Baterías para reserva rodante en Canarias: oportunidad y límites

Baterías para reserva rodante: la oportunidad que Canarias no debe perder

Canarias necesita abandonar de una vez la idea de que garantizar el suministro eléctrico equivale, necesariamente, a instalar más grupos diésel o mantener centrales fósiles funcionando a media carga por si ocurre una incidencia. La nueva regulación sobre baterías para reserva rodante abre una vía distinta: utilizar almacenamiento eléctrico para reforzar la seguridad de los sistemas aislados y reducir la dependencia del combustible importado.

La medida no anuncia una batería concreta, ni asigna potencia, ni garantiza una inversión inmediata. Sin embargo, introduce una herramienta jurídica que puede ser muy relevante para las islas. Bien aplicada, permitiría sustituir parte de la reserva que hoy prestan grupos térmicos por sistemas de almacenamiento capaces de responder en segundos.

No es un cambio menor. En un sistema aislado, cada megavatio disponible importa. Pero importa aún más la velocidad con la que ese megavatio puede entrar en servicio cuando falla un grupo, cae una línea o se produce una desviación brusca entre generación y demanda.

Qué habilitan las baterías para reserva rodante

La nueva disposición adicional vigesimocuarta permite que una comunidad autónoma solicite al Ministerio para la Transición Ecológica el reconocimiento parcial de los costes de una medida de emergencia basada en baterías.

La condición es exigente. El operador del sistema debe acreditar que existe una falta de reserva rodante tan importante que obliga a recurrir al deslastre de demanda como alternativa. Es decir, que la seguridad del sistema solo puede mantenerse desconectando consumos cuando se produce una contingencia.

La norma establece cuatro límites claros:

  1. La medida solo puede aplicarse en sistemas eléctricos aislados de territorios no peninsulares.
  2. Debe existir un informe técnico previo del operador del sistema que justifique la necesidad.
  3. La solución debe basarse en baterías y no puede existir una alternativa de menor coste.
  4. El reconocimiento económico se limita al 25 % de la inversión prevista, mientras que el 75 % restante deberá financiarse con recursos propios o ayudas públicas europeas.

La disposición exige además que el informe técnico defina la potencia necesaria, la capacidad de regulación, los requisitos de conexión, los modos de control y las funcionalidades prioritarias para operar con seguridad.

Ese detalle es importante. No basta con instalar contenedores de baterías y conectarlos a una subestación. Hay que diseñar un activo eléctrico capaz de responder de forma fiable ante incidencias reales.

Reserva rodante sin quemar combustible

La reserva rodante ha sido tradicionalmente una función de los grupos térmicos conectados a la red. Son unidades que permanecen funcionando por debajo de su potencia máxima, consumiendo combustible, para poder aumentar rápidamente su producción cuando falla otro grupo.

Ese modelo tiene un coste económico y ambiental evidente. Mantener motores térmicos preparados para responder implica consumir gasóleo o fuelóleo incluso cuando no sería necesario producir esa energía.

Las baterías para reserva rodante pueden prestar una parte relevante de esa función. Su respuesta es mucho más rápida que la de una central térmica convencional. Pueden inyectar potencia en milisegundos, estabilizar la frecuencia y reducir la necesidad de mantener grupos fósiles funcionando por razones exclusivamente operativas.

Pero conviene decirlo con precisión: una batería no crea energía. La almacena y la devuelve cuando el sistema lo necesita. Por eso su valor dependerá de cómo se cargue, de cuánto tiempo pueda sostener la respuesta y de la estrategia de operación que se establezca.

Una batería cargada con excedentes renovables puede reducir vertidos, evitar consumo fósil y reforzar la seguridad del sistema al mismo tiempo. Una batería cargada sistemáticamente con generación térmica puede mejorar la respuesta ante contingencias, pero no tendrá el mismo efecto sobre las emisiones.

Infografía sobre la nueva regulación de baterías para reserva rodante en sistemas eléctricos aislados: condiciones de activación, informe del operador, requisitos técnicos y financiación.

Una oportunidad real para Canarias

Las islas canarias reúnen las condiciones donde esta medida puede resultar más útil. Sistemas pequeños, elevada dependencia del petróleo, centrales térmicas envejecidas, dificultades para mantener reservas suficientes y una penetración renovable que sigue lejos de su potencial.

La aportación de las baterías para reserva rodante puede ser especialmente valiosa en tres ámbitos.

Menos generación fósil obligada a permanecer en marcha

Reducir la reserva proporcionada por motores térmicos permitiría disminuir horas de funcionamiento a mínimo técnico. Esto puede traducirse en menor consumo de combustible, menos emisiones y una operación más eficiente de las centrales existentes.

