Críticas al Gobierno canario: un año sin brújula energética
Las críticas al Gobierno canario publicadas durante algo más de un año en Canarias Sostenible no forman una colección de reproches aislados. Leídas en conjunto, describen una misma preocupación: Canarias necesita acelerar su transición energética, pero el Ejecutivo autonómico avanza sin una planificación suficientemente clara, con demasiados anuncios y varias decisiones que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
Este balance no pretende reconstruir cada entrada ni convertir el recorrido en una lista. Busca seguir el hilo que las une. Ese hilo comienza con la llamada emergencia energética, continúa con la debilidad de la planificación y termina, por ahora, en una pregunta incómoda: ¿sabe realmente el Gobierno qué sistema eléctrico quiere construir en cada isla?
Críticas al Gobierno canario: el fósil convertido en atajo
La primera gran fractura apareció cuando la emergencia energética se utilizó para tramitar nueva generación térmica. En septiembre de 2025 advertimos en «Grupos fósiles en Tenerife: la peor solución» que una medida presentada como temporal podía consolidar otro ciclo de dependencia fósil.
El problema no era negar la necesidad de potencia firme. Canarias necesita seguridad de suministro, reservas y capacidad de respuesta. La discrepancia estaba en la solución elegida. Los grupos diésel o de propano aportan energía gestionable, pero no resuelven por sí solos las debilidades estructurales de la red.
Aquella crítica se desarrolló en «Baterías frente a grupos de emergencia». Allí explicamos que una batería bien diseñada puede responder en milisegundos, prestar servicios de regulación y sostener la red. En cambio, un grupo parado necesita arrancar y sincronizarse antes de ser útil.
La misma lógica reapareció ante la propuesta de una central flotante. En «¿Un powership como solución para Gran Canaria?» defendimos que la generación temporal solo podía aceptarse como puente muy limitado. Convertirla en estrategia supondría sustituir un problema de seguridad por otro de dependencia.
Poco después, «La solución ignorada a una crisis no real» señaló una contradicción más profunda. La declaración de emergencia incluía almacenamiento, bombeos, redes y coordinación institucional. Sin embargo, la actuación visible se concentraba en acelerar nueva potencia fósil.
Cuando el relato oficial empezó a contradecirse
El apagón de La Gomera fue utilizado para justificar la urgencia energética. Sin embargo, la propia Consejería sancionó después a Endesa por deficiencias relacionadas con la operación y el mantenimiento. En «Multa u obsolescencia: las contradicciones de una Consejería» planteamos una pregunta inevitable.
Si el cero eléctrico se debió a una negligencia concreta, no podía presentarse al mismo tiempo como prueba general de que todo el parque generador era inservible. Ambos relatos servían para objetivos distintos, pero juntos debilitaban la credibilidad institucional.
La contradicción se hizo todavía más visible con el análisis del Decreto 185/2025. Mientras el Gobierno aprobaba una norma para proteger la atmósfera, impulsaba instalaciones alimentadas por combustibles fósiles. La distancia entre el discurso ambiental y la política eléctrica dejó de ser un matiz.
No criticábamos que se protegiera la seguridad del suministro. Cuestionábamos que se invocara esa seguridad para evitar una discusión más exigente sobre almacenamiento, red, protecciones, reservas y planificación.
La seguridad no puede utilizarse como salvoconducto para aplazar indefinidamente la descarbonización.
De los decretos a la falta de una arquitectura reconocible
Durante la primavera de 2026, el foco se desplazó desde las instalaciones concretas hacia la gobernanza. El análisis del Decreto 1/2026 y del CTECan reconoció algunos avances organizativos, pero también advirtió del riesgo de añadir órganos consultivos sin capacidad ejecutiva suficiente.
La cuestión se desarrolló en «Análisis crítico del CTECan». Canarias no necesita otro espacio donde repetir objetivos generales. Necesita un centro capaz de coordinar decisiones, asignar responsabilidades, exigir calendarios y evaluar resultados.
El problema se volvió más evidente al recuperar las Estrategias del Instituto Tecnológico de Canarias. Aquellos trabajos intentaban mirar cada sistema insular como un conjunto. Relacionaban generación, almacenamiento, demanda, redes, movilidad y seguridad de suministro.
Esa arquitectura técnica debía alimentar el Plan de Transición Energética de Canarias. Sin embargo, el Gobierno modificó la estructura legal heredada sin presentar una herramienta equivalente, detallada y operativa. Así se fue abriendo un vacío que después aparecería en casi todos los conflictos.
Las ZAR mostraron el problema que ya estaba debajo
Las Zonas de Aceleración de Renovables hicieron visible esa carencia. En «El conflicto en Canarias» defendimos que agilizar proyectos era necesario, pero no podía significar decidir desde un mapa sin suficiente diálogo territorial.
Más tarde, «ZAR en Canarias: planificación renovable o conflicto territorial» intentó salir del choque simplista entre renovables y paisaje. Canarias necesita suelo para descarbonizarse, pero también debe proteger un territorio escaso y frágil.
El problema real apareció con mayor claridad en Lanzarote. Antes de reservar hectáreas, había que determinar cuánta energía renovable necesitaba la isla, con qué tecnologías y qué almacenamiento. También era imprescindible conocer la capacidad de la red, los vertidos previsibles y la generación firme necesaria.
