Ceros energéticos en La Palma: ¿quién gobierna el sistema?
Los ceros energéticos en La Palma empiezan a plantear una cuestión que va mucho más allá de averiguar qué equipo falló primero. Cuando una isla pierde por completo su suministro varias veces en pocos años, conviene preguntarse también quién analiza el sistema en su conjunto, quién planifica sus necesidades y quién comprueba que las medidas adoptadas después de cada incidente realmente se cumplen.
El nuevo cero registrado este 2 de noviembre de 2026 vuelve a poner esa pregunta encima de la mesa. El Gobierno de Canarias confirmó que a las 06:42 horas se produjo un fallo general que dejó a toda la isla sin suministro eléctrico. Declaración oficial del Gobierno de Canarias sobre el cero del 2 de noviembre
Todavía es pronto para establecer su causa definitiva y sería irresponsable anticiparla. Sin embargo, no es pronto para analizar lo ocurrido durante los últimos años. Ese recorrido revela problemas de transparencia, coordinación y planificación que ya no pueden considerarse episodios aislados.
Ceros energéticos en La Palma: sancionar no siempre significa exigir responsabilidades
El cero del 20 de marzo de 2018 constituye un precedente especialmente revelador. Cuatro años después, el Gobierno de Canarias impuso a Unión Eléctrica de Canarias Generación una sanción de 8.001.001 euros por dos infracciones calificadas como muy graves. Una estaba relacionada con el mantenimiento de las instalaciones y otra con la interrupción del suministro. Resolución anunciada por el Gobierno de Canarias en abril de 2022
Aquella sanción parecía cerrar el expediente con una importante consecuencia económica. Pero ocurrió exactamente lo contrario. El procedimiento fue recurrido y acabó anulado porque la Administración había superado el plazo legal que debía respetar.
El propio Informe de Fiscalización de la Cuenta General de Canarias de 2024, elaborado por la Audiencia de Cuentas, permite seguir las consecuencias. El expediente 181/2022 aparece asociado al cero palmero de 2018. La Administración tuvo que devolver los 8.001.001 euros y pagar otros 633.734,50 euros de intereses. Informe completo de la Audiencia de Cuentas de Canarias
Por tanto, la sanción no tuvo finalmente efecto económico para la empresa. Al contrario, su anulación generó un coste adicional para las arcas públicas. La legislación canaria fue posteriormente modificada para evitar que esa situación pudiera repetirse.
Esto no significa que todo cero deba terminar necesariamente con una multa. Un fallo eléctrico puede producirse sin que exista una infracción sancionable. Pero sí demuestra que investigar correctamente y tramitar correctamente son dos obligaciones inseparables.
El cero de 2025: mucha investigación anunciada y pocas conclusiones públicas
El 10 de junio de 2025 La Palma volvió a sufrir un cero energético. La declaración del PLATECA recogía entonces un fallo comunicado por Endesa en un generador de Los Guinchos. Declaración oficial del cero del 10 de junio de 2025
Posteriormente, el Gobierno autonómico informó de que había abierto expedientes informativos a Red Eléctrica y Endesa. También anunció una inspección en Los Guinchos, el análisis cronológico de las actuaciones y varias reuniones para revisar los procedimientos seguidos durante el incidente. Actuaciones anunciadas por el Gobierno tras el cero de junio de 2025
Días después, la Consejería presentó además lo que denominó un plan integral de generación reforzada para La Palma. Entre otras cuestiones, reclamaba cambios en generación, distribución, operación y almacenamiento. Plan de actuaciones presentado en junio de 2025
La actividad administrativa, por tanto, existió. Lo que resulta mucho más difícil encontrar es un documento público que permita conocer con profundidad qué ocurrió.
El encargo a IPROCEL merece mucha más atención
Hay un hecho especialmente importante que hasta ahora apenas ha trascendido al debate público. La Dirección General de Energía decidió encargar un análisis técnico independiente de varios incidentes eléctricos de La Palma.
