Tigaiga en Los Realejos: lo que dicen los documentos

Tigaiga en Los Realejos: lo que dicen los documentos

Hay declaraciones políticas que merecen algo más que una respuesta política. Tigaiga en Los Realejos es uno de esos casos. Cuando se habla de apagones, seguridad eléctrica, riesgos para la población o responsabilidades públicas, conviene abandonar por un momento los titulares y acudir a los documentos.

Eso hemos hecho con unas recientes declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, sobre la planta de emergencia de Tigaiga en Los Realejos.

No se trata de discutir sus intenciones. Tampoco de negar que Tenerife necesita seguridad de suministro. El problema aparece cuando algunas explicaciones ofrecidas públicamente no encajan bien con la documentación administrativa y técnica que conocemos.

Hemos preparado un dossier completo con el contraste frase por frase. En esta entrada nos quedamos con las cuestiones más importantes.

Tigaiga en Los Realejos: el problema empieza en La Gomera

Domínguez explica que, como vicepresidente, no puede permitir que Canarias llegue a un cero eléctrico. Para ilustrarlo recuerda lo sucedido en La Gomera en julio de 2023.

El ejemplo resulta impactante. Pero técnicamente necesita una precisión fundamental.

El cero de La Gomera no se produjo porque faltara potencia para atender la demanda. La Orden TED/1392/2023 explica que un incendio afectó a la sala de servicios auxiliares de la central de El Palmar y dejó afectada toda la central. El propio Estado calificó aquella situación como una causa sobrevenida e imprevista.

Ya lo analizamos en nuestra entrada sobre el apagón de La Gomera y, más recientemente, al revisar los tres años de emergencia energética canaria. El problema de fondo es sencillo: una cosa es sufrir un cero por una contingencia que inutiliza una central y otra distinta tener un déficit de cobertura de generación.

Ambos problemas son graves. Pero no tienen necesariamente la misma causa ni requieren exactamente las mismas soluciones.

Infografía sobre las declaraciones de Manuel Domínguez acerca de Tigaiga, el cero energético de La Gomera y el contraste con los documentos oficiales.

¿Las plantas «arrancan cuando hay un cero»?

Esta es otra de las frases que necesita matices.

Domínguez asegura que, ante la posibilidad de un cero energético, las plantas arrancan para generar electricidad. El ciudadano puede entender fácilmente que estas instalaciones están diseñadas para entrar después de un apagón y recuperar el sistema.

Pero la regulación describe principalmente otra función.

La Orden TED/909/2025 establece que estas instalaciones extraordinarias solo serán despachadas cuando exista riesgo cierto para la seguridad del suministro. Es decir, su principal finalidad es reforzar el sistema cuando aparece un problema de cobertura y tratar de evitar que la situación termine agravándose.

Recuperar una red después de un cero es bastante más complejo.

Tigaiga dispone de elementos destinados a iniciar una secuencia de arranque. Sin embargo, en el proyecto que analizamos no encontramos demostrada con suficiente detalle toda la cadena necesaria para pasar de una red apagada a una planta entregando potencia útil y estable.

Lo explicamos ampliamente en Tigaiga ante un apagón: la prueba que falta. Tener 14,8 MW instalados, evitar un cero y recuperar un sistema después de un cero son tres cosas diferentes.

¿Es una planta que el Estado obliga a instalar?

Aquí aparece otra confusión importante.

Domínguez habla de «un concurso nacional del Estado» que obliga a Canarias a instalar estas plantas. Pero la generación temporal de emergencia y el concurso estatal de nueva generación son procedimientos diferentes.

La iniciativa de solicitar propuestas de emergencia partió de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Posteriormente, el Estado reconoce las repercusiones económicas de las medidas extraordinarias dentro del mecanismo previsto en el Real Decreto 738/2015.

El Ministerio, por tanto, participa de manera decisiva en el marco económico. Pero no decidió unilateralmente colocar una planta de DISA en Los Realejos.

La autorización corresponde a la Administración canaria y DISA es la promotora y titular de Tigaiga. Esa diferencia ya la explicamos en Quién paga Tigaiga: ¿una coartada política?.

Una planta que impediría otra «para siempre»

Probablemente esta sea la afirmación más sorprendente de la entrevista.

