Subcontratación eléctrica en Canarias: ¿quién vigila?
La subcontratación eléctrica en Canarias se ha convertido en una parte habitual de la explotación y el mantenimiento de nuestras infraestructuras energéticas. Empresas externas intervienen en centrales de generación, subestaciones y redes de distribución. Realizan trabajos esenciales para mantener las instalaciones disponibles y garantizar el suministro.
No hay nada irregular en ello. La contratación de empresas especializadas puede aportar conocimiento, flexibilidad y eficiencia. Pero también plantea una pregunta que rara vez escuchamos en el debate energético: ¿quién comprueba que las eléctricas conservan suficientes medios propios para dirigir, supervisar y verificar esos trabajos?
La cuestión merece especial atención después de los reiterados incidentes eléctricos que han sufrido nuestras islas. No porque esté demostrado que las contratas sean responsables de esos apagones, sino porque la organización del mantenimiento forma parte de la seguridad del sistema.
La subcontratación eléctrica en Canarias viene de lejos
La externalización de actividades técnicas no es una novedad. Un acuerdo marco de Endesa publicado en el BOE en junio de 2001 ya contemplaba la contratación de mantenimiento, maniobras, localización de averías y reparaciones en redes de distribución.
El acuerdo afectaba a distintas distribuidoras españolas, incluida la antigua UNELCO. Entre los adjudicatarios figuraban empresas como Elecnor, Cobra, Ametel y Ayumar.
Más de dos décadas después, la Orden TED/1139/2025 vuelve a identificar empresas contratistas vinculadas a trabajos técnicos de distribución en las siete islas.
En generación encontramos una situación semejante. La documentación oficial recoge la presencia de Nervión, Dipicell y otras compañías en tareas de mantenimiento mecánico, eléctrico y de instrumentación.
Estos documentos acreditan una participación importante de empresas externas. Sin embargo, no permiten calcular qué porcentaje del mantenimiento está subcontratado ni cómo ha evolucionado durante las últimas décadas.
Y esa falta de información accesible es, precisamente, una de las cuestiones que deberían preocuparnos.
Externalizar trabajos no significa externalizar responsabilidades
Una central eléctrica o una subestación no se mantiene correctamente por el simple hecho de disponer de un contrato de mantenimiento.
Cada intervención requiere procedimientos adecuados, personal cualificado, pruebas de funcionamiento y comprobaciones posteriores. Algunas operaciones pueden verificarse mediante mediciones objetivas. Otras resultan difíciles de inspeccionar una vez que el equipo ha quedado cerrado.
Por ejemplo, después del mantenimiento de un interruptor de alta tensión podemos medir resistencias de contacto o tiempos de actuación. Sin embargo, determinados ajustes internos, operaciones de limpieza o aplicaciones de lubricantes requieren controles durante la propia intervención.
La cuestión fundamental es quién realiza esas comprobaciones y quién acepta finalmente el trabajo.
Una empresa puede contratar la ejecución material sin perder el control técnico. De hecho, muchas organizaciones funcionan correctamente siguiendo ese modelo.
El riesgo aparece cuando la empresa titular pierde conocimiento especializado o reduce su capacidad para supervisar las actuaciones que encarga a terceros.
No hemos demostrado que esa pérdida se haya producido de manera generalizada en las eléctricas canarias. Pero tampoco conocemos públicamente los recursos humanos y técnicos destinados a garantizar que no ocurra.
Un compromiso de Endesa que merece recuperarse
Hay un antecedente especialmente revelador.
En 2002, Endesa y la representación de los trabajadores suscribieron un acuerdo de reorganización empresarial publicado en el BOE. Su artículo 14 contemplaba la conservación de determinadas funciones técnicas mediante plantilla propia.
También establecía una Comisión Técnica de Actividades encargada de evaluar aspectos relacionados con la contratación externa, la calidad y la seguridad.
Entre sus facultades figuraba examinar la posibilidad de recuperar para personal propio determinadas actividades subcontratadas.
Aquellas garantías tenían una vigencia temporal específica y no podemos considerarlas automáticamente aplicables hoy. No obstante, el acuerdo demuestra que hace casi veinticinco años ya existía preocupación por los efectos de la externalización.
Actualmente, el VI Convenio Colectivo de Endesa mantiene obligaciones de información sobre determinadas contratas. También contempla certificados relativos a la adecuación de los trabajos ejecutados.
Sería interesante conocer qué controles técnicos acompañan hoy esas certificaciones, cuántas inspecciones se realizan y qué consecuencias tienen los defectos detectados.
¿Qué está controlando la Administración canaria?
Aquí llegamos al núcleo del problema.
La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico establece que las distribuidoras son responsables de operar, mantener y conservar sus redes en condiciones adecuadas.
Pero existe una disposición autonómica que merece especial atención. El artículo 16 de la Ley 11/1997 del Sector Eléctrico Canario establece obligaciones de calidad y conservación para las distribuidoras. También contempla que faciliten a la Consejería competente información relacionada con sus actividades cuando les sea solicitada.
