No necesitamos crear una gigantesca empresa eléctrica
Una instalación renovable puede tener un propietario, una empresa encargada de su mantenimiento y otra especializada en gestionar la venta de la electricidad. Todas cumplen funciones distintas y ninguna tiene por qué asumir el conjunto de las actividades. Esta separación, habitual en el sector, ayuda a comprender las posibilidades de gestión energética que ofrece la legislación.
Cuando trasladamos esa realidad a las comunidades energéticas, aparece una cuestión interesante. ¿Hasta qué punto necesitan disponer de una estructura empresarial propia para desarrollar sus actividades? ¿Y cómo pueden recurrir a profesionales externos sin perder la capacidad de decisión?
La respuesta tiene importantes consecuencias organizativas. Aunque la contratación de servicios especializados ofrece alternativas, también exige definir responsabilidades, establecer mecanismos de supervisión y evitar que la dirección efectiva termine desplazándose hacia quienes prestan esos servicios.
Una organización puede dirigir sin ejecutarlo todo
En una entrega anterior explicamos qué es realmente una comunidad energética y adelantamos que la participación de sus miembros resulta compatible con una gestión profesional. Ahora corresponde profundizar en las consecuencias prácticas de esa posibilidad.
La diferencia fundamental se encuentra entre decidir qué debe hacerse y asumir materialmente su ejecución. Una organización puede aprobar una inversión, seleccionar a sus proveedores y establecer los objetivos de explotación sin disponer de personal propio para desarrollar cada tarea técnica.
Pensemos en una instalación fotovoltaica. Su propietario puede contratar una empresa de ingeniería para supervisar la construcción y otra para realizar el mantenimiento. Además, puede recurrir a servicios externos de administración, asesoramiento jurídico o seguimiento económico.
Sin embargo, las decisiones que correspondan al titular o a los órganos de gobierno de la entidad no desaparecen por esa contratación. La organización debe conservar las facultades y los medios necesarios para ejercerlas.
Este principio permite estudiar estructuras relativamente contenidas, apoyadas en profesionales especializados, sin reproducir todos los departamentos de una gran empresa energética.
Qué se puede contratar y qué responsabilidades permanecen
La legislación eléctrica admite expresamente determinadas formas de intervención de terceros. Un ejemplo es la representación de productores, regulada en el artículo 53 del Real Decreto 413/2014.
Ya examinamos esta posibilidad en la entrega dedicada a producir, almacenar y vender electricidad. Por tanto, ahora interesa una consecuencia organizativa: contratar un representante no implica, por sí mismo, transferirle la propiedad de la instalación ni todas las responsabilidades de su titular.
Algo parecido sucede con otros servicios profesionales, aunque cada actividad tiene sus propias condiciones jurídicas. Una empresa puede ejecutar trabajos de mantenimiento, pero el titular continuará sometido a las obligaciones administrativas, técnicas y ambientales que legalmente le correspondan.
Por su parte, el contratista responderá de sus obligaciones legales y de los compromisos que haya asumido. Por eso resulta esencial identificar correctamente las responsabilidades de ambas partes.
La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico establece diferentes categorías de sujetos y obligaciones según la actividad desarrollada. En consecuencia, ninguna fórmula de contratación permite ejercer libremente actividades reservadas a operadores habilitados o eludir las autorizaciones exigibles.
Antes de externalizar una función debe comprobarse quién puede prestarla, qué requisitos necesita y qué consecuencias jurídicas tiene el acuerdo.
La gestión energética necesita una dirección reconocible
Contratar especialistas tampoco significa que las decisiones deban quedar dispersas entre distintos proveedores. Una organización necesita identificar quién dirige sus actividades, quién supervisa los contratos y quién responde ante sus miembros.
La gestión energética profesional puede facilitar considerablemente el trabajo cotidiano. Sin embargo, requiere una estructura interna capaz de comprender la información recibida, evaluar el desempeño de los contratistas y adoptar decisiones cuando surjan problemas.
