Planificación energética canaria: gobernar a ciegas
La planificación energética canaria debería responder a una pregunta elemental: qué sistema eléctrico queremos construir y qué debemos hacer, isla por isla, para alcanzarlo. Sin embargo, el Gobierno de Canarias ha elegido el camino contrario. Primero desmontó la arquitectura que había heredado. Después empezó a señalar en los mapas dónde podrían instalarse las renovables, sin explicar cuánta potencia necesita cada sistema, qué tecnologías deben aportarla ni qué infraestructuras permitirán integrarla.
No estamos ante otro retraso administrativo. Estamos ante una forma de gobernar que confunde movimiento con dirección y superficies coloreadas con política energética.
La planificación energética canaria que se dejó caer
La redacción original de la Ley 6/2022, de Cambio Climático y Transición Energética creó una arquitectura ordenada de instrumentos climáticos y energéticos. Dentro de ella, el Plan de Transición Energética de Canarias, el PTECan, debía concretar las actuaciones necesarias para reducir emisiones, aumentar las renovables, desarrollar almacenamiento y garantizar el suministro.
La ley exigía algo especialmente valioso para unas islas eléctricamente fragmentadas. El PTECan debía programar temporalmente la implantación renovable, considerar la capacidad de soporte de cada sistema insular y establecer criterios de localización. También debía valorar los impactos por islas y fijar criterios y plazos para sustituir o cerrar grupos térmicos fósiles.
Aquel plan no era perfecto ni llegó a aprobarse definitivamente. Necesitaba debate y actualización. Pero intentaba unir objetivos, tecnologías, territorios, redes, almacenamiento y calendario.
Además, estaba acompañado por ocho estrategias específicas sobre autoconsumo, almacenamiento, vehículo eléctrico, generación gestionable, geotermia, renovables marinas, hidrógeno verde, gestión de la demanda y redes inteligentes.
La propia web del Gobierno continúa llamándolas «estrategias de apoyo al PTECan». También mantiene publicada la versión inicial del plan, fechada en mayo de 2023.
El Gobierno eliminó el instrumento antes de sustituirlo
El actual Ejecutivo modificó la ley mediante el Decreto ley 5/2024. La nueva regulación sustituyó aquella arquitectura por el Plan Integrado de Energía y Clima de Canarias, el PIECan, y el Plan Canario de Adaptación Climática.
La cuestión no son las siglas. El problema es que se eliminó de la ley la figura específica del PTECan. Con ello, el plan en tramitación perdió su continuidad como instrumento legal antes de existir una alternativa de precisión comparable.
El procedimiento para elaborar el PIECan comenzó en noviembre de 2024. Sin embargo, la página oficial de planificación energética, actualizada el 29 de mayo de 2026, seguía mostrando como último documento detallado la versión inicial del PTECan.
No aparecía allí una nueva hoja de ruta con potencias, tecnologías, redes, almacenamiento, responsables y plazos desglosados por islas.
En enero de 2026 se añadió otra singularidad. Parte del PIECan puede aprobarse dentro del Plan Canario de Adaptación Climática y considerarse una aprobación parcial. Es una fórmula legalmente prevista, pero fragmenta una planificación que necesita claridad y lectura conjunta.
El resultado es difícil de disimular: Canarias ha retrocedido en capacidad planificadora durante los años decisivos para alcanzar los objetivos de 2030.
ZAR sin planificación energética canaria
En este vacío aparecen las Zonas de Aceleración de Renovables. Las ZAR pueden ordenar el despliegue, reducir conflictos y concentrar proyectos en lugares adecuados. Pero solo tienen sentido cuando son consecuencia de una planificación previa.
El protocolo publicado para Lanzarote y La Graciosa seleccionaba estas zonas atendiendo al recurso renovable, la infraestructura existente, la proximidad a la red y la prioridad sobre superficies artificiales. También incluía consideraciones ambientales y sociales. Son criterios necesarios, pero no suficientes.
Antes de decidir el tamaño y la ubicación de una ZAR, la Administración debería explicar qué demanda tendrá el sistema Lanzarote-Fuerteventura en 2030 y 2040.
También debería determinar cuánta energía renovable necesita el sistema y cómo se repartirá entre tecnologías. Habría que concretar el autoconsumo posible, el almacenamiento necesario y la generación gestionable que seguirá siendo imprescindible.
