicas.
La logística también es riesgo industrial fósil
El proyecto señala que el propano llegará por carretera desde las instalaciones de Granadilla. Allí se han previsto esferas de almacenamiento y un poliducto conectado con el puerto. Desde el cargadero saldrán las cisternas destinadas a Los Realejos.
La documentación revisada no concreta cuántos viajes serían necesarios ni su frecuencia real. Tampoco fija en la memoria unas horas máximas anuales de funcionamiento. Habla de temporalidad, pero no establece allí un plazo preciso de desmantelamiento.
Los datos técnicos permiten hacer una aproximación. Cada uno de los ocho motores declara una entrada de combustible de 4.510 kW. El conjunto requeriría alrededor de 36 MW térmicos funcionando a plena carga.
Utilizando el poder calorífico de 46 MJ/kg recogido en el proyecto, el consumo se situaría alrededor de 2,8 toneladas de propano por hora. El inventario previsto proporcionaría unas 60 horas de funcionamiento continuo.
Es un cálculo teórico, no un programa operativo ni una garantía de autonomía. Sin embargo, muestra que una utilización prolongada exigiría reponer combustible con regularidad.
Por tanto, la evaluación pública debe incluir las rutas de las cisternas, los horarios, la frecuencia estimada y las maniobras de descarga. También debe estudiar los escenarios accidentales asociados al transporte.
Mantenimiento, contratas y prevención real
El accidente de Salinetas ocurrió durante una intervención ejecutada por una empresa contratista. Este dato no permite atribuir responsabilidades. Sí recuerda que muchas situaciones críticas aparecen durante limpiezas, reparaciones o trabajos especiales. (El País)
El Real Decreto 681/2003 obliga a proteger a los trabajadores frente a atmósferas explosivas. Exige que los trabajos puedan realizarse de manera segura cuando pueda formarse una mezcla inflamable peligrosa.
Por su parte, el Real Decreto 171/2004 regula la coordinación preventiva cuando coinciden varias empresas en un mismo centro. Su finalidad no es intercambiar papeles, sino impedir que la concurrencia aumente el riesgo.
Esa coordinación debe comprobar el aislamiento, vaciado, purgado y medición del equipo. También debe controlar las fuentes de ignición, los permisos de trabajo y cualquier cambio ocurrido durante la intervención.
Ningún proyecto constructivo sustituye esos procedimientos. La seguridad depende después de la cultura preventiva, la supervisión y la capacidad de detener una tarea cuando existe una duda.
Lo que el Gobierno de Canarias debe responder
El accidente no debería utilizarse para alimentar miedo. Debe servir para elevar el nivel de exigencia.
Una política seria frente al riesgo industrial fósil obliga al Gobierno de Canarias a explicar el encuadre de cada planta bajo la normativa de accidentes graves.
También debe informar sobre los planes de emergencia aplicables, sin divulgar datos que comprometan la seguridad. La población necesita conocer los sistemas de aviso, coordinación y actuación.
La Administración debería publicar igualmente la logística de abastecimiento, las rutas previstas y la frecuencia estimada de cisternas. Además, debe fijar límites de funcionamiento, duración efectiva de la medida temporal y garantías de desmantelamiento.
Finalmente, cada planta debe compararse con alternativas de almacenamiento, refuerzo de red y servicios auxiliares sin combustión.
En «Baterías para reserva rodante en Canarias» explicamos sus posibilidades y también sus límites. No resuelven todos los problemas de cobertura. Sin embargo, pueden prestar funciones que todavía se utilizan para justificar más motores fósiles.
Seguridad de suministro sin inseguridad industrial
Canarias necesita potencia firme, capacidad de respuesta y sistemas preparados para recuperarse de perturbaciones graves. Esa necesidad es real. Lo inaceptable es reducir el debate a una cifra de megavatios y esconder todo lo demás.
El riesgo industrial fósil tiene una dimensión climática, porque prolonga las emisiones. Tiene una dimensión económica, porque mantiene la dependencia exterior. Y tiene una dimensión humana, porque detrás de cada depósito, cisterna y reparación hay trabajadores expuestos.
Salinetas no demuestra que todas las instalaciones de combustibles sean inseguras. Demuestra que los accidentes industriales ocurren y que sus consecuencias pueden ser irreparables.
La transparencia, la prevención y la evaluación de alternativas no son obstáculos administrativos. Son parte de la seguridad que una sociedad responsable debe exigir.
No se trata de afirmar, ante una tragedia, que ya lo habíamos advertido. Se trata de preguntarnos por qué tantas advertencias solo se escuchan cuando algo terrible sucede.
Canarias necesita electricidad segura. Pero también necesita que nadie pague esa seguridad con su vida.
¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
alvaro.medina@canarias-sostenible.es