Por ejemplo, una empresa de mantenimiento podría presentar informes periódicos sobre la disponibilidad de una instalación, las averías registradas y los trabajos pendientes. Esos informes deberían permitir a la entidad propietaria conocer el estado de sus activos y comprobar el cumplimiento de las condiciones contratadas.
De igual manera, los responsables de la organización necesitarían disponer de información económica suficiente para verificar los ingresos, los gastos y los compromisos asumidos. La transparencia interna resulta especialmente importante cuando participan personas que no tienen conocimientos profesionales del sector eléctrico.
Esto exige cierto equilibrio. Sería poco práctico someter cada actuación ordinaria a una votación colectiva. Pero también resultaría inadecuado concentrar las decisiones importantes en una empresa externa sin mecanismos efectivos de supervisión.
Una posible respuesta consiste en diferenciar las decisiones estratégicas de las tareas ordinarias de administración. La distribución concreta de competencias dependerá de la forma jurídica, los estatutos y los contratos, siempre dentro de los límites legales aplicables.
El peligro de depender demasiado de una sola empresa
La contratación externa aporta conocimientos y medios especializados, pero también puede generar dependencias difíciles de corregir.
Imaginemos una organización que entrega a una misma empresa la administración, el seguimiento técnico y buena parte de la información económica de sus instalaciones. Mientras la relación funciona correctamente, esta concentración podría parecer eficiente. Sin embargo, los problemas aparecerían si el proveedor incumple sus obligaciones, aumenta sustancialmente sus condiciones económicas o deja de prestar servicio.
La situación sería especialmente delicada si toda la documentación, los procedimientos y los datos necesarios para continuar la actividad permanecieran bajo el control exclusivo de esa empresa.
Por consiguiente, la selección de proveedores debería valorar cuestiones que van bastante más allá del precio. La experiencia profesional, la solvencia, la transparencia y la posibilidad de sustituir al contratista también merecen atención.
Tampoco existe una regla que obligue a repartir todos los trabajos entre empresas diferentes. En determinados casos, contratar varios servicios conjuntamente puede resultar conveniente. Lo importante será evaluar las ventajas de cada fórmula y evitar dependencias que comprometan la autonomía de la organización.
Este riesgo afecta a cualquier propietario de instalaciones energéticas, pero cobra especial relevancia en entidades cuya finalidad incluye una participación colectiva efectiva.
Los contratos también forman parte del control
Los estatutos pueden atribuir las decisiones a los órganos de gobierno y, pese a ello, determinados contratos pueden limitar considerablemente su capacidad real de actuación y de gestión en general y energética en particular.
Por ejemplo, un acuerdo de gestión excesivamente prolongado, acompañado de penalizaciones desproporcionadas por resolución anticipada, podría dificultar el cambio de proveedor. Del mismo modo, determinadas cláusulas de exclusividad o facultades de veto podrían condicionar decisiones que deberían corresponder a la propia entidad.
Por eso resulta aconsejable examinar los contratos desde una perspectiva organizativa, además de económica y jurídica.
Entre otras cuestiones, habría que establecer con claridad el alcance de los servicios, los criterios de remuneración, los mecanismos de información, las responsabilidades por incumplimiento y las condiciones de finalización de la relación contractual.
También merece atención el acceso a la documentación y a los datos generados durante la prestación de los servicios. Una organización debería poder conservar la información necesaria para supervisar su actividad y facilitar la continuidad operativa cuando se produzca un cambio de contratista, respetando las exigencias legales aplicables.
Estas previsiones no garantizan por sí solas una gestión adecuada. Sin embargo, reducen determinados riesgos y permiten detectar con mayor facilidad cuándo un contrato puede comprometer la capacidad de decisión de su titular.
La gestión general y energética profesional debe respetar el control efectivo
Las comunidades energéticas presentan una particularidad respecto a otras organizaciones empresariales: su reconocimiento jurídico está condicionado, entre otros requisitos, a determinadas reglas de participación y control.
