Sí. He vuelto a contrastar el expediente parlamentario, el texto vigente, el marco estatal de las ZAR, el dictamen del Consejo Consultivo y las enmiendas del PSOE y de Nueva Canarias. Los enlaces editoriales que incluyo están comprobados uno a uno, sin parámetros de seguimiento, integrados mediante texto ancla natural y sin repetirlos después en una lista de fuentes.
He evitado también atribuir al Consejo Consultivo la crítica concreta sobre las pendientes que aparece en la justificación socialista, porque esa afirmación no la he podido confirmar en el dictamen.
Reforma climática canaria: acelerar sin rebajar garantías
La reforma climática canaria que tramita el Parlamento puede determinar durante años cómo desplegamos renovables en las islas. Canarias necesita abandonar los combustibles fósiles con mucha más rapidez. Sin embargo, esa urgencia no debería servir para sustituir retrasos administrativos por una rebaja de garantías territoriales.
El expediente parlamentario 11L/PL-0016 procede del Decreto ley 1/2026 y continúa abierto a enmiendas hasta el 15 de septiembre de 2026. Además, el texto original nació antes de que el Estado aprobara en marzo el nuevo marco básico de las Zonas de Aceleración Renovable, las ZAR. El Parlamento tiene ahora la oportunidad de mejorar una norma que ya ha quedado parcialmente envejecida. (Parlamento de Canarias)
Qué cambia la reforma climática canaria
El proyecto modifica varias piezas a la vez. Retoca la Ley 6/2022 de cambio climático y transición energética, el régimen de las ZAR y la participación local en proyectos renovables. También permite que parte del Plan Canario de Acción Climática pueda equivaler a una aprobación parcial del PIECan. (BOE)
A ello se añaden modificaciones en la Ley del Suelo. Algunas afectan a obras y usos provisionales o a inmuebles en situación legal de consolidación. El Dictamen 51/2026 del Consejo Consultivo de Canarias consideró insuficientemente justificada la urgencia de esos cambios por su débil conexión concreta con la emergencia habitacional o con la implantación de renovables. (Consultivo de Canarias)
Una reforma energética puede necesitar cambios territoriales. Pero cada uno debería justificarse por sus propios efectos y no ampararse simplemente bajo el paraguas de la transición energética.
ZAR: acelerar desde la planificación
Las Zonas de Aceleración Renovable tienen sentido. Canarias necesita reducir tiempos de tramitación y desplegar más generación limpia si quiere retirar progresivamente las centrales que siguen quemando combustibles fósiles. Acelerar, sin embargo, no debería significar estudiar menos el territorio.
El nuevo marco estatal de las Zonas de Aceleración Renovable introduce una arquitectura más sólida. Las ZAR deben designarse mediante planes, con participación pública y evaluación ambiental estratégica. Además, se priorizan suelos industriales, áreas degradadas, vertederos, canteras clausuradas e infraestructuras existentes. (BOE)
La lógica es razonable: primero se evalúa bien la zona y después se simplifica la autorización de proyectos concretos. El control ambiental no desaparece. Se desplaza en buena medida al nivel estratégico y permanece un control previo sobre posibles impactos no detectados.
La pendiente natural revela el verdadero conflicto
El Decreto ley 1/2026 establece que dentro de las ZAR dejaría de aplicarse la regla sobre pendiente natural prevista en la Ley del Suelo. Tampoco se aplicarían restricciones equivalentes del planeamiento territorial o urbanístico. (BOE)
Esa excepción general es uno de los puntos más discutibles de la reforma. Una ladera puede carecer de protección ambiental formal y conservar un gran valor paisajístico. También puede exigir desmontes, terraplenes, pistas o actuaciones de drenaje con efectos duraderos.
Por eso resulta difícil justificar que la simple inclusión en una ZAR elimine automáticamente esa limitación.
Las enmiendas dibujan tres modelos diferentes. El Gobierno elimina la restricción dentro de las ZAR. Nueva Canarias propone conservarla. El PSOE plantea una solución intermedia: la excepción tendría que ser individual, motivada y orientada a evitar impactos paisajísticos severos.
Técnicamente, esa tercera vía parece más equilibrada, aunque todavía debería concretarse. Una excepción debería valorar pendientes, desmontes, accesos, erosión, estabilidad geotécnica, drenaje y restauración del terreno.
PSOE y Nueva Canarias corrigen el texto por caminos distintos
La enmienda del Grupo Socialista Canario reescribe el artículo dedicado a las ZAR. Propone un Plan de Designación, participación preceptiva de cabildos y ayuntamientos y evaluación ambiental estratégica ordinaria. También prioriza zonas de menor sensibilidad y mantiene el canon municipal salvo aceptación expresa del ayuntamiento para sustituirlo por participación.
