Transición energética en Canarias: qué exigir al Gobierno
La transición energética en Canarias merece un lugar concreto entre los compromisos del próximo Gobierno de España. Cuando termine la campaña, habrá que responder a una pregunta: ¿qué decisiones asumirá el Estado para que las islas reduzcan su dependencia de los combustibles fósiles?
La respuesta necesita presupuesto, reformas y plazos. También exige respeto al autogobierno canario. Las responsabilidades están repartidas, pero deben encajar para que una inversión autorizada pueda conectarse, funcionar y aportar valor al sistema.
En septiembre de 2026, las renovables representaron el 19,4 % de la generación eléctrica canaria, según Red Eléctrica. Es un dato mensual, no un balance anual. Aun con esa cautela, muestra cuánto camino queda por recorrer.
Transición energética en Canarias: obligaciones compartidas
El artículo 163 del Estatuto de Autonomía reconoce competencias canarias sobre instalaciones, renovables y eficiencia energética. Asimismo, establece la participación autonómica en la regulación y planificación estatal que afecte al archipiélago, dentro del marco constitucional.
Por su parte, el Estado dispone de instrumentos decisivos. Regula las bases del sector y su marco económico, y aprueba la planificación del transporte con participación autonómica. Deben respetarse, además, las funciones propias de la CNMC.
Esta distribución obliga a cooperar. Una autorización autonómica no resuelve por sí sola la retribución de una instalación. Del mismo modo, una ayuda estatal no sustituye su tramitación territorial y ambiental.
El próximo Gobierno debería comprometerse con aquello que puede decidir y financiar, acordando con Canarias cómo coordinarlo con las decisiones autonómicas y locales.
Un acuerdo que se pueda comprobar
El instrumento adecuado sería un acuerdo plurianual entre ambos gobiernos, respaldado por los mecanismos jurídicos y presupuestarios correspondientes. Cabildos y ayuntamientos deberían participar en las actuaciones de su competencia.
Ese acuerdo tendría que identificar cada obstáculo, la administración responsable y el plazo para resolverlo. También debería distinguir las reformas normativas de las obras y las ayudas de las inversiones efectivamente ejecutadas.
La ciudadanía necesita saber cuándo estará disponible una infraestructura y qué problema resolverá. Si se retrasa, debe conocer la causa y la medida correctora.
Por tanto, la transición energética en Canarias necesita un calendario público que permita exigir responsabilidades. La coordinación se demuestra cuando una decisión desbloquea la siguiente.
Reformar las reglas que condicionan la inversión
Una prioridad estatal debería ser completar un marco económico y operativo adaptado a los sistemas insulares. Esto afecta al almacenamiento, la respuesta de la demanda y los servicios que permiten integrar más renovables con seguridad.
En julio de 2026, el MITECO sometió a audiencia una propuesta de modificación del Real Decreto 738/2015. Planteaba incorporar el almacenamiento al despacho y modificar la señal económica renovable. Un proyecto en tramitación debe distinguirse de una norma aprobada y aplicable.
Hay otra precisión relevante. El mercado de capacidad creado en septiembre de 2026 tiene ámbito peninsular. Canarias necesita mecanismos específicos que remuneren la disponibilidad y la flexibilidad que sus sistemas requieran.
El dinero público debería pagar prestaciones necesarias y verificadas, con controles que eviten duplicidades. Importa qué servicio entrega cada instalación y cuánto mejora la operación del conjunto.
Financiar soluciones completas para cada sistema
La política estatal debería coordinar sus decisiones sobre redes y retribución con la planificación energética y territorial canaria.
Cada sistema necesita estudiar conjuntamente demanda, generación, almacenamiento, redes y contingencias. También debe comprobar qué ocurre si pierde una interconexión o una instalación relevante.
Por eso, un programa de nuevas renovables debería identificar los refuerzos que permitirán aprovecharlas. Y cada proyecto de almacenamiento debería justificar su potencia, duración, ubicación y estrategia de funcionamiento.
Como explicamos al analizar la programación y operación del almacenamiento eléctrico, su valor depende de cómo contribuye al sistema. Esa contribución debe orientar las decisiones públicas.
La transición energética en Canarias exige comparar alternativas con iguales condiciones de seguridad. Baterías, bombeos, redes y demanda flexible pueden combinarse de distintas maneras. La selección debe considerar costes completos, plazos y efectos ambientales.
Respaldar el suministro y preparar la retirada fósil
Garantizar electricidad durante la transformación es una obligación irrenunciable. Habrá que conservar o incorporar respaldo cuando los estudios acrediten su necesidad.
Sin embargo, cada inversión fósil debería explicar qué déficit cubre, qué alternativas se han evaluado y cómo encaja en la descarbonización. También necesita condiciones de revisión y retirada.
Una fecha de cierre requiere soluciones operativas acreditadas. A su vez, la financiación del respaldo debe favorecer su disponibilidad sin incentivar producción fósil innecesaria.
El Gobierno central puede actuar sobre esas condiciones económicas. Las autorizaciones y los emplazamientos deben seguir los procedimientos de las administraciones competentes.
La seguridad del suministro debe formar parte del camino hacia las renovables. Para conseguirlo hay que planificar cómo sustituir tanto la energía fósil como los servicios eléctricos que hoy prestan las centrales.
Respetar el territorio y repartir los beneficios
La financiación estatal debería apoyar prioridades territoriales acordadas con las instituciones canarias. Cubiertas, aparcamientos, polígonos y otras superficies transformadas merecen atención preferente, junto con la repotenciación de instalaciones existentes.
Disponer de fondos no debería convertirse en una vía para imponer emplazamientos. Cada proyecto necesita rigor técnico, evaluación ambiental y participación pública conforme a la normativa aplicable.
Además, la transición debe llegar a quienes viven de alquiler o carecen de capacidad de inversión. El autoconsumo colectivo y la rehabilitación de viviendas vulnerables necesitan ayudas accesibles, anticipos cuando proceda y acompañamiento técnico.
También hacen falta acuerdos laborales y formación. La operación, el mantenimiento, las protecciones y las comunicaciones ofrecerán oportunidades si las políticas públicas preparan ese empleo.
La electrificación del transporte, la edificación y el ciclo del agua debe incorporarse a este esfuerzo, coordinando las competencias sectoriales correspondientes.
Lo que deberíamos exigir al terminar la legislatura
La evaluación de la transición energética en Canarias debería mostrar cuánta energía renovable se aprovecha, cuánto combustible se evita y cómo evolucionan las emisiones. También debe publicar los recortes renovables, la continuidad del suministro y el coste total.
Los resultados sociales importan igualmente: hogares beneficiados, empleo estable y capacidad de las pequeñas empresas para participar.
Para lograrlo, propondría presentar un balance de obstáculos durante los primeros cien días y acordar un programa de actuación en seis meses. Cada año habría que revisar los avances por sistema eléctrico y corregir las desviaciones.
El respeto institucional adquiere sentido cuando mejora la vida de las personas. Canarias necesita que cada administración ejerza sus competencias y responda por sus compromisos. Al próximo Gobierno deberíamos exigirle decisiones que permitan avanzar y resultados que podamos comprobar.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
alvaro.medina@canarias-sostenible.es
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