Calidad eléctrica en Canarias: los datos que no llegan
Podemos conocer con bastante precisión cuánta electricidad se genera en Canarias, qué tecnologías participan en su producción y qué porcentaje procede de fuentes renovables. Sin embargo, cuando intentamos averiguar la calidad eléctrica en Canarias, encontramos una realidad sorprendente: resulta difícil acceder a información reciente y detallada sobre las interrupciones que sufren los consumidores de cada isla.
No hablamos de una cuestión secundaria. La continuidad del suministro condiciona la actividad económica, el funcionamiento de los servicios públicos y nuestra vida cotidiana. Además, permite comprobar si las inversiones realizadas en las redes están proporcionando las mejoras que justifican su coste.
En Canarias Sostenible hemos examinado la documentación disponible, las obligaciones legales de las distribuidoras y las resoluciones más recientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El resultado merece atención, porque el problema va bastante más allá de una página web con información antigua.
La calidad eléctrica en Canarias debería ser información pública
El artículo 108 del Real Decreto 1955/2000 obliga a las distribuidoras a elaborar anualmente información detallada sobre la calidad del suministro. Los registros deben diferenciar municipios, tipos de zona y causas de las interrupciones. También deben someterse a auditoría y remitirse a las administraciones competentes.
La misma norma establece que el Ministerio debe publicar anualmente un resumen de los niveles de calidad obtenidos a partir de esa información auditada.
Existe, por tanto, un sistema reglamentado de recogida de datos. El propio Ministerio dispone de una aplicación denominada GECOS-CEL, a través de la cual recibe los registros municipales y sus correspondientes auditorías.
El problema aparece cuando intentamos consultar los resultados. La información pública del MITECO no nos ha permitido reconstruir una serie reciente, completa y homogénea de los indicadores de calidad para cada isla y municipio de Canarias.
Esto no demuestra que los datos no existan. Significa que su accesibilidad pública resulta insuficiente para realizar una evaluación territorial rigurosa.
Lo que las estadísticas generales no nos cuentan
La continuidad del suministro se evalúa principalmente mediante dos indicadores: el TIEPI, que expresa el tiempo equivalente de interrupción, y el NIEPI, que recoge el número equivalente de interrupciones.
Ambos son herramientas fundamentales para supervisar las redes, aunque presentan limitaciones que conviene conocer.
Por ejemplo, las interrupciones de duración igual o inferior a tres minutos no se incorporan a su cálculo. Tampoco permiten evaluar por sí solos los huecos de tensión, las perturbaciones de la onda o determinados problemas que pueden afectar a equipos electrónicos e instalaciones industriales.
Además, una media regional favorable puede ocultar diferencias importantes entre municipios y zonas de distribución. Para conocerlas necesitamos los registros desagregados y sus correspondientes criterios de clasificación territorial.
Aquí aparece otra dificultad. Las estadísticas de Red Eléctrica sobre la calidad de la red de transporte no describen la totalidad de las interrupciones que experimentan los consumidores. Una avería en una línea de media tensión puede dejar sin suministro a numerosos usuarios sin aparecer en esos indicadores de transporte.
Confundir ambos ámbitos conduciría a conclusiones equivocadas sobre la fiabilidad real del sistema.
La CNMC lleva años esperando datos definitivos
Este es posiblemente el hallazgo más relevante de nuestra investigación.
La resolución de la CNMC de 18 de septiembre de 2026, publicada el día 25, reconoce que todavía no dispone de los datos definitivos necesarios para calcular los incentivos de calidad correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
El organismo explica que establecerá esas cuantías mediante una resolución específica cuando reciba la información actualizada de la Dirección General de Política Energética y Minas.
Estamos hablando de datos que intervienen en la regulación económica de una actividad esencial y cuya consolidación mantiene pendientes decisiones correspondientes a varios ejercicios.
La situación resulta preocupante por sus consecuencias sobre la supervisión del sistema. Los incentivos de calidad tienen precisamente la finalidad de vincular una parte de la retribución de las distribuidoras con el comportamiento de sus redes.
Si su determinación se retrasa durante años, también se demora la aplicación definitiva de ese mecanismo económico.