Además, el Decreto 161/2006 regula aspectos del mantenimiento y las inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas. Sus disposiciones contemplan revisiones técnicas y obligaciones documentales.
Por tanto, existen instrumentos normativos para supervisar la seguridad y conservación de nuestras instalaciones.
Ahora bien, inspeccionar una instalación no equivale necesariamente a auditar la organización que la mantiene.
Una revisión periódica puede comprobar el estado de determinados equipos sin analizar cuántas brigadas están disponibles, qué trabajadores realizan las intervenciones o cómo se verifican los trabajos contratados.
Aquí es donde echamos en falta una información pública mucho más completa.
Nuestra investigación no ha identificado una evaluación global, publicada y desagregada por islas, sobre el grado de subcontratación eléctrica en Canarias y su posible influencia en la calidad del servicio.
Eso no demuestra que la Administración carezca de controles. Pero sí justifica preguntar qué se inspecciona, con qué frecuencia y qué resultados se obtienen.
La continuidad eléctrica exige mirar más allá del TIEPI
Los indicadores tradicionales de continuidad resultan indispensables. Permiten conocer la frecuencia y duración de determinadas interrupciones y evaluar la evolución del servicio.
Además, la automatización de las redes ha proporcionado mejoras importantes. Hoy podemos localizar y aislar numerosas averías desde centros de control, reduciendo desplazamientos y tiempos de reposición.
Sin embargo, el TIEPI no mide directamente la calidad de una reparación, la capacidad de diagnóstico del personal ni la disponibilidad de especialistas ante varias incidencias simultáneas.
Tampoco permite explicar por sí solo los ceros energéticos, que pueden originarse en generación, transporte o distribución.
Por eso, cuando analizamos la calidad del suministro, debemos incorporar también la organización del mantenimiento y los recursos técnicos disponibles.
En una isla, disponer de un especialista puede ser suficiente durante el funcionamiento ordinario. Pero ¿qué sucede cuando aparecen dos averías importantes al mismo tiempo?
¿Existen recursos alternativos? ¿Cuánto tarda en llegar un equipo especializado desde otra isla? ¿Qué capacidad de intervención conserva la propia compañía?
Son preguntas técnicas perfectamente legítimas que deberían tener respuestas documentadas.
Una auditoría pública de la subcontratación eléctrica en Canarias
Desde Canarias Sostenible consideramos necesario impulsar una evaluación específica del modelo de contratación de mantenimiento y explotación de las instalaciones eléctricas.
Esa auditoría debería examinar el reparto de funciones entre trabajadores propios y externos, la disponibilidad de brigadas y especialistas, y los tiempos reales de respuesta ante incidencias.
También debería comprobar los procedimientos de inspección y aceptación de trabajos. Especial atención merecen las intervenciones cuya calidad resulta difícil de verificar después de cerrar los equipos.
Finalmente, habría que analizar las averías repetitivas, los defectos detectados y las medidas correctoras aplicadas.
No se trata de establecer un porcentaje máximo arbitrario de subcontratación. Tampoco de cuestionar la profesionalidad de quienes trabajan en las empresas auxiliares.
Se trata de determinar si el modelo completo dispone de recursos suficientes y controles eficaces para garantizar la seguridad del suministro.
Los resultados podrían publicarse de forma agregada, sin divulgar información comercial confidencial ni detalles sensibles de las instalaciones.
La seguridad del suministro también exige responsabilidad pública
Canarias necesita renovar sus centrales, modernizar las redes y acelerar decididamente la incorporación de energías renovables. Pero ninguna transición energética será verdaderamente sólida si descuidamos el mantenimiento de las instalaciones que ya tenemos.
La tecnología puede mejorar extraordinariamente la operación. Las contratas pueden aportar una especialización valiosa. Y la eficiencia económica es una exigencia legítima.
Sin embargo, ninguna de esas ventajas debería justificar una reducción de las garantías técnicas.
La responsabilidad de mantener adecuadamente las instalaciones corresponde a sus titulares. La de comprobar el cumplimiento de las obligaciones legales corresponde a los organismos públicos competentes, dentro de sus respectivas atribuciones.
La Administración no tiene que dirigir cada intervención, pero sí debe poder demostrar que dispone de mecanismos adecuados para supervisar la seguridad y calidad del servicio.
En un archipiélago donde una incidencia grave puede dejar sin electricidad a toda una isla, esa responsabilidad merece especial atención.
No podemos afirmar que la subcontratación haya provocado los apagones recientes. Pero tampoco deberíamos esperar a encontrar esa relación después de una avería grave para evaluar sus posibles riesgos.
La prevención consiste precisamente en examinar lo que todavía funciona, identificar sus debilidades y corregirlas antes de que aparezcan las consecuencias.
¿Consideras que las administraciones están supervisando adecuadamente el mantenimiento de nuestras instalaciones eléctricas? Te leo en los comentarios.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
alvaro.medina@canarias-sostenible.es
Telegram:@alvaromedina1