No significa que las baterías puedan sustituir de golpe toda la potencia gestionable. Un sistema aislado necesita capacidad firme, servicios de regulación, control de tensión, capacidad de cortocircuito y planes de reposición del suministro. Pero sí puede reducir una parte relevante de la dependencia operativa de los grupos fósiles.

Más espacio para las energías renovables

Cuando un sistema mantiene demasiada generación térmica conectada por seguridad, queda menos margen para integrar eólica y fotovoltaica. El resultado son vertidos renovables, grupos térmicos funcionando innecesariamente y una transición energética bloqueada por limitaciones operativas.

El almacenamiento puede aliviar ese problema, aunque no lo resolverá por sí solo. Si una batería debe mantenerse disponible para reserva, una parte de su energía tendrá que permanecer reservada. No siempre podrá dedicarse a absorber excedentes solares o eólicos.

Por eso será esencial definir bien la estrategia de carga, el estado de carga mínimo, la potencia reservada para contingencias y la coordinación con la generación renovable.

Una alternativa a la lógica de los grupos de emergencia

Canarias ya conoce el recurso a medidas extraordinarias de generación fósil. En 2025 se reconocieron medidas de emergencia para instalar grupos adicionales en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, con potencias de hasta 137,8 MW, 71,6 MW y 32,8 MW respectivamente. (BOE)

La nueva disposición no anula esas decisiones ni convierte automáticamente las baterías en sustitutas de toda esa potencia. Son problemas distintos. Una cosa es la falta de cobertura de demanda y otra la insuficiencia de reserva rodante para responder a contingencias.

Sin embargo, la orientación cambia. Por primera vez se abre una vía específica para atender una emergencia operativa mediante almacenamiento, no mediante más combustión fósil.

El límite económico y la responsabilidad pública

El reconocimiento económico queda limitado al 25 % de la inversión. Esa condición obliga al Gobierno de Canarias a movilizar fondos propios, fondos europeos o mecanismos complementarios de financiación.

Puede ser una dificultad. También puede ser una oportunidad para seleccionar proyectos sólidos, bien dimensionados y realmente útiles para el sistema.

Lo que no debería ocurrir es repetir modelos de emergencia que terminan convirtiéndose en activos fósiles permanentes, caros y difíciles de retirar. Las baterías que se instalen bajo esta fórmula deben diseñarse para integrarse después en una planificación estable de almacenamiento, renovables y redes.

La norma remite al régimen de medidas temporales y extraordinarias del artículo 59 del Real Decreto 738/2015. Ese procedimiento exige justificar previamente la necesidad, fijar duración limitada y reconocer posteriormente los costes acreditados. (BOE)

Infografía sobre las repercusiones de las baterías para reserva rodante en Canarias: menos generación fósil, respuesta rápida ante incidencias, mayor integración renovable y límites del almacenamiento.

Qué debería exigir Canarias antes de activar esta medida

Canarias debería aprovechar esta posibilidad, pero con exigencia técnica y transparencia pública.

Sería razonable reclamar que cualquier solicitud incorpore, al menos:

  • Un informe público del operador del sistema que cuantifique el riesgo de deslastre de demanda.
  • La potencia en MW y energía en MWh necesarias para cada sistema insular.
  • Los requisitos de respuesta rápida, control de tensión y operación en modo grid-forming cuando resulte necesario.
  • Un compromiso de carga prioritaria con renovables disponibles.
  • Garantías de disponibilidad, reposición de módulos, gestión de degradación y penalizaciones por indisponibilidad.
  • Un plan para que la instalación siga siendo útil cuando termine la situación de emergencia.

La medida puede ser muy valiosa. Pero debe servir para construir sistema eléctrico, no para parchear indefinidamente sus carencias.

Canarias no necesita más dependencia, sino más inteligencia operativa

La nueva regulación reconoce una realidad que en Canarias conocemos bien: la seguridad de suministro no puede seguir descansando exclusivamente sobre máquinas que queman combustible importado.

Las baterías no son una solución milagrosa. Tampoco sustituyen por sí solas la planificación, las redes, las renovables, el bombeo o la generación gestionable limpia. Pero pueden convertirse en una pieza decisiva para reducir el uso de combustibles fósiles y evitar que la seguridad eléctrica se utilice como excusa para perpetuar el modelo térmico.

Esta disposición abre una puerta. Ahora toca decidir si Canarias la utiliza para acelerar la transición energética o si deja pasar otra oportunidad mientras seguimos pagando, económica y ambientalmente, el coste de nuestra dependencia exterior.


, dejando el resto a financiación autonómica o europea.

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