Auditoría de El Goro: el rigor que falta en el BOC
Como ya viene siendo habitual en las publicaciones energéticas que examinamos del Boletín Oficial de Canarias (BOC), volvemos a encontrarnos con errores, contradicciones y deficiencias técnicas difíciles de justificar. Nuestra auditoría de El Goro, una central de generación de emergencia de 20 MW proyectada en Gran Canaria, ofrece nuevos ejemplos de una situación que empieza a resultar preocupantemente repetitiva.
Somos conscientes de nuestra modestia. Canarias Sostenible es un pequeño medio especializado, sin grandes recursos ni capacidad para influir en las decisiones administrativas. Posiblemente nadie de los organismos responsables lea estas líneas. Sin embargo, no deja de llamarnos la atención que sigamos poniendo públicamente en cuestión la fiabilidad técnica de determinados documentos oficiales sin conocer una respuesta institucional a los problemas que señalamos.
No aspiramos a tener siempre razón. Nos conformaríamos con algo bastante más sencillo: que alguien comprobara nuestros hallazgos y, cuando procediera, explicara por qué estamos equivocados o corrigiera los errores.
Porque lo verdaderamente inquietante no es que existan equivocaciones. Es la aparente normalidad con la que pueden permanecer en documentos que forman parte de decisiones públicas de considerable trascendencia.
Una auditoría de El Goro que vuelve a plantear preguntas incómodas
El 8 de octubre de 2026, el BOC publicó la Resolución 3487 de la Dirección General de Calidad Ambiental, relativa a una central de generación de emergencia de 20 MW promovida por GPM Generación, S.L.U., en el polígono industrial El Goro, en Telde.
La resolución concluye que el proyecto no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Hablamos, por tanto, de una decisión ambiental relevante, aunque todavía no constituye la autorización definitiva para construir y poner en servicio la instalación.
Conviene aclarar también que el BOC es el medio oficial de publicación. No es quien redacta ni comprueba todos los cálculos técnicos de los expedientes. Nuestra crítica se dirige fundamentalmente a la calidad de la documentación y a los controles administrativos que preceden a su publicación.
No es la primera vez que abordamos este problema. En nuestra entrada «Proyectos energéticos canarios: ¿quién los revisa antes de publicarlos?» ya expusimos deficiencias detectadas en instalaciones fotovoltaicas, centrales de emergencia y proyectos de almacenamiento.
El expediente de El Goro vuelve a situarnos ante la misma pregunta: ¿quién comprueba realmente que los documentos técnicos utilizados en estos procedimientos sean coherentes y estén suficientemente justificados?
Los documentos que hemos examinado
Para responderla, no nos hemos limitado a una lectura crítica de la resolución publicada.
Hemos estudiado el proyecto básico de noviembre de 2025, compuesto por 293 páginas; una adenda de marzo de 2026, de 37 páginas; y la justificación urbanística, de otras 29 páginas. Los tres documentos están vinculados al expediente GE25/038 y han sido contrastados con las 46 páginas de la resolución ambiental.
La revisión comprende las instalaciones de generación, los sistemas eléctricos, los cálculos de evacuación, la puesta a tierra, el almacenamiento de combustible y las condiciones ambientales.
El resultado es una auditoría con quince hallazgos técnicos y documentales, de distinta importancia. Algunos son errores comprobables; otros son contradicciones entre documentos o cuestiones que necesitan justificaciones adicionales.
No confundimos estas categorías. Una errata no convierte automáticamente un proyecto en inviable, pero una hipótesis de seguridad sin acreditar tampoco puede despacharse como una equivocación irrelevante.
Los principales errores y contradicciones encontrados
Un mismo proyecto, dos capacidades de combustible
Uno de los ejemplos más llamativos aparece en la documentación original.
La central contempla quince grupos electrógenos diésel. En un apartado del proyecto se declara un almacenamiento de 143.750 litros de gasoil y una autonomía de 50 horas.
Sin embargo, inmediatamente después, el mismo documento eleva la capacidad a 258.750 litros, manteniendo esas 50 horas de autonomía.
La resolución ambiental posterior recoge cinco depósitos, con una capacidad conjunta de 143.750 litros, pero reduce la autonomía a 28 horas.
Los cálculos permiten explicar las cifras si consideramos el consumo unitario de los motores. Lo que no encontramos suficientemente documentado es la secuencia de modificaciones que determina la configuración definitiva.
Parece una cuestión menor hasta que recordamos que el almacenamiento de combustible influye en la seguridad industrial, la prevención de incendios, el abastecimiento y determinados impactos ambientales.
Una línea eléctrica cuyos cálculos necesitan revisión
La infraestructura de evacuación presenta un problema de mayor trascendencia.
La adenda justifica la capacidad de transporte de un cable de aluminio de 630 mm² y 66 kV utilizando inicialmente una intensidad admisible correspondiente a determinadas condiciones de montaje al aire.
Sin embargo, el proyecto describe fundamentalmente una instalación subterránea, con canalizaciones bajo el terreno y condiciones especiales en el Barranco de Silva.
No basta con aplicar unos factores de corrección sin demostrar que representan las condiciones reales de instalación. La profundidad, los tubos, el relleno y la resistividad térmica del terreno pueden modificar considerablemente la capacidad de evacuación del calor.
No afirmamos que el cable sea insuficiente. Afirmamos que el cálculo presentado no permite acreditar adecuadamente su capacidad en todas las condiciones previstas.