Las diferencias entre las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía ya fueron explicadas en nuestra comparación entre CER y CCE. No necesitamos reproducir aquí sus definiciones, pero sí recuperar una consecuencia fundamental de aquel análisis.
La contratación de profesionales externos debe organizarse de manera compatible con el control efectivo exigido a cada figura. Esto implica examinar tanto las atribuciones formales de los órganos de gobierno como el poder real que puedan adquirir otras empresas mediante acuerdos contractuales.
En particular, la autonomía de las comunidades de energías renovables constituye una exigencia expresa de su definición jurídica. Además, el control efectivo de las comunidades ciudadanas de energía está reservado a las categorías de participantes previstas legalmente.
Por tanto, una entidad podría tener una gestión cotidiana muy profesionalizada y conservar su naturaleza participativa. La condición esencial es que sus acuerdos respeten los requisitos jurídicos correspondientes.
En este ámbito también deberá atenderse al desarrollo reglamentario específico de las comunidades energéticas y a las normas que resulten aplicables cuando se diseñe una organización concreta.
La profesionalización puede facilitar proyectos mejor gestionados
La necesidad de disponer de conocimientos técnicos y empresariales representa una dificultad real para las organizaciones pequeñas. Sin embargo, esa circunstancia también explica por qué la contratación de especialistas puede resultar una herramienta útil.
La Recomendación (UE) 2026/1007 de la Comisión Europea, publicada en mayo de 2026, reconoce la importancia de facilitar asistencia técnica, jurídica, administrativa y financiera a las comunidades energéticas. Además, propone medidas para mejorar sus capacidades y favorecer su profesionalización.
Se trata de recomendaciones dirigidas principalmente a los Estados miembros, no de una autorización general para delegar cualquier responsabilidad. Aun así, reflejan que las instituciones europeas consideran necesario apoyar a estas organizaciones con conocimientos y servicios especializados.
De hecho, el tamaño de una entidad y la calidad de su gestión son cuestiones diferentes. Una estructura pequeña puede estar bien administrada si dispone de recursos adecuados, mientras una organización grande también puede sufrir deficiencias de control y supervisión.
Por ello, el criterio razonable sería adaptar la organización a las actividades reales, a sus riesgos y a las obligaciones que deba cumplir. La dimensión administrativa debería justificarse por las necesidades del funcionamiento, evitando tanto la improvisación como la creación de estructuras innecesariamente complejas.
Una estructura proporcionada, pero con responsabilidades claras
El análisis permite extraer una conclusión importante: las comunidades energéticas pueden estudiar formas de organización que combinen una dirección propia con servicios profesionales contratados. La legislación contempla distintas posibilidades, aunque su aplicación concreta depende de la actividad, la figura jurídica y los acuerdos establecidos.
La gestión energética de una organización colectiva requiere, por tanto, capacidad de decisión, información suficiente y mecanismos de supervisión. La contratación especializada puede aportar eficiencia y conocimientos, siempre que sus condiciones respeten las obligaciones legales y el control que debe conservar la entidad.
Cada iniciativa tendrá que encontrar un equilibrio adecuado entre los recursos internos y los servicios externos. Habrá situaciones en las que resulte conveniente contratar una función y otras en las que sea preferible disponer de medios propios. Ninguna de las dos alternativas puede considerarse universalmente superior.
Queda, sin embargo, una cuestión que merece un análisis independiente. Hasta ahora hemos diferenciado la propiedad de las instalaciones de los servicios necesarios para administrarlas y gestionar su producción. Pero suministrar electricidad directamente a los consumidores supone asumir una actividad diferente, con condiciones y obligaciones específicas.
¿Sería necesario desarrollar también esa actividad dentro de una comunidad energética, o existen otras alternativas?
Esa será la cuestión de nuestra próxima entrega:
¿Necesita la comunidad su propia comercializadora?
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
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