Además, debe conocerse la capacidad de integración de cada nudo, las ampliaciones de red y los vertidos previsibles. Hay que analizar las reservas, la estabilidad, el control de tensión, la potencia de cortocircuito y la respuesta ante contingencias.
Sin esas respuestas, delimitar una ZAR es reservar suelo para una necesidad que no ha sido calculada ni explicada de forma transparente.
Un mapa no sustituye un estudio eléctrico
La cercanía a una línea o a una subestación no demuestra que exista capacidad para integrar nueva generación. Una red puede estar próxima y presentar congestiones, limitaciones de tensión o problemas ante determinadas contingencias.
Tampoco es indiferente la tecnología. Cien megavatios fotovoltaicos concentrados se comportan de forma distinta a cien megavatios eólicos. Sus perfiles horarios y necesidades de almacenamiento no son iguales.
El orden correcto debería ser otro.
Primero se estima la demanda. Después se fija la cobertura renovable y su reparto tecnológico. A continuación se calculan el almacenamiento, la generación gestionable, las redes y los servicios de estabilidad. Solo entonces se identifican los terrenos necesarios.
La ZAR debería ser el último mapa del proceso, no el primero.
Esta cuestión ya la planteamos en ZAR Lanzarote: el error de planificar solo con megavatios. La polémica posterior ha reforzado aquella advertencia.
Lanzarote retrata la improvisación
Gobierno y Cabildo firmaron en julio de 2025 un protocolo para desarrollar las ZAR de Lanzarote y La Graciosa. El documento fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias al mes siguiente.
Después llegaron las discrepancias sobre los planos, el rechazo social y el reconocimiento de errores. En marzo de 2026 ambas administraciones acordaron revisar los mapas. En junio, el Cabildo anunció que el Gobierno retiraba el documento inicial para elaborar otra propuesta.
Ni siquiera esa retirada ha quedado explicada con limpieza.
Mientras el Cabildo habló de anulación y nuevo mapeo, se cuestionó que existiera una resolución formal publicada en el BOC. Pasar de presentar el protocolo como un avance ejemplar a discutir si los mapas han sido anulados o solo retirados del visor demuestra un preocupante desorden administrativo.
Estamos hablando de la ordenación del territorio y de inversiones llamadas a transformar durante décadas el sistema eléctrico insular.
No es admisible gestionar algo tan delicado mediante rectificaciones, versiones contradictorias y anuncios sin una base energética visible.
Mucha aceleración y poca dirección
El Gobierno autonómico insiste en acelerar la transición. Pero acelerar sin saber con precisión hacia dónde se avanza también puede alejarnos del objetivo.
Las ayudas, los concursos de potencia, las declaraciones de emergencia y las ZAR son instrumentos parciales. Necesitan una planificación energética canaria que establezca prioridades y explique cómo encaja cada actuación.
Esa planificación debe indicar, para cada sistema insular, la evolución de la demanda, la potencia renovable por tecnología, el almacenamiento y las redes necesarias.
También debe identificar la generación gestionable, el calendario de retirada fósil, las inversiones, los responsables y los hitos anuales.
Eso era, con sus carencias y su carácter provisional, lo que el PTECan intentaba construir. El Gobierno podía corregirlo, actualizarlo o reforzarlo. Lo que no debía hacer era desmontarlo sin tener preparada una alternativa equivalente.
Canarias no puede permitirse esta gestión
La transición energética exige valentía política, pero también humildad técnica. Los sistemas eléctricos aislados no obedecen a los discursos. Responden a balances de potencia, redes, reservas, estabilidad, almacenamiento y capacidad operativa.
La actual planificación energética canaria no ofrece una respuesta pública suficientemente detallada a esas variables. En su lugar, encontramos instrumentos dispersos y procesos territoriales que se corrigen después de haber sido anunciados como grandes avances.
La crítica debe ser clara. El Gobierno de Canarias eliminó una hoja de ruta detallada, no ha aprobado otra de alcance equivalente y está delimitando zonas renovables sin demostrar previamente qué necesita cada isla.
Eso no es acelerar la transición. Es administrarla sin brújula.
Canarias necesita recuperar una planificación energética canaria integral, insularizada, transparente y evaluable. Debe hacerlo antes de seguir ocupando mapas, generando expectativas empresariales y enfrentando a la sociedad con proyectos cuya justificación sistémica no se ha mostrado.
La transición renovable es urgente. Precisamente por eso, merece algo mucho mejor que esta improvisación.