Eso explicamos en «ZAR Lanzarote: el error de planificar solo con megavatios». Una suma de potencia fotovoltaica no garantiza energía durante la noche. Tampoco proporciona estabilidad ante una perturbación ni cobertura durante los periodos desfavorables.
Cuando el proceso terminó cuestionado y se anunció su reinicio, la entrada «ZAR de Lanzarote: volver a empezar y hacerlo bien» no celebró el fracaso. Lo interpretó como una oportunidad para corregir el método.
La conclusión llegó al día siguiente con «Planificación energética canaria: gobernar a ciegas». No se puede colorear suelo antes de definir el sistema. Tampoco se puede pedir consenso social sobre una solución que la propia Administración aún no ha explicado técnicamente.
Fondos y promesas que deben convertirse en política
Otro hilo crítico ha seguido el destino de los instrumentos anunciados. Las ayudas renovables de Canarias pueden movilizar inversión útil. Sin embargo, conceder fondos no equivale a transformar el sistema.
Hace falta comprobar qué proyectos se ejecutan, qué generación fósil desplazan y qué servicios prestan. También debe evaluarse si refuerzan la red, incorporan almacenamiento o generan beneficios duraderos para el territorio.
El caso de El Goro energético mostró el riesgo de que los plazos administrativos, la conexión y la justificación de expedientes devoren una oportunidad financiada con dinero europeo.
La transición no ocurre cuando se publica una resolución. Ocurre cuando la instalación funciona, se conecta y empieza a reducir emisiones.
Algo parecido sucede con la Empresa Pública Canaria de la Energía. La idea podía convertirse en un instrumento relevante para ejecutar proyectos estratégicos y corregir fallos del mercado. Dos años después del anuncio, seguían faltando funciones, calendario, presupuesto y modelo de gobernanza.
Cuando una herramienta estratégica permanece demasiado tiempo en el terreno de las promesas, deja de transmitir ambición y comienza a revelar incapacidad ejecutiva.
La información técnica también es política energética
En las últimas semanas, la crítica ha alcanzado la calidad de la información pública. La entrada sobre el bombeo de Güímar apoyó la decisión, pero rechazó las exageraciones sobre sus efectos y costes. Una buena infraestructura no necesita propaganda imprecisa.
La batería de Arico reveló algo todavía más elemental. Una nota oficial sumó 8 MW fotovoltaicos y 8 MWh de almacenamiento como si fueran 16 MW. Confundir potencia y energía distorsiona lo que una instalación puede aportar.
La búsqueda posterior desembocó en «Proyecto Icor II: dudas sobre su tramitación». La documentación pública no permitía entender con claridad cómo había evolucionado el proyecto entre la información pública y la autorización final.
No afirmamos que existiera una irregularidad. Sin acceso al expediente completo, hacerlo habría sido irresponsable. Sí señalamos que una transformación sustancial de las características publicadas requería una explicación clara de la Administración.
Finalmente, la revisión de los anuncios de baterías publicados en el Boletín Oficial de Canarias dejó una carencia decisiva. En «BESS grid forming: el dato que Canarias no publica» comprobamos que casi nunca se informa del modo de control de los convertidores.
No es un tecnicismo ornamental. En sistemas eléctricos aislados, una batería grid-forming puede contribuir a formar tensión y frecuencia. Una instalación grid-following necesita una red previa a la que seguir.
Ocultar esa diferencia bajo cifras de MW y MWh impide valorar el verdadero servicio que se está autorizando.
Una crítica firme porque la transición importa
Después de algo más de un año, las críticas al Gobierno canario convergen en una idea sencilla. No basta con anunciar renovables, conceder ayudas, crear consejos o publicar mapas. Tampoco basta con declarar una emergencia y contratar más generación fósil.
Gobernar la transición exige definir el sistema eléctrico objetivo de cada isla. Después hay que ordenar las redes, el almacenamiento, la generación, la demanda y el territorio para llegar hasta él. Todo debe acompañarse de calendarios, responsables, información pública y evaluación de resultados.
Esta página no ha criticado al Gobierno por avanzar demasiado hacia las renovables. Lo ha criticado por avanzar de forma fragmentada, por sustituir planificación por anuncios y por explicar mal decisiones que necesitan confianza social.
También hemos reconocido las iniciativas acertadas. Apoyamos el bombeo de Güímar, valoramos el almacenamiento y defendemos las redes necesarias. Pero respaldar una decisión no significa renunciar al análisis crítico ni aceptar cualquier relato institucional.
Canarias tiene conocimiento técnico, recursos renovables y una ciudadanía cada vez más consciente. Lo que falta es una dirección política capaz de convertir esas capacidades en una estrategia coherente.
Las críticas al Gobierno canario seguirán siendo necesarias mientras la distancia entre lo anunciado y lo ejecutado continúe abierta. No por desgaste partidista, sino porque cada año perdido prolonga la quema de combustibles fósiles y agrava una dependencia que las islas ya no pueden permitirse.
La transición energética será difícil, pero la improvisación la hará todavía más costosa. Canarias merece algo mejor que una sucesión de anuncios: merece un rumbo reconocible.
¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios.