Domínguez sostiene que la existencia de Tigaiga impediría que en el futuro se instalara en Los Realejos una planta permanente.

Los documentos publicados plantean un problema evidente para esa afirmación.

La resolución estatal de febrero de 2026 concedió resolución favorable de compatibilidad a TF-Realejos 1 y TF-Realejos 2, dos grupos nuevos promovidos por Sampol. Cada uno figura con 17,29 MW, motores de gas y conexión prevista al nudo Realejos 66 kV. En total suman 34,58 MW.

Conviene no exagerar el dato. Esa resolución no equivale todavía a una autorización de construcción ni demuestra por sí sola dónde estarán físicamente las parcelas.

Pero demuestra algo suficiente para este debate: la existencia de generación de emergencia vinculada a Los Realejos no ha impedido que otros dos nuevos grupos relacionados con el nudo Realejos obtengan resolución favorable en el procedimiento estatal.

Por eso resulta muy difícil sostener que Tigaiga «inhabilita» una planta permanente «de por vida».

Infografía que compara las declaraciones sobre Tigaiga en Los Realejos con el apagón de La Gomera, la normativa y la documentación administrativa.

Tampoco son cinco años y después se desmonta

Domínguez ofrece además una cifra muy concreta: cinco años.

Sin embargo, la documentación establece otra cosa.

La Orden TED/909/2025 fija un periodo de tres años para estas medidas extraordinarias. Y añade un detalle decisivo: ese periodo puede prorrogarse si las instalaciones siguen siendo necesarias para garantizar la seguridad del suministro.

Nuestra investigación sobre la temporalidad de Tigaiga ya había identificado precisamente este problema. El proyecto hablaba reiteradamente de una instalación temporal, pero no establecía con suficiente claridad qué acontecimiento concreto obligaría finalmente a cerrarla y desmontarla.

Por tanto, hoy no podemos decir «cinco años y desaparece».

Tampoco deberíamos decir «tres años y desaparece».

Lo correcto es bastante menos tranquilizador: tres años inicialmente, con posibilidad de prórroga si continúa existiendo la necesidad.

«No hay riesgo para las personas»

Esta afirmación merece especial cuidado.

Nadie debería afirmar que Tigaiga provocará necesariamente daños a la población. No existe base para hacerlo.

Pero tampoco parece razonable trasladar la idea contraria como una certeza absoluta.

En nuestro análisis del proyecto encontramos dos depósitos de propano, población próxima, emisiones atmosféricas, ruido, tráfico de cisternas y diferentes escenarios de seguridad industrial que deben ser evaluados.

Y la propia autorización incorpora condiciones y estudios posteriores sobre ruido, emisiones acumulativas, campos magnéticos, accidentes graves y posibles efectos sobre la población.

En ingeniería existe una diferencia importante entre demostrar que un riesgo puede mantenerse dentro de niveles aceptables y afirmar simplemente que «no hay riesgo».

La primera formulación pertenece al análisis técnico.

La segunda pertenece más bien al lenguaje político.

Infografía sobre la planta Tigaiga en La Gañanía, con sus principales características y el contraste entre las declaraciones políticas y los documentos oficiales.

Los documentos no necesitan levantar la voz

Después de meses estudiando Tigaiga, hay algo que conviene recordar.

Canarias necesita generación firme, almacenamiento, redes robustas, capacidad de respuesta y recursos capaces de mantener estable un sistema cada vez más renovable. Negar esos problemas sería poco serio.

Pero reconocerlos tampoco obliga a aceptar cualquier solución sin preguntas.

Tampoco convierte cada crítica en una defensa del apagón.

Por eso hemos preparado un dossier de contraste documental en el que reproducimos las declaraciones completas de Manuel Domínguez y analizamos, una por una, las cuestiones técnicas, administrativas y jurídicas que plantean.

Allí están los documentos, las normas y los enlaces para que cualquier lector pueda comprobarlos por sí mismo.

Porque quizás esa sea la mejor aportación que podemos hacer desde estas páginas: no pedir que nadie nos crea, sino facilitar que cada cual pueda leer las fuentes y sacar sus propias conclusiones.

Al final, la seguridad eléctrica exige rigor. Y el rigor comienza por llamar a cada problema por su nombre.

Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
alvaro.medina@canarias-sostenible.es
Telegram:@alvaromedina1

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