Baterías en Canarias: quién las pagará y qué debemos exigir
Las baterías en Canarias han dejado de ser una promesa lejana. Decenas de proyectos comienzan a tramitarse en las islas. Sin embargo, todavía faltaba una pieza esencial: una norma que explicara cómo participarían en el despacho eléctrico y cómo obtendrían sus ingresos.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha sometido a información pública una modificación del Real Decreto 738/2015. La propuesta incorpora por primera vez el almacenamiento independiente y las baterías hibridadas al régimen económico de los sistemas no peninsulares.
La pregunta, por tanto, ya no es solo si necesitamos almacenamiento. Lo necesitamos, y con urgencia. La verdadera cuestión es quién lo pagará, por qué servicios y bajo qué condiciones.
Baterías en Canarias: del vacío regulatorio a unas primeras reglas
El proyecto crea una categoría C para las instalaciones independientes o stand-alone. También introduce una categoría D para el almacenamiento asociado a otras instalaciones.
Dentro de esta última aparecen dos modalidades:
- D0, cuando la batería se hibrida con generación gestionable.
- D1, cuando se vincula con renovables de categoría B, como la eólica o la fotovoltaica.
No se trata de una simple clasificación administrativa. Cada modalidad tendrá una forma distinta de participar en el despacho y de cobrar por la energía entregada.
Las baterías independientes de más de 0,5 MW ofertarán un precio para descargar energía. El operador del sistema decidirá cuándo entran, aplicando criterios económicos y de seguridad.
Cuando esas baterías se carguen desde la red, comprarán la electricidad a un precio equivalente al 25 % de su precio de venta. El mecanismo crea un margen económico para hacer viable la operación.
En el almacenamiento hibridado con renovables se aplicará, además, un factor de hueco térmico. La energía almacenada cobrará más cuando su descarga permita reducir una mayor cantidad de generación convencional. El factor podrá oscilar entre 0,5 y 2.
La lógica es razonable: guardar energía renovable cuando sobra y devolverla cuando evita quemar más combustible.
Entonces, ¿quién paga las baterías?
La primera respuesta parece evidente: las instalaciones serán construidas por promotores que asumirán la inversión inicial, su financiación y el riesgo empresarial.
Sin embargo, esa respuesta es incompleta.
El proyecto establece que, cuando los ingresos obtenidos mediante la venta de electricidad no sean suficientes para atender los derechos de cobro del almacenamiento, la diferencia podrá considerarse extracoste de generación de los territorios no peninsulares.
La normativa vigente determina que el 50 % de esos extracostes se financie mediante los Presupuestos Generales del Estado. El resto se integra en los costes del sistema eléctrico. En términos sencillos, el esfuerzo termina repartiéndose entre los recursos públicos y el conjunto del sistema.
Esto no tiene por qué ser negativo. También pagamos el combustible, la operación y la retribución de las centrales fósiles. El almacenamiento puede reducir esos costes si evita vertidos renovables y desplaza generación cara.
La cuestión decisiva es otra: cuánto cuesta la batería y cuánto ahorro real produce.
La propia memoria económica del proyecto reconoce que todavía no puede cuantificar el impacto. Se limita a realizar una valoración cualitativa. Confía en que la competencia reduzca las ofertas y que el almacenamiento genere un ahorro neto para el sistema y los presupuestos públicos.
Esa expectativa es plausible, pero no constituye una garantía.
No basta con pagar la energía almacenada
Una batería no solo compra electricidad barata para venderla después. En un sistema eléctrico aislado puede aportar mucho más.
Puede responder en milisegundos ante una pérdida de generación. También puede ayudar al control de frecuencia, sostener la tensión, reducir rampas y reservar energía para contingencias.
Algunas instalaciones pueden funcionar con tecnología grid-forming. Es decir, pueden contribuir a formar la referencia eléctrica del sistema, en lugar de limitarse a seguirla.
En Canarias Sostenible ya hemos explicado por qué almacenar energía no basta. Una batería puede disponer de muchos megavatios y megavatios hora, pero aportar poco a la estabilidad si su sistema de control no está preparado.
También hemos analizado su posible utilización como reserva rodante en los sistemas canarios. La rapidez de respuesta resulta valiosa, aunque nunca debe confundirse con la disponibilidad ilimitada de energía.
El proyecto menciona la necesidad de mantener inercia, reservas y garantía de cobertura. Además, obliga al operador del sistema a proponer nuevos procedimientos de operación en los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la norma.
No obstante, no establece una remuneración específica para la formación de red, la respuesta rápida, el control de tensión o la aportación frente a cortocircuitos. Esos asuntos quedan pendientes de los futuros procedimientos.
Ahí se encuentra una de sus principales debilidades.
El riesgo de pagar contenedores en lugar de servicios
Las baterías necesitan un marco económico estable. Sin ingresos previsibles, muchos proyectos no conseguirán financiación. Pero la estabilidad no debe convertirse en una remuneración cómoda y ajena a su utilidad.
Canarias no necesita llenar suelo industrial o rústico con contenedores. Necesita instalaciones que respondan a necesidades concretas de cada sistema eléctrico.
Gran Canaria no presenta los mismos problemas que El Hierro. Tenerife-La Gomera tampoco debe planificarse igual que Lanzarote-Fuerteventura. Cambian la demanda, la red, la generación instalada y las contingencias críticas.
Por eso, antes de autorizar y retribuir proyectos, deberían publicarse estudios que determinen:
- La potencia y capacidad necesarias en cada sistema.
- La duración mínima exigible.
- Los puntos de conexión más útiles.
- Los servicios técnicos requeridos.
- La capacidad grid-forming necesaria.
- El ahorro fósil y renovable esperado.
El mecanismo también deberá impedir comportamientos especulativos. Comprar energía al 25 % del precio de venta constituye un incentivo potente. Debe acompañarse de competencia real, límites transparentes y supervisión pública.
Pagar demasiado generaría rentas injustificadas. Pagar poco impediría construir las instalaciones que el sistema necesita.
Cómo debería remunerarse el almacenamiento
Un modelo completo debería separar al menos tres conceptos.
Primero, la energía efectivamente desplazada. La batería debe cobrar por entregar electricidad cuando reduce el coste del despacho.
Segundo, la disponibilidad comprometida. Mantener potencia y capacidad reservadas para una contingencia tiene un valor, aunque esa energía no llegue a utilizarse.
Tercero, los servicios técnicos verificables. La regulación de frecuencia, el control de tensión o la formación de red deben medirse mediante pruebas y remunerarse según su utilidad.
Las instalaciones también deberían asumir penalizaciones por incumplimientos. Una batería indisponible durante una punta de demanda no puede cobrar como si hubiera estado preparada.
Además, el operador y la Administración tendrían que publicar periódicamente sus resultados: energía cargada, energía descargada, pérdidas, disponibilidad, vertidos evitados, combustible desplazado y ahorro económico.
Sin transparencia, nunca sabremos si estamos financiando una herramienta de descarbonización o un negocio construido alrededor de una regulación favorable.
Pagar almacenamiento para dejar de pagar petróleo
El nuevo marco constituye un avance importante. Por primera vez, las baterías independientes y las hibridadas podrán integrarse con reglas propias en el despacho eléctrico canario.
Pero aprobar una fórmula económica no equivale a diseñar una política de almacenamiento.
Las baterías en Canarias deben pagarse con el ahorro que generen, con la seguridad que aporten y con los combustibles fósiles que permitan evitar. El sistema no debería remunerar únicamente megavatios instalados. Debe comprar prestaciones reales.
En último término, la ciudadanía acabará soportando una parte del coste, como ya soporta el extracoste de la generación convencional. Precisamente por eso tiene derecho a exigir planificación, competencia, transparencia y resultados.
Cada euro destinado al almacenamiento debe acercarnos a un sistema más limpio y seguro. De lo contrario, solo habremos cambiado unos costes regulados por otros.
¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
alvaro.medina@canarias-sostenible.es