Conviene introducir una precisión importante. La resolución no demuestra que Canarias sea responsable de los retrasos, ni permite identificar qué distribuidoras o territorios están afectados en cada caso. Determinarlo exige examinar los correspondientes expedientes administrativos.
Lo que sí acredita es que la falta de datos definitivos constituye un problema reconocido por el propio regulador, no una simple dificultad encontrada por quienes intentamos consultarlos.
Canarias necesita conocer las diferencias entre sus islas
La fiabilidad de una red eléctrica depende de numerosos factores. Influyen su configuración, la redundancia disponible, el estado de los equipos, la automatización, las protecciones y la capacidad de localizar y aislar las averías.
Estas características adquieren especial importancia en territorios insulares, donde las posibilidades de respaldo pueden ser más limitadas.
Por eso necesitamos conocer los resultados de cada isla, sin diluirlos en medias provinciales o autonómicas.
Una evaluación rigurosa permitiría identificar municipios con interrupciones recurrentes, comprobar los tiempos de reposición y analizar la evolución posterior a las inversiones ejecutadas.
También ayudaría a distinguir las incidencias originadas en generación, transporte y distribución. No todas responden a las mismas causas ni deben corregirse mediante las mismas actuaciones, aunque si afectan a la calidad eléctrica en Canarias.
En nuestro Observatorio Energético de Canarias realizamos un seguimiento de la demanda, la generación, las emisiones y la integración renovable. Incorporar indicadores auditados de calidad permitiría ampliar esa visión hacia un aspecto esencial: la fiabilidad con la que la electricidad llega finalmente a los consumidores.
Una nueva obligación de inversión que exige transparencia
El reciente Real Decreto 640/2026, sobre los planes de inversión en las redes eléctricas, introduce una previsión particularmente interesante para los territorios no peninsulares.
Su artículo 8 obliga a incorporar actuaciones de mejora cuando se incumplan los niveles reglamentarios de calidad. Además, extiende esa obligación a determinados territorios aislados que, aun cumpliendo los límites, presenten un número y tiempo de interrupciones superiores en un 60 % a la referencia nacional de las zonas correspondientes.
Esta disposición reconoce algo importante: cumplir formalmente los límites establecidos no siempre garantiza una calidad equiparable a la del conjunto del país.
Pero para comprobar si esa obligación resulta aplicable en Canarias necesitamos conocer los indicadores que permiten realizar la comparación.
El nuevo real decreto también refuerza la publicidad de los planes de inversión aprobados y sus informes de cumplimiento. Se abre así una oportunidad para relacionar los problemas de calidad con las actuaciones comprometidas y realmente ejecutadas.
No basta con anunciar inversiones. Es necesario conocer qué problemas pretenden resolver y verificar sus resultados.
Conocer la calidad eléctrica en Canarias también forma parte de la transición energética
Canarias necesita acelerar su transición hacia un sistema eléctrico renovable, eficiente y menos dependiente de los combustibles fósiles. Pero esa transformación exige redes fiables, capaces de integrar nuevos recursos sin comprometer la continuidad del suministro.
Durante años hemos dedicado grandes esfuerzos a conocer cuánto cuesta producir electricidad. También hemos debatido sobre las tecnologías que necesitamos incorporar y las inversiones necesarias para modernizar nuestros sistemas insulares.
Merece la pena dedicar una atención comparable a la calidad de las redes que sostienen diariamente ese suministro.
La información existe, al menos como obligación reglamentaria de generación y comunicación. Lo que necesitamos es que sus resultados sean accesibles, actuales y suficientemente detallados para poder evaluarlos.
La transparencia no sustituye al mantenimiento ni a las inversiones, pero permite comprobar si ambos están dando los frutos esperados. También proporciona criterios objetivos para exigir mejoras allí donde realmente se necesitan.
Conocer cómo funciona nuestro sistema eléctrico incluye saber cuánto falla, dónde falla y cuánto tarda en recuperarse.
Esa información debería estar al alcance de los ciudadanos sin necesidad de iniciar una investigación administrativa para conseguirla.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
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