Evaluación ambiental de El Goro: las preguntas que siguen sin respuesta
Una central eléctrica que se presenta como instalación de emergencia puede llegar a funcionar unas mil horas al año. Sin embargo, su evaluación atmosférica describe un escenario de funcionamiento diferente. Esta discrepancia, localizada en el expediente de la nueva central de DISA en Telde, resume bastante bien el problema que plantea la evaluación ambiental de El Goro: una resolución favorable que convive con incertidumbres técnicas y deficiencias reconocidas por la propia Administración.
El pasado 26 de octubre, el Boletín Oficial de Canarias publicó el Informe de Impacto Ambiental de la planta de emergencia La Garita-El Goro, de 14,8 MW. El Gobierno de Canarias concluye que no necesita someterse a una evaluación ordinaria, aunque condiciona su desarrollo al cumplimiento de determinadas medidas ambientales.
Hemos examinado esta resolución junto con el proyecto técnico de DISA Generación. El análisis, recogido en una auditoría que adjuntamos al final de esta publicación, plantea cuestiones que merecen una explicación más completa. Algunas son errores documentales. Otras afectan directamente a las hipótesis utilizadas para evaluar la contaminación, la seguridad industrial y las emisiones de gases de efecto invernadero.
El problema de evaluar unas condiciones y prever otras
Los ocho motogeneradores proyectados utilizarán propano como combustible. Su función será proporcionar potencia adicional al sistema eléctrico de Gran Canaria cuando las necesidades de seguridad del suministro lo requieran.
Hasta aquí, la finalidad de la instalación parece suficientemente clara. No obstante, el expediente introduce una cuestión fundamental al describir su funcionamiento.
La resolución de la evaluación ambiental de El Goro contempla una previsión aproximada de mil horas anuales por motor e incluso utiliza como referencia un escenario de tres horas diarias durante todo el año. Por otra parte, al recoger las características del estudio conjunto de dispersión atmosférica, describe una hipótesis de dos horas diarias.
La diferencia equivale aproximadamente a 270 horas anuales por motor. Aunque no demuestra por sí misma un incumplimiento de los límites de calidad del aire, sí obliga a comprobar la representatividad del estudio.
La concentración de contaminantes no depende únicamente del número de horas. También intervienen las condiciones meteorológicas, la potencia de los motores, los periodos de funcionamiento simultáneo y las emisiones del entorno industrial.
Precisamente por esa complejidad, las hipótesis deben estar suficientemente justificadas. Un estudio de dispersión resulta útil cuando reproduce escenarios relevantes y permite comprender sus limitaciones. Sin acceso a sus archivos de cálculo, no podemos determinar si la diferencia detectada modifica las conclusiones del modelo.
Por tanto, lo procedente es solicitar los datos originales y verificar que las condiciones evaluadas cubren adecuadamente el funcionamiento previsto.
La evaluación climática que el propio Gobierno considera incompleta
La contaminación atmosférica no es la única cuestión pendiente. Existe otra que resulta especialmente significativa para una comunidad autónoma comprometida legalmente con la descarbonización.
El Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental reconoce en su informe que la documentación presentada aborda parcialmente la variable climática. Entre las carencias identificadas figuran la insuficiente cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero y la ausencia de un balance completo de carbono para las alternativas estudiadas.
También señala un cumplimiento parcial de determinados apartados del artículo 55 de la Ley 6/2022, de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias. Pese a ello, emite un pronunciamiento favorable condicionado y propone completar diversos aspectos en fases posteriores.
La cuestión no consiste en negar que la legislación permita imponer condiciones ambientales. Consiste en determinar si los datos disponibles bastaban para concluir que el proyecto no podía producir efectos ambientales significativos que exigieran una evaluación ordinaria.
Esta distinción tiene una enorme importancia. Una medida correctora puede reducir un impacto previamente caracterizado. Sin embargo, cuando falta información necesaria para conocer su verdadera magnitud, la evaluación debe justificar por qué esa carencia no impide adoptar una decisión suficientemente fundada.
Además, el propano sigue siendo un combustible fósil. Puede presentar ventajas ambientales frente a determinados combustibles líquidos, pero su combustión continúa liberando dióxido de carbono. La posibilidad de emplear biopropano o mezclas con hidrógeno tampoco significa que esos combustibles vayan a utilizarse efectivamente.