El expediente puede identificarse con precisión: CONTM/2026/0000005521. Se trata de un contrato menor de servicios adjudicado a IPROCEL, S.L. el 8 de abril de 2026, por un importe de 15.253,92 euros y con un plazo de ejecución establecido de cinco meses. La contratación fue publicada el 21 de mayo.
El objeto del contrato resulta todavía más interesante. No se limita al cero de junio de 2025. Incluye tres investigaciones diferentes:
- el cero energético del 10 de junio de 2025;
- el disparo del diferencial de barras de la subestación de 66 kV de Los Guinchos, ocurrido el 8 de mayo;
- y las oscilaciones registradas en la central térmica de Los Guinchos los días 13 de noviembre y 10 de diciembre de 2025.
El expediente procede de los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde figura el perfil del órgano contratante y el correspondiente registro del contrato. Plataforma de Contratación del Sector Público
La existencia de este encargo desmonta una idea que a veces aparece en el debate: que solamente Endesa o Red Eléctrica disponen de profesionales capaces de analizar técnicamente un cero. Hay conocimiento especializado fuera de ambas compañías.
La verdadera pregunta es otra: ¿de qué información dispuso el equipo investigador?
Una auditoría independiente necesita algo más que independencia
Un equipo externo competente puede reconstruir un incidente eléctrico complejo. Pero para obtener conclusiones sólidas necesita acceder a los registros originales de todos los agentes implicados.
Hablamos de oscilografías, registros cronológicos de eventos, ajustes y actuaciones de protecciones, estados de interruptores, telemedidas, consignas de operación y registros de los grupos generadores. También hacen falta datos sobre reguladores de velocidad, excitación, deslastres, comunicaciones y maniobras realizadas durante la reposición.
Sin esa información puede elaborarse un análisis razonable. Una auditoría causal concluyente exige mucho más.
Por eso sería importante conocer no solo el informe encargado a IPROCEL, sino también su alcance real. Deberíamos saber qué documentación fue entregada, qué limitaciones encontró el auditor y cuáles fueron finalmente sus conclusiones.
A fecha de publicación de esta entrada, no hemos localizado públicamente ese informe. Si ya ha sido concluido, su publicación —al menos en una versión que preserve la información sensible— sería enormemente útil para comprender los problemas del sistema palmero.
El sistema eléctrico es uno, pero sus responsabilidades están divididas
Existe además un problema estructural. La separación entre generación, transporte y distribución tiene una lógica regulatoria perfectamente comprensible. Evita concentrar actividades esenciales bajo un único operador y establece responsabilidades diferenciadas.
Sin embargo, las leyes empresariales no cambian las leyes de la física. Cuando ocurre una perturbación, el sistema eléctrico de La Palma sigue siendo uno.
El generador puede perder potencia. La red de transporte puede sufrir una contingencia. La distribución puede modificar la carga conectada. Una protección puede actuar sobre cualquiera de esas instalaciones. Y todo ello acaba reflejándose en las mismas variables eléctricas: frecuencia, tensión y estabilidad.
La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico establece las funciones de los diferentes agentes y define también la planificación eléctrica. Sin embargo, solo la planificación de la red de transporte tiene carácter vinculante.
La distribución desarrolla sus planes de inversión. La generación responde a otro marco. El almacenamiento sigue su propio desarrollo regulatorio. Las renovables se incorporan mediante sus correspondientes procedimientos de acceso y autorización.
El riesgo aparece cuando nadie posee una responsabilidad equivalente sobre el diseño integral de todo el sistema insular.
La Palma necesita algo más que planes separados
El nuevo Real Decreto 640/2026 sobre inversiones en transporte y distribución introduce avances importantes. Obliga a elaborar planes anuales y plurianuales, aumenta la transparencia y establece mecanismos de seguimiento de su ejecución.
Además, incorpora una previsión especialmente interesante para los territorios no peninsulares. Las distribuidoras deberán plantear inversiones destinadas a mejorar la calidad cuando el número y duración de las interrupciones superen determinados valores respecto de la media nacional.
La norma también contempla expresamente inversiones en telecontrol, telemando, observabilidad y sistemas necesarios para los procedimientos de reposición. Es un paso en la dirección correcta.