Las nueve enmiendas de Nueva Canarias-Bloque Canarista adoptan una posición más restrictiva en varios puntos. NC-BC quiere que el 20 % de participación local sea propiedad y capital social, elimina la aprobación parcial del PIECan y mantiene la regla de pendiente dentro de las ZAR. También refuerza la utilización fotovoltaica de las cubiertas.
Hay aspectos discutibles en ambas propuestas. Pero las dos demuestran algo importante: es posible acelerar la transición energética y mejorar al mismo tiempo las garantías del texto original.
El PIECan no debería convertirse en una suma de piezas
La reforma climática canaria permite que determinados contenidos del Plan Canario de Acción Climática equivalgan a una aprobación parcial del PIECan. Administrativamente puede parecer práctico. Si un trabajo ya está realizado, no tiene sentido repetirlo.
El riesgo aparece cuando la planificación energética se fragmenta. En un sistema eléctrico insular, generación, redes, almacenamiento, demanda, respaldo y estabilidad forman una sola arquitectura. Aprobar partes sin revisar su coherencia conjunta puede resolver un expediente y dejar intacto el problema principal.
Nueva Canarias propone eliminar esa aprobación parcial. Si finalmente se mantiene, cada bloque debería superar las mismas garantías de participación y evaluación que tendría dentro del plan completo. Además, debería establecerse una fecha cierta para culminar el PIECan íntegro.
Participación local: financiar no equivale a ser propietario
El Decreto ley 1/2026 elimina la expresión «de la propiedad» al definir el 20 % de participación local. Así abre la puerta a fórmulas distintas de la adquisición de acciones o participaciones, principalmente financiación. También incorpora ayuntamientos y cabildos entre los posibles participantes. (BOE)
La flexibilidad puede ser útil, pero la ley debería explicar qué significa exactamente ese 20 %. Propiedad, financiación, retorno económico y capacidad de decisión no son equivalentes. Una comunidad puede aportar dinero a una instalación sin ejercer influencia real sobre ella.
Nueva Canarias apuesta por la copropiedad. El texto gubernamental ofrece más opciones. Entre ambos extremos falta una definición clara de los derechos económicos y políticos vinculados a cada modalidad.
La pregunta eléctrica que ninguna ZAR debería olvidar
Aquí aparece una carencia de fondo. Una ZAR no debería seleccionarse únicamente porque tenga buen recurso renovable y menor sensibilidad ambiental. En Canarias también debe demostrarse que su ubicación tiene sentido para el sistema eléctrico.
Como ya hemos explicado al analizar la generación renovable canaria por sistemas insulares, un megavatio no aporta el mismo valor en cualquier isla ni en cualquier nudo. Tampoco toda nueva potencia puede integrarse con la misma facilidad.
Por eso una ZAR canaria debería cruzar recurso renovable, sensibilidad ambiental, capacidad de red, demanda, almacenamiento y riesgo de congestión. De lo contrario, podemos acelerar proyectos que después necesiten nuevas líneas, sufran restricciones o aporten menos descarbonización de la esperada.
Este aspecto resulta especialmente importante en sistemas aislados. La ubicación de la generación también forma parte de la planificación energética.
Acelerar la Administración antes que debilitar el territorio
Canarias no puede permitirse años de espera para autorizar infraestructuras indispensables. Pero tampoco necesita elegir entre burocracia y protección territorial. Existe mucho margen para simplificar procedimientos sin eliminar controles sustantivos.
Los informes pueden tramitarse en paralelo. La documentación puede reutilizarse cuando conserve validez. Las ZAR pueden disponer previamente de cartografía ambiental, patrimonial, territorial y eléctrica. Y las administraciones necesitan equipos suficientes para resolver expedientes dentro de plazos razonables.
Ese es el verdadero camino de aceleración. Si el cuello de botella está en la Administración, la primera reforma debe dirigirse contra ese cuello de botella.
Reforma climática canaria: todavía estamos a tiempo
El debate no debería enfrentar renovables y medio ambiente. Canarias necesita ambas cosas: abandonar los combustibles fósiles con rapidez y hacerlo sin convertir la transición energética en una nueva fuente de conflicto territorial.
El Parlamento todavía puede mejorar esta reforma climática canaria. La combinación más razonable sería una planificación previa más rigurosa, procedimientos posteriores más rápidos y excepciones territoriales siempre justificadas. A ello habría que añadir una condición específicamente insular: que cada ZAR demuestre también su utilidad para el sistema eléctrico.
La transición será más rápida si está bien planificada. Y será mucho más sólida si la ciudadanía percibe que acelerar no significa mirar hacia otro lado.
Álvaro Medina
Seudónimo editorial de la persona responsable de Canarias Sostenible.
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