La evaluación climática debería apoyarse en consumos, rendimientos y escenarios verificables, sin confundir capacidades tecnológicas futuras con reducciones de emisiones ya acreditadas.
Veintitrés motores térmicos en un mismo entorno industrial
La planta de DISA debe analizarse teniendo presente otra circunstancia: a muy poca distancia está proyectada una segunda central de generación de emergencia, promovida por GPM Generación.
Esta última dispondría de quince motores alimentados con gasóleo y una potencia declarada de 20 MW. Ambas instalaciones sumarían 34,8 MW y veintitrés motogeneradores, con parcelas separadas aproximadamente 29 metros y una infraestructura de evacuación parcialmente compartida.
La concentración de instalaciones no implica automáticamente una afección ambiental inadmisible. De hecho, el expediente incorpora un estudio conjunto de dispersión que contempla el funcionamiento simultáneo de las dos plantas. Es un aspecto positivo que debe reconocerse.
Sin embargo, la proximidad obliga a examinar cuidadosamente los posibles efectos acumulativos. La contaminación de fondo, las emisiones simultáneas y la exposición de los trabajadores de las naves colindantes merecen una atención específica.
La Asociación de Empresarios de El Goro ha planteado observaciones sobre estas cuestiones. También ha advertido de la necesidad de comprobar el ruido de baja frecuencia y las posibles consecuencias de accidentes industriales sobre las parcelas próximas.
Son preocupaciones técnicamente razonables. La resolución recoge medidas de vigilancia y comprobaciones posteriores, pero necesitamos conocer hasta qué punto los estudios previos han caracterizado suficientemente todos esos escenarios.
Esta problemática guarda relación con la que ya examinamos en nuestros análisis anteriores sobre la generación de emergencia en El Goro. La repetición de determinadas deficiencias documentales aconseja prestar más atención a los controles de calidad de los expedientes.
Seguridad industrial: las consecuencias también importan
El proyecto contempla dos depósitos de propano de 500 metros cúbicos en la parcela y otros dos depósitos de 200 metros cúbicos en las instalaciones de DISA Salinetas.
Su diseño incorpora sistemas de detección, dispositivos de corte, válvulas de seguridad y equipos contra incendios. Son medidas imprescindibles para reducir la probabilidad y las consecuencias de posibles accidentes.
Ahora bien, una evaluación ambiental de El Goro rigurosa también debe identificar los escenarios accidentales relevantes y comprobar la eficacia de las medidas previstas. Esto adquiere especial importancia cuando existen actividades industriales y trabajadores en las inmediaciones.
El expediente incluye análisis de riesgos y referencias al cumplimiento de la normativa sectorial. Aun así, las observaciones presentadas por los empresarios hacen necesario verificar con mayor detalle la caracterización de posibles afecciones térmicas y de sobrepresión.
No disponemos de elementos suficientes para afirmar que la instalación incumpla las exigencias de seguridad industrial. Tampoco sería riguroso presentar como inexistente cualquier estudio cuyos anexos no hayamos podido examinar íntegramente.
Lo que sí podemos exigir es una respuesta documental verificable a las dudas planteadas, especialmente cuando afectan a la seguridad de terceros.
Los errores de documentación y la calidad de las decisiones públicas
En el expediente también aparecen contradicciones que, consideradas individualmente, podrían parecer poco importantes.
La resolución recoge referencias a motores diésel al tratar determinados impactos de una central alimentada principalmente con propano. En otro apartado figura una expresión relativa a la altura de un seguidor, propia de proyectos fotovoltaicos y ajena a una instalación de motores térmicos.
Por su parte, la memoria del proyecto utiliza argumentos relacionados con autorizaciones excepcionales en suelo rústico, aunque posteriormente identifica la clasificación urbanística como suelo urbanizable sectorizado ordenado.
Estas incoherencias no permiten concluir automáticamente que la resolución sea inválida. Su relevancia jurídica depende de si afectan a la identificación del proyecto, la evaluación de sus impactos o la motivación de la decisión.
Pero tampoco deberían normalizarse. Los informes ambientales tienen consecuencias reales sobre el territorio, la salud, las actividades económicas y los recursos públicos. Por eso necesitan una revisión documental proporcional a su importancia.