Sin embargo, mejorar por separado transporte y distribución no sustituye una planificación sistémica. La Palma necesita analizar conjuntamente generación, redes, almacenamiento, renovables, inercia, potencia de cortocircuito, regulación, comunicaciones y reposición.
Podemos llamarlo Plan Integral del Sistema Eléctrico de La Palma. El nombre importa menos que su función: alguien debe comprobar que todas las piezas funcionan juntas y que el sistema resultante puede sobrevivir a contingencias razonablemente previsibles.
Red Eléctrica tampoco ve todo lo que ocurre en distribución
Hay otra cuestión técnica poco conocida y muy relevante para los ceros energéticos en La Palma.
Los procedimientos de operación específicos de los sistemas eléctricos no peninsulares establecen que el operador del sistema debe recibir automáticamente en tiempo real toda la información necesaria de la red de transporte. Sin embargo, en distribución esa obligación alcanza a las instalaciones que forman parte de la denominada red observable.
El procedimiento también establece que las telemedidas se intercambien con periodicidades que, salvo determinados datos específicos, no deben superar los doce segundos.
Esto no implica un incumplimiento de Red Eléctrica ni del distribuidor. Es el modelo regulatorio establecido.
Pero cabe preguntarse si ese modelo es suficiente para una isla pequeña. Durante una reposición después de un cero puede ser relevante conocer configuraciones de media tensión, bloques de carga, generación distribuida y determinadas maniobras que modifican rápidamente el equilibrio generación-demanda.
Quizá una de las reformas que necesitan los sistemas canarios sea precisamente ampliar la observabilidad operativa de la distribución cuando resulte relevante para la seguridad del sistema.
Investigar cada cero como se investiga un accidente
En Canarias Sostenible ya analizamos la sistemática de los ceros eléctricos del Archipiélago. La acumulación de nuevos incidentes aconseja avanzar ahora hacia un modelo diferente de investigación.
Cada cero debería generar un informe técnico independiente. Ese equipo tendría que disponer de acceso obligatorio a toda la información necesaria, con independencia de qué empresa sea su propietaria.
El informe debería establecer una cronología precisa, diferenciar causas iniciales y contribuyentes, identificar deficiencias y proponer medidas correctoras. Posteriormente, otra revisión tendría que comprobar que esas medidas se ejecutaron.
Existe un precedente reciente. Tras el apagón peninsular de abril de 2025, la CNMC realizó durante 2026 un plan específico de inspecciones sobre las capacidades de reposición del servicio. Analizó generación, transporte, distribución, comunicaciones, centros de control y coordinación entre agentes. Informe de la CNMC sobre las capacidades de reposición del sistema
Ese trabajo se refiere específicamente al sistema peninsular. Los sistemas eléctricos canarios necesitan una metodología equivalente adaptada a sus características.
El verdadero problema puede estar entre las fronteras
Buscar un culpable inmediatamente después de un apagón resulta comprensible, pero puede llevarnos a simplificar demasiado. Un cero energético en La Palma o en la península, casi nunca se explica únicamente diciendo que «falló un grupo» o «disparó una línea».
Lo relevante es entender por qué el sistema completo no logró absorber esa perturbación. Hay que saber qué ocurrió después del primer fallo, qué defensas actuaron, cuáles no fueron suficientes y qué decisiones condicionaron la reposición.
Ese análisis obliga a mirar precisamente las fronteras entre generación, transporte y distribución. Son lugares donde cambian las responsabilidades empresariales, aunque eléctricamente todo continúe formando parte del mismo sistema.
La Palma necesita generación fiable, redes robustas, almacenamiento y mucha más energía renovable. Pero necesita también algo menos visible: una arquitectura institucional capaz de observar, analizar y planificar el sistema como una única realidad física.
Después de tantos ceros, quizá esa sea la pregunta que realmente debemos hacernos. No solamente quién tuvo la culpa del último apagón, sino quién tiene la responsabilidad de evitar que las debilidades conocidas sigan acompañándonos hasta el siguiente.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
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