Y esa diferencia resulta fundamental para una auditoría responsable.
La seguridad eléctrica y una resistividad supuesta
Otro hallazgo importante afecta al estudio de puesta a tierra.
El proyecto utiliza una resistividad del terreno de 100 ohmios metro, expresamente asumida según las características del suelo, junto con una corriente de defecto de diseño de 11,23 kA.
Con esas condiciones, la reglamentación eléctrica española exige una justificación específica de la resistividad empleada mediante mediciones.
No hemos encontrado esas mediciones en la documentación facilitada. Tampoco disponemos del estudio actualizado que contemple íntegramente la nueva disposición de la subestación Silva, incorporada mediante la adenda.
La memoria llega incluso a utilizar el RETIE, reglamento eléctrico colombiano, como referencia para justificar una sección de conductor de puesta a tierra.
Utilizar normas técnicas internacionales puede resultar perfectamente válido. Presentar una disposición extranjera como justificación reglamentaria española es otra cosa.
Emisiones atmosféricas: cifras que no encajan
La resolución ambiental tampoco sale bien parada de nuestra revisión.
Entre las cuestiones detectadas aparece una tabla en la que determinadas emisiones disminuyen cuando se duplica el periodo de funcionamiento considerado. El propio procedimiento recoge, además, observaciones del órgano competente sobre la insuficiente justificación del cálculo de la huella de carbono.
También encontramos una referencia al percentil 97,79 de las concentraciones horarias de dióxido de nitrógeno. Su utilización debe aclararse, porque no corresponde al estadístico habitual para comprobar el límite de 18 superaciones horarias anuales.
Sin el estudio atmosférico original no podemos determinar si se trata de errores de transcripción o de problemas en la modelización.
Pero precisamente eso es lo que debería aclararse antes de dar por suficientemente acreditados los resultados.
Dos centrales próximas y una infraestructura compartida
Hay otro aspecto que merece especial atención.
La central de GPM, de 20 MW, compartirá infraestructura de evacuación con otra instalación de emergencia promovida por DISA Generación, de 14,8 MW.
La documentación identifica una subestación colectora común, denominada Silva, y una conexión hacia la subestación CINSA. En conjunto hablamos de 34,8 MW de potencia activa declarada, correspondientes a dos instalaciones próximas y eléctricamente relacionadas.
La evaluación ambiental contempla determinados efectos conjuntos, especialmente las emisiones atmosféricas. Sin embargo, consideramos necesario acreditar con mayor claridad la valoración acumulativa de ruido, riesgos industriales y posibles accidentes.
No tenemos pruebas para afirmar que exista un fraccionamiento ilegal de proyectos. Tampoco las necesitamos para plantear una exigencia razonable: que las instalaciones compartidas y sus efectos conjuntos se estudien con el rigor que corresponde.
La emergencia energética no puede justificar cualquier expediente
Canarias necesita garantizar la seguridad de sus sistemas eléctricos aislados. Nadie que conozca su funcionamiento puede discutir seriamente esa necesidad.
Pero tampoco podemos resignarnos a que la emergencia energética se convierta en una justificación permanente para nuevas inversiones fósiles sin una comparación suficientemente transparente de sus alternativas.
Las baterías, el almacenamiento hidráulico, la gestión de la demanda y otras tecnologías de flexibilidad deben evaluarse según las prestaciones que realmente pueden ofrecer. No todas resuelven los mismos problemas, ni cualquier batería puede sustituir automáticamente a una central gestionable.
Lo que defendemos es que la Administración justifique sus decisiones con información verificable, considerando los costes completos, las prestaciones eléctricas y sus consecuencias ambientales.
La urgencia puede explicar la necesidad de actuar con rapidez. Nunca debería justificar la pérdida de rigor.
Publicamos la documentación para que cualquiera pueda comprobarlo
No queremos que los lectores tengan que aceptar nuestras conclusiones por una cuestión de confianza. Por eso acompañaremos esta entrada con la documentación utilizada en la investigación.
Pondremos a disposición el proyecto técnico original, su adenda, la justificación urbanística y la resolución ambiental publicada en el BOC.
Adjuntaremos también la Matriz de Requerimientos de la Auditoría 2.0, un documento profesional que recoge los quince hallazgos, sus referencias documentales, la valoración técnica y las aclaraciones que consideramos necesarias. Cada requerimiento incorpora un criterio de cierre verificable, para distinguir una respuesta fundamentada de una contestación meramente formal.
La matriz no pretende declarar ilegal la instalación. Su finalidad es bastante más constructiva: identificar las cuestiones que deberían aclararse antes de considerar suficientemente acreditado el proyecto.
Nos gustaría que la Administración examinara estos documentos y respondiera a las observaciones. Si nuestros cálculos son incorrectos, agradeceremos que nos lo demuestren. Si los errores existen, sería razonable esperar su corrección.
Puede que Canarias Sostenible sea demasiado pequeño para que nuestras auditorías despierten interés institucional. Pero la calidad de un documento técnico no depende del tamaño de quien lo examina, sino de la solidez de sus argumentos.
Y hay algo que debería preocuparnos a todos: cuando los errores permanecen sin aclaración en los expedientes públicos, no solo se debilita la confianza en un proyecto. También se resiente la credibilidad de las instituciones que deben garantizar su correcta tramitación.
La ciudadanía merece una Administración que no tema las preguntas técnicas y que sepa responderlas.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
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