El rigor administrativo no consiste únicamente en reunir informes y comprobar que se han cumplido los trámites. También exige que las hipótesis, los cálculos y las conclusiones mantengan una coherencia reconocible.
Una necesidad eléctrica que debe explicarse con mayor precisión
Existe una dimensión del expediente que trasciende las cuestiones ambientales: la justificación de la propia instalación.
Gran Canaria necesita mantener reservas suficientes y disponer de recursos capaces de responder ante contingencias. Es una exigencia ineludible en cualquier sistema eléctrico aislado.
Sin embargo, la necesidad de disponer de potencia adicional no demuestra por sí sola que una determinada solución térmica sea la alternativa más adecuada.
Para establecerlo habría que conocer qué necesidades concretas pretende cubrir: suficiencia de generación, reservas operativas, respuesta dinámica, flexibilidad o capacidad de reposición.
Cada función plantea exigencias distintas. Por ejemplo, disponer de un grupo auxiliar que permita arrancar un motor principal sin alimentación exterior constituye una capacidad útil. Pero no equivale a demostrar que toda la instalación pueda participar eficazmente en la reposición de un sistema eléctrico tras un apagón.
Del mismo modo, el almacenamiento electroquímico y otras tecnologías gestionables pueden prestar servicios relevantes, aunque su capacidad de sustituir generación térmica depende de la duración requerida, la energía disponible y las prestaciones técnicas exigidas.
Esta comparación debería formar parte de una planificación energética transparente. No necesariamente de cada expediente ambiental individual, pero sí de las decisiones que determinan qué instalaciones se promueven y por qué.
Mientras Canarias continúa desarrollando recursos renovables y almacenamiento, resulta razonable exigir que cada nueva inversión fósil esté respaldada por una necesidad operativa concreta, una duración justificada y criterios claros para su retirada.
Una auditoría para documentar las preguntas pendientes
Para que estas observaciones no queden reducidas a una crítica periodística, hemos elaborado una auditoría técnico-jurídica y ambiental que acompaña esta publicación.
El informe recoge diecisiete hallazgos, clasifica su relevancia, identifica las referencias documentales y propone doce requerimientos de información destinados a completar las comprobaciones.
Entre la documentación que consideramos imprescindible figuran el Documento Ambiental íntegro, el estudio original de dispersión atmosférica y los informes completos emitidos por los organismos consultados.
La auditoría distingue las contradicciones constatadas de aquellas cuestiones que necesitan una comprobación adicional en la evaluación ambiental de El Goro. No pretende sustituir una pericial completa ni afirmar la existencia de una ilegalidad que todavía no está demostrada.
Su utilidad reside precisamente en permitir un examen técnico contrastable y proporcionar una base para solicitar explicaciones a las administraciones competentes.
La resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias puede consultarse junto con el informe que adjuntamos.
Cuando la urgencia acaba convirtiéndose en costumbre
La emergencia energética se ha convertido en una justificación recurrente para promover nuevas instalaciones térmicas en Canarias. Es comprensible que las administraciones busquen soluciones cuando existen riesgos para la continuidad del suministro.
Lo que resulta menos comprensible es que, después de años de advertencias sobre la necesidad de modernizar nuestros sistemas eléctricos, sigamos dependiendo de respuestas provisionales cuya duración y sustitución futura no siempre quedan suficientemente explicadas.
Una instalación temporal puede ser necesaria. También puede estar ambientalmente justificada. Pero ambas circunstancias deben demostrarse, y sus condiciones deben poder comprobarse durante toda su vida operativa.
La evaluación ambiental de La Garita-El Goro contiene elementos positivos y medidas de control que merecen ser reconocidos. Al mismo tiempo, deja cuestiones técnicas que requieren aclaraciones y documentación adicional.
No necesitamos exagerar sus deficiencias para reclamar respuestas. Basta con examinar lo que dice el propio expediente y contrastarlo con las exigencias que deberían presidir una decisión de esta importancia.
La seguridad del suministro y la transición energética no son objetivos enfrentados. Al contrario, el verdadero desafío consiste en garantizar la primera mientras avanzamos de manera firme hacia la segunda.
Y para conseguirlo necesitamos algo más que declaraciones de urgencia. Necesitamos planificación, transparencia y decisiones técnicas capaces de resistir el examen crítico de quienes conocen estos sistemas y de quienes tendrán que convivir con sus consecuencias